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El sector eléctrico necesita acometer acciones para ampliar generación y materializar la transición.

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Si bien es entendible que el Ministerio de Minas y Energía reivindique políticamente el hecho de haber superado El Niño sin racionamientos de electricidad, es buen momento para aprender las lecciones que deja esta alerta de apagón. La primera es reconocer lo cerca que el sistema energético estuvo de cruzar el punto de no retorno, a pesar de las alertas disparadas por gremios y agentes privados del sector. La seguridad eléctrica de Colombia no puede depender del agua que cae del cielo. Uno de los objetivos de la política energética nacional de las últimas tres décadas ha sido precisamente romper la dependencia de los vaivenes del clima.

Por ese motivo, se confirma de nuevo, a pesar de los constantes intentos por menospreciarlo, la fortaleza del aparato institucional energético que por más de treinta años ha evitado que el país vuelva a apagarse. La generación térmica cumplió su rol y entró a complementar ante la crisis de los embalses, aun cuando algunas medidas gubernamentales llegaron tarde. Este Niño le deja al país el sonoro mensaje de la necesidad de robustecer, y no desmantelar, la arquitectura sectorial eléctrica.

Una cuarta lección compete al papel crucial que juega la regulación, y en particular la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), tanto en crisis como esta recientemente superada como en el funcionamiento del sector.
Este Niño le deja al país el sonoro mensaje de la necesidad de robustecer, y no desmantelar, la arquitectura sectorial eléctrica.
La istración Petro debe abandonar ese camino de debilitamiento del ente regulador y nombrar en propiedad comisionados expertos y con trayectoria y conocimiento. Los actores y agentes del sistema y de la cadena de valor requieren esas señales y normas de la Creg para una toma de decisiones menos incierta.

Por último, superar la amenaza climática de El Niño no significa que el horizonte energético del país esté completamente despejado. Al contrario, los estudios prospectivos de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) muestran escenarios en los que, hacia 2028, Colombia encararía un déficit de energía. Si se tiene en cuenta que en los últimos tres años solo han ingresado alrededor de 2.269 megavatios nuevos –en 2023, solo entró al sistema aproximadamente un 17 por ciento de lo esperado– y que la demanda sigue creciendo, no sorprende que las proyecciones muestren faltantes.

Corresponde al Gobierno liderar las acciones para asegurar que la oferta de generación y transmisión no solo se amplíe en los próximos años, sino que la hoy rezagada por trámites, consultas y bloqueos de las comunidades se desatrase. Además de estabilizar la Creg, es hora de llevar la transición energética a una realidad tangible, gradual, con presencia de otros energéticos como el gas, accesible y confiable. Para lo anterior, los mensajes de confianza regulatoria y seguridad jurídica son indispensables ya que el futuro de la energía está en juego.

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