La regla de la prudencia

Esta semana el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) emitió un pronunciamiento en el cual, tras analizar el ‘Marco fiscal de mediano plazo’ (MFMP) presentado por el Ministerio de Hacienda en junio, eleva unas alertas sobre un eventual “incumplimiento de la ley de la regla fiscal”. El documento hace un “llamado a la prudencia” en el gasto para ajustarse a esos parámetros.

El MFMP define unos escenarios fiscales para el país que están construidos sobre la base de supuestos macroeconómicos que, a juicio del Carf, son “realistas, consistentes y adecuados”. Por otro lado, el pronunciamiento “elogia” el esfuerzo del Gobierno Nacional, responsable fiscalmente pero costoso para el bolsillo de los ciudadanos, de reducir el creciente déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC).

No obstante, el resto del documento plantea incertidumbres sobre la consistencia de las cuentas fiscales de la nación para los años siguientes en términos de ingresos y gastos. Con referencia a los recursos que entrarán, es lamentable encontrar que, no obstante el gran esfuerzo de las empresas en las últimas dos reformas tributarias, las estimaciones de recaudo se han quedado cortas. Aun con un aumento de los ingresos de la nación por cerca de 4 por ciento del PIB por el alza de los impuestos, la demanda de más gasto público sigue en su creciente espiral.

Otro punto que remarca el Carf toca los recursos que entrarán a las arcas públicas por gestión tributaria de la Dian –0,8 por ciento del PIB en 2024 y 1,3 por ciento en 2025– y por arbitramento de litigios –0,9 por ciento del PIB en 2024 y 0,6 por ciento en 2025–. Más allá de la capacidad del Estado de traer esos dineros, su naturaleza introduce una ventana de incertidumbre que, ante el poco margen de maniobra en las cuentas estatales, marca un signo de interrogación en el cumplimiento de la regla fiscal. Ventana que se amplía si se tiene en cuenta que, de aprobarse las reformas de salud y pensiones, las presiones para mayor gasto permanente ascenderían a aproximadamente 0,7 por ciento del PIB –que no está incluido hoy y que descuadraría cualquier cuenta–. El Gobierno Nacional, en vocería del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha ratificado su compromiso con el respeto a la regla fiscal, lo cual es una señal correcta que deberá refrendarse en cada decisión. Eso porque el próximo año las finanzas públicas enfrentarán una situación compleja, marcada por la acumulación de deuda y el perfil de vencimientos. Para la cabeza del equipo económico, la cuestión sobre los ingresos de la gestión tributaria de la Dian y de los litigios es un tema de “interpretación” en que el cierre de litigios es de naturaleza permanente para las autoridades impositivas.

Más allá de las tensiones constantes entre las necesidades de gasto público y la sostenibilidad fiscal, el llamado de alerta del Carf debe ser atendido y monitoreado. El Gobierno tiene que proyectar con realismo sus ingresos, así como racionalizar el gasto y refocalizarlo inteligentemente para no desviarse de una senda fiscal sostenible.

EDITORIAL