Plan Nacional de Desarrollo: la hoja de ruta del gobierno Petro

El Congreso le dio el sí al Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro después de una tormenta política que terminó con la salida de las voces de centro de su gabinete, como las de Cecilia López y José Antonio Ocampo.

El proyecto inicial tuvo varios cambios de fondo durante su paso por las comisiones conjuntas. Sin embargo, varios de los artículos que generaron alertas desde el comienzo fueron aprobados. 

Una de las iniciativas más polémicas, que fue cuestionada por la Fiscalía y Procuraduría, se trata de los cambios que buscan favorecer la contratación pública con ‘organizaciones de la economía popular’, como las juntas de acción comunal y asociaciones étnicas, populares y campesinas, a las que se les exigirían menores requisitos que a un oferente normal.

Si bien hoy en día el Estado ya puede celebrar contratos de hasta 1.000 millones de pesos directamente con ellas (lo que en la ley se conoce como menor cuantía), se abrió una puerta para que a partir de ahora también se les puedan entregar contratos de mínima cuantía, sobre los 116 millones de pesos. Estos últimos tienen muchos menos controles y exigencias que los de menor cuantía.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) fue una de las entidades que se mostró  inconforme con lo aprobado y dijo que representa “un duro e histórico revés” para el sector, pues, según señala, los artículos (79, 98, 99, 277, 351 y 366) “no solo allanan el camino para expandir la corrupción".

Otra de las alertas vino de varios partidos por la preocupación por la posibilidad de agilizar la compra de tierras para la reforma rural, algo que terminaría colándose como una puerta para la ‘expropiación exprés’. Muchos de esos artículos se hundieron en medio de fuertes discusiones, pero al final acabó aprobándose una adenda que generó protestas. Sin embargo, los funcionarios del Gobierno defienden el artículo y dicen que no se utilizará para expropiar.

Entre otras cosas, se aprobó un mico sobre el que había advertido Fasecolda: que los empleados del sector público no tendrán la posibilidad de elegir su a de riesgos laborales (ARL) y se les adjudicará de manera obligatoria Positiva Compañía de Seguros, que es la pública.

Otro de los micos que no se hundió con la conciliación entre Cámara y Senado fue el del polémico artículo 370 que le daba vía libre al metro subterráneo de Bogotá. Lo postulado no terminó cerrándole la puerta a la idea del presidente Petro y por la cual quiere que la Nación asuma el costo adicional que eso implicaría. Fuentes del Gobierno le dijeron a este diario que lo registrado en el PND quedó tan general que igual podría afectar al proyecto.

Ahora bien, aunque no se aprobaron todas las facultades extraordinarias que pedía el presidente Petro, el Congreso sí le dio potestad por seis meses para modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción, intervenir el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, crear una entidad pública para fomentar el mejoramiento de los caminos vecinales y ajustar el Grupo Bicentenario, que reúne a las principales entidades financieras públicas del país.

Entre los datos de la hoja de ruta para los próximos cuatro años se contempla una inversión por encima de los 1.154 billones de pesos. Además, el proyecto aprobado permite la creación en firme del programa Renta Ciudadana y el de Hambre Cero. En ese sentido, la meta del Gobierno es que la pobreza extrema y multidimensional bajen a 9,6 y 7,4, respectivamente, en 2026.

En cuanto a la transformación productiva y acción climática, el foco estará en las energías renovables y en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, esto, a través de programas que abogan por la movilidad eléctrica y la creación de un registro nacional de reducción de emisiones.

EL TIEMPO le explica todo lo que debe saber sobre el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.