Seguridad alimentaria

En Colombia, 28 de cada 100 hogares comen mal, según una encuesta del Dane y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que ubica a esta población en una condición de inseguridad alimentaria. Los datos, dados a conocer esta semana, también agregan que en el 5 % de los hogares, al menos uno de sus integrantes se ha quedado sin comer durante todo un día.

En medio de la gravedad de esa situación, también hay que anotar que más de la mitad de los hogares del país no experimentan esa circunstancia extrema; es una realidad que evidencia avances en los que se debe persistir para que ningún colombiano sufra esta dramática carencia. En todo caso, este panorama es difícil de poner en números toda vez que las mediciones en este campo son todas recientes: corresponden a la última década.

De hecho, es la primera vez que para determinar este indicador se utiliza la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (Fies, por su sigla en inglés), una herramienta adoptada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo cierto es que sus resultados coinciden con la evaluación que sobre el mismo tema realizó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) durante el mismo periodo (2022), que en números absolutos cuantificó que 15,5 millones de personas en Colombia se enfrentan a inseguridad alimentaria moderada o severa.

Aquí es necesario aclarar que los hogares en inseguridad alimentaria son aquellos que no logran a la comida de manera satisfactoria y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, por lo que deben recurrir a estrategias de consumo insostenible y enfrentar condiciones de escasez de alimentos, hambre y desnutrición.

Aunque el indicador del Dane es un promedio, los investigadores llaman la atención sobre las diferencias regionales, que ubican con los niveles más altos a La Guajira (59,7 %), Sucre (49,7 %) y Atlántico (46,1 %), en los cuales se puede decir que la mitad o más de su población enfrenta esta problemática; mientras que en el extremo más favorable aparecen Caldas (14,6 %), San Andrés (17,2 %) y Quindío (17,3 %). De igual forma, se aprecia que este riesgo crece en los hogares que tienen mujeres a la cabeza (31 %), en contraste con los que tienen jefatura masculina (26 %), lo mismo que en aquellos con niveles educativos más bajos.

Por supuesto, también influyen los bajos ingresos, la vulnerabilidad económica, el desempleo y la informalidad, el limitado a bienes y servicios, las deudas familiares, además de otros componentes como la inflación, los desastres naturales y la violencia. Ante esta realidad, hay que tener en cuenta que la pandemia trajo consigo un estancamiento de este indicador a nivel mundial.

Hay que valorar las acciones transectoriales ya en marcha que han permitido mejoras que comienzan a ser visibles. En este momento no se puede bajar la guardia, pues ya asoma el fenómeno de El Niño, que traerá un impacto sobre la disponibilidad de alimentos. Urgen las medidas preventivas para consolidar avances y actuar de manera efectiva y decidida frente a los retos, que este informe deja suficientemente claros.

EDITORIAL