El próximo 5 de diciembre Colombia deberá presentarse ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para responder por la demanda de Nicaragua en su pretensión de conseguir una ampliación de su plataforma continental, algo que afectaría a nuestro país.
Esta será la primera presentación del gobierno del presidente Gustavo Petro ante el tribunal internacional por un caso que tiene que ver con el Gobierno nicaragüense.
Sin embargo, la istración Petro no ha designado a los encargados de la defensa.
Quienes en los últimos años han llevado este caso son el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, quien hace las veces de agente, y Manuel José Cepeda, el expresidente de la Corte Constitucional, quien era el coagente. A ellos los acompañaba un selecto grupo de abogados internacionales.
Pero con el cambio de gobierno, ambos renunciaron. Y hasta ahora ni los han ratificado ni les han nombrado su reemplazo.
Sobre el conflicto limítrofe con Nicaragua, Petro lo que ha dicho es que por decisión de la Corte tenemos que dialogar con Nicaragua.
“La orden del tribunal de La Haya, por la estupidez de la defensa bogotana que no fue capaz de poner un abogado raizal porque acostumbrados a los grandes contratos tenían que ser bogotanos, que no fue capaz de mirar la historia, mirar la cultura y la diversidad nos llevó a la última derrota en términos de pérdida de soberanía”, dijo el mandatario de los colombianos.
De todas maneras, Arrieta, con el acompañamiento de Cepeda, ha estado trabajando en la demanda ante la urgencia de las audiencias para no dejar botado el proceso en el que han estado desde hace rato. A lo que suma que precisamente el pasado gobierno sí vinculó a los raizales de San Andrés al proceso de defensa.
Pero, por ahora, no hay diálogo con el régimen nicaragüense y la respuesta colombiana, en la audiencia oral, debe darse en La Haya antes de dos meses.
Ahora bien, sobre cuándo se conocerá el fallo, es algo que todavía no está definido.
El asunto es que la Corte cambió el formato y, por eso, como primera medida, se van a revisar los temas jurídicos, pues los magistrados estiman que si hay una tesis jurídica que afecte todo el proceso, no tiene sentido continuar con el caso. De lo contrario, habrá otras audiencias.
De todas maneras, este es el último caso de Colombia en ese tribunal internacional