El debate político y jurídico por las preguntas de la consulta anunciada por el presidente Petro para sus reformas

El anuncio de que convocará a consulta popular para tratar de sacar adelante sus polémicas reformas laboral y de salud, que fue la respuesta del presidente Gustavo Petro a la decisión de 8 de los 14 senadores de la Comisión VII de apoyar la ponencia negativa al primero de esos proyectos, sigue generando réplicas políticas en el país.

(Lea: El trasfondo de las consultas populares convocadas por el presidente Petro para sus reformas)

Como lo hizo hace exactamente un año con otro mecanismo de participación popular, la Constituyente —que finalmente se quedó en el terreno de los anuncios y de la polarización política— el Presidente de la República asegura que buscará superar lo que ha llamado el 'bloqueo institucional' acudiendo al poder popular.

"Que sea el pueblo el que decida", afirmó el martes Petro al realizar un nuevo llamado 'a la calle' y al anunciar que, esta vez por la vía establecida legalmente, buscaría que los colombianos acudieran a las urnas para forzar al Congreso a aprobar sus reformas. Sería, de materializarse, la cuarta oportunidad en la que se utilizaría un mecanismo de participación con carácter nacional. Los tres antecedentes —la consulta anticorrupción del 2018, el plebiscito por la paz del 2016 y el referendo de Álvaro Uribe en el 2003— no salieron bien para los gobiernos que los convocaron.

(Le puede interesar: 'Si hay concertación, habría que desestimar la necesidad de acudir a la consulta popular': Antonio Sanguino)

Pero a pesar de todo el ruido político sobre la eventual consulta, en el primer punto de las fuerzas políticas en el Congreso sigue estando el trámite de las iniciativas que están en la agenda, empezando por la ponencia negativa de la reforma laboral, la misma que provocó la inédita reacción del Jefe de Estado, quien aseguró que habría "una ruptura" entre el Gobierno y el Congreso.

Nadia Blel, presidenta del Partido Conservador y de la Comisión VII del Senado, anunció el proyecto este miércoles, por lo que el debate podrá realizarse la siguiente semana. Así las cosas, el archivo de la reforma laboral podría materializarse en los próximos días, lo que materializaría la segunda gran derrota del Gobierno en esa célula legislativa, que en abril del año anterior hundió la primera reforma de la salud. Los ocho senadores que apoyaron la ponencia negativa han sido blanco de los ataques desde el Pacto Histórico, la Casa de Nariño y hasta los medios públicos que maneja Palacio.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, insistió en diálogo con EL TIEMPO que existiría la posibilidad de que el Gobierno no avanzara en la consulta, siempre y cuando no se produzca el archivo. En todo caso, la senadora Blel le dijo a este diario que no ve “que los ocho senadores se vayan a mover”.

Los pronunciamientos de las colectividades van en la línea de no perder el foco de las reformas que ellos consideran son dañinas para el país.

(Otra noticia recomendada: ¿Qué tanta posibilidad tiene el presidente Petro de conseguir los votos para su consulta popular? Analistas opinan)

“El presidente Gustavo Petro, derrotado en el Congreso y sin respaldo ciudadano, ahora pretende imponer sus reformas por consulta popular. Sin embargo, los colombianos ya decidimos: millones de ciudadanos rechazamos sus reformas a las pensiones, la salud y el empleo de los colombianos que acaban con los grandes avances en materia social logrados durante las últimas décadas”, anunció el Centro Democrático en un comunicado.

Mientras tanto, fuentes cercanas a la Dirección Nacional del Partido Liberal le dijeron a este diario que “tanto la reforma a la salud como la laboral están hundidas" y que consideran que la eventual consulta es "el nuevo embeleco de un Gobierno que no fue y que se está despidiendo con más pena que gloria, dejando aún más pobres y desestabilizados a los colombianos”.

Añaden cercanos al expresidente César Gaviria, director de la colectividad, tiene otras prioridades en este momento: “La prioridad es avanzar en la propuesta de construir, con diez partidos, una gran coalición lejos del petrismo”.

Y es que una vez se surta el trámite de la reforma laboral, esa misma célula legislativa se concentrará en la ley de salud, que fue aprobada la semana anterior en su segundo debate en la Cámara de Representantes. Por trámite legislativo, deben pasar dos semanas para continuar su curso en comisión, por lo que a finales de marzo o comienzos de abril comenzarían a elaborarse las ponencias. Hoy, tendría cinco votos en contra.

En las manos del Senado estará la posibilidad de convocar o no al pueblo a la consulta popular. Las mayorías en esa corporación no son claras y la balanza se ha inclinado en un margen de entre cinco y diez votos en momentos de votaciones claves. Por ejemplo, es recordada la derrota que sufrió el Gobierno cuando Iván Name ganó la presidencia del Congreso, pero también la victoria cuando se aprobó la reforma pensional en segundo debate. En este último caso, el apoyo de los liberales fue fundamental. La postura que tome el partido de ‘la U’, hoy cercano al Gobierno, podría inclinar la balanza.

(Lo invitamos a visitar: ¿A qué juega la senadora Norma Hurtado radicando una ponencia alternativa de la reforma laboral?)

Hay opiniones divididas sobre este mecanismo. Mientras algunos sectores alertan que es inconveniente que el Senado le dé luz verde a esa propuesta, entre otras cosas por su alto costo y los efectos adversos que podría tener estar inmersos en una campaña en año preelectoral, otros insisten que sería ideal buscar una derrota anticipada del petrismo en las urnas.

“Estamos preparados, estamos listos para liderar el no a esa propuesta de las reformas. En esa consulta popular le diremos al Gobierno que no improvise más. Estamos listos para preparar esa campaña, liderar el no y derrotar a Gustavo Petro, dijo el senador Carlos Fernando Motoa, vocero de Cambio Radical. Es la misma línea en la que se mueven las mayorías en el uribismo.

“Es irresponsable desde el Gobierno con tantas dificultades que hoy tiene el pueblo colombiano. Puede ser una estrategia de campaña para las próximas elecciones presidenciales”, señaló Blel, la jefa del conservatismo.

La campaña por la abstención también sería una posibilidad, ya que si no salen a votar 13’600.000 personas a votar, aunque gane la propuesta oficial, esta no tendría ningún efecto.

Pero para llegar hasta allá, el camino es largo. Primero, el Senado en pleno tendría que apoyar la convocatoria del Presidente y avalar las preguntas que se les harían a los colombianos, que por ley no pueden ser abiertas (es decir, se votaría 'sí' o 'no' frente a cada punto) y que, según ha determinado la Corte Constitucional, no pueden reemplazar el proceso legislativo”, explicó el exmagistrado Alejandro Linares.

La senadora Angélica Lozano recordó que entre las dos reformas que mencionó el presidente Petro suman 140 artículos. "Hasta que no se presente el texto a la Plenaria, esto es un 'globo'", aseguró. Importantes del Pacto Histórico en Cámara y Senado reconocieron que no tienen muy claro cuál debería ser el eventual texto que se llevará ante los colombianos. 

A su turno, el senador Alejandro Carlos Chacón señaló que "difícilmente se podría llegar más allá de una pregunta que señale que el pueblo quiere que se expida una reforma laboral en Colombia", lo que al final devolvería el balón al Congreso. O, señala, se podría ir por buscar aprobar directamente tres o cuatro de las propuestas de la reforma, pero no todos los artículos que están hoy en la iniciativa oficial. Y el representante del Pacto Heráclito Landinez dice que podría pensarse en preguntas como apoyar las reformas sociales que, dice, "han estado truncadas en el Congreso", incluida la reforma pensional.

(También: Los argumentos de los ocho congresistas que firmaron ponencia negativa de la reforma laboral)

La Sentencia T-445/16 de la Corte Constitucional dio más luces sobre la forma en que debe estar redactado el tarjetón. "Existe un deber de claridad en la formulación de las preguntas sometidas a la consideración del pueblo, y la inclusión de notas o preguntas introductorias, así como los términos en que sean redactadas, debe presentar de manera completa el contenido de los artículos que introducen", se lee en el documento.

Para el exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado Andrés Briceño, la o las preguntas deben permitir adelantar acciones concretas o buscar actuaciones istrativas del Ejecutivo.

"Puede llevar a que el Ejecutivo exija al Legislativo darle trámite, pero hay límites. Hay que aclarar que el pueblo no toma la decisión, lo que le da es un mandato al Ejecutivo para que el Congreso cumpla sus funciones legales y constitucionales", afirmó.

En términos concretos, las preguntas no pueden estar orientadas a imponerle al Legislativo aprobar las reformas como una generalidad. Estas, según el exmagistrado auxiliar, deben estar enfocadas en dar línea sobre los temas neurálgicos que incluye el eventual paquete normativo.

Tampoco pueden ir en contra de la Constitución explícita o implícitamente ni afectar la independencia de los poderes públicos, por lo que un escenario de preguntas moduladas o caídas en el eventual examen de la Corte es altamente probable, señalan los expertos.

Por lo pronto, voces como la del exsenador Humberto de la Calle hacen un llamado a la tranquilidad.

“A calmarse todo el mundo. Grave, y mucho, el lenguaje beligerante del presidente Gustavo Petro. Pero tampoco es cierto que convocar una consulta popular sea un atentado contra el Congreso y las instituciones. En 1991 introdujimos mecanismos de democracia participativa para que convivieran con la representativa. La apelación a la ciudadanía se hizo para desatar nudos gordianos. Es legítima. Lo malo es el ambiente de guerra”, opinó.

Lo cierto es que difícilmente antes del segundo semestre de este año podría estarse realizando, en el mejor de los casos, la consulta. Es decir, con el año preelectoral ya en marcha y con la lectura ampliamente imperante entre del sector político y de analistas de que, más allá de sacar adelante sus reformas, el presidente Gustavo Petro estaría buscando iniciar anticipadamente la campaña política de cara al difícil panorama de las elecciones del 2026.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política