Las advertencias sobre el uso de la tecnología tras aprobación del Código Electoral

Con la aprobación de la reforma del Código Electoral, proyecto impulsado por el registrador nacional Alexander Vega y que contaba con el aval del Gobierno, los procesos electorales en el país tendrán varios cambios, novedades que han despertado críticas desde varios sectores. Este texto, que reemplazará el código vigente desde 1986, fue aprobado por Senado y Cámara y pasará a sanción presidencial una vez supere la revisión de la Corte Constitucional.

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A las preocupaciones de congresistas como Catherine Juvinao (Alianza Verde), María José Pizarro (Pacto Histórico), Paloma Valencia (Centro Democrático) o Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), ahora se les suman las advertencias de organizaciones de la sociedad civil como Misión de Observación Electoral (MOE) o la Fundación Karisma, plataforma que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital y que, justamente, lanza varios reparos sobre el uso de la tecnología dentro del proceso electoral.

Uno de los cambios destacados que entrarán a regir con este código es que por primera vez en la historia política del país, las elecciones se realizarán a través de un sistema de votación electrónico. Este será mixto, es decir, permitiría que el ciudadano vote de manera digital seleccionando candidatos o listas e imprima la tarjeta electoral generando una constancia física para posteriormente llevarla a una urna. Según la ponencia del representante conservador Juan Daniel Peñuela, los sufragantes serán libres de elegir sí votan o no de esta forma.

Para Pilar Sáenz, coordinadora del Laboratorio de Seguridad Digital de la Fundación Karisma, este y otros dos aspectos del proyecto aprobado representan un riesgo para futuras elecciones. La experta reconoce que este sistema mixto es uno de los que mayores garantías da entre los esquemas de votación electrónica, no obstante, le preocupa la fiabilidad del sistema.

“En el proyecto quedó una diferenciación y es que esta máquina de voto electrónico va a enviar los resultados de la elección y eso significa que esa máquina va a estar conectada a Internet y si una máquina de estas de voto electrónico está conectada a Internet es susceptible a que se pueda atacar remotamente”, indica la experta.

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Sáenz advierte que si bien en el artículo 156 -en donde se definen los métodos de votación- se indica que la terminal electrónica no podrá estar vinculada a una red pública, el texto sí plantea que la máquina va a estar conectada y que va a enviar información, por lo que cuestiona que no haya claridad en el texto sobre cómo será el proceso.

Además, dice que se debe tener en cuenta dos factores más: la situación de conectividad en las regiones apartadas y las pruebas de funcionamiento en las más de 120.000 mesas de votación que se instalarán en todo el país.

“En Alemania, por ejemplo, se desmontaron completamente porque el argumento central era la transparencia. Una cosa es saber cómo funciona el voto manual y contar los votos, cualquier persona puede hacerlo y llenar un E14 con mayor o menor dificultad, pero no cualquier persona puede entender cómo está funcionando una máquina y cómo está sumando los votos y no cualquier persona puede constatar su pleno funcionamiento, se necesita personas altamente especializadas”, agrega.

Por su parte, la representante de la Cámara Catherine Juvinao agrega otro elemento a la discusión: “En países como Alemania, Noruega y Países Bajos implementaron mecanismos tecnológicos para la votación, pero por los riesgos para la integridad del proceso electoral desistieron de hacerlo. La Corte Constitucional alemana declaró que el voto electrónico era incompatible con la Constitución”.

Hay que recordar que el mecanismo entraría en vigor después de las elecciones de 2029 y de forma gradual para garantizar la transparencia del voto.

“Es hora de perder la fobia a la tecnología por parte de los colombianos. Estamos retrocediendo en lo que hace 19 años el Congreso aprobó que fue una ley para implementar el voto electrónico que luego se postergó y ahora no hemos podido tener esa posibilidad de que por medio de herramientas tecnológicas podamos garantizar el derecho del pueblo de ejercer su voto mediante un sistema electrónico”, expresó Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical y uno de los defensores del proyecto de ley.

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El segundo punto que preocupa a la fundación Karisma tiene que ver con auditorías. En el texto aprobado se incluyen tres tipos de chequeos: técnico, informático y de funcionalidad.

La primera, tendrá el propósito de revisar las tecnologías utilizadas en cada elección e incluirá auditores de los partidos políticos, la segunda, de verificar los servicios informáticos que están involucrados en el proceso electoral y la última, de “auditar la funcionalidad del proceso de captura de datos y la contabilización y el manejo de la información relacionada con los resultados de las votaciones de los procesos electorales”.

Para Karisma, las auditorías técnica e informática cumplen la misma función, por lo que deberían ser una sola; además, la participación de los partidos políticos en la revisión del software puede convertirse en un riesgo para la legitimidad de las elecciones.

“Se confunde el papel de lo que sí pueden hacer los partidos políticos, que es hacer una observación del proceso electoral y una observación técnica a los software que se implementan para el proceso electoral, pero los partidos no deberían hacer la auditoría. Una auditoría hecha por un actor política no es una auditoría independiente y no es una auditoría imparcial y se puede impugnar muy fácilmente”, agrega.

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La Moe agrega otro elemento para el análisis que tiene que ver con los resultados de dicha auditoría y los tiempos para tal proceso. “Se establece un término insuficiente para la realización de auditorías, la presentación de los hallazgos y no se prevé un término para la implementación de las medidas correctivas o respuestas a los hallazgos planteados”, dice la MOE en un informe que envió al Congreso antes de la aprobación del proyecto.identificación y autenticación.

Finalmente, en el artículo 162, se establece que para el ejercicio del derecho al voto se implementarán mecanismos tecnológicos para la identificación y autenticación de los ciudadanos, como por ejemplo los sistemas biométricos. El código además establece que toda la información recolectada en ese proceso y que “reposen en las bases de datos de la Registraduría” es “de carácter reservado”.

“De la información reservada sólo podrá hacerse uso por orden judicial en ejercicio de su función de acuerdo con los estándares establecidos por la Registraduría”, se lee en el nuevo código.

Sin embargo, Sáenz, así como Juvinao, sostienen que este artículo es un riesgo para la privacidad de las personas. “Abre la posibilidad de que la información biométrica facial sea utilizada en procesos que necesariamente den plenas garantías a las personas y que estén mucho más cerca de facilitar procesos de vigilancia masiva”, sostiene la experta de Karisma.

“Deja a total discrecionalidad de la Registraduría Nacional escoger la herramienta tecnológica que se pretenda implementar, sin que se realice ningún tipo de auditoría o evaluación previa”, agrega Juvinao.

EL TIEMPO intentó obtener respuesta sobre estas inquietudes con el registrador Alexander Vega, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894