En qué va la implementación del capítulo étnico del acuerdo con las Farc

Las comunidades indígenas y afrocolombianas no solo fueron blanco de los fusiles durante la guerra, también fueron testigos de seis años de abandono en lo que tiene que ver con implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final, un apartado cuyo objetivo es darle un enfoque étnico a cada uno de los puntos pactados durante las negociaciones de La Habana, pero que durante seis años -desde la firma en el teatro Colón- no tuvo doliente.

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Dos hechos marcaron -o podrían marcar- el futuro de ese punto, el 6.2 del acuerdo. El primero ocurrió en octubre del año pasado cuando la vicepresidente Francia Márquez, luego de un encuentro con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, anunció que ese país se convertiría en garante de ese capítulo, lo que significaba impulsar su cumplimiento.

El segundo, tuvo lugar tres meses después, cuando el 11 de enero de 2023 la Misión de Verificación de la ONU en Colombia recibió el mandato para verificar la implementación del Capítulo Étnico del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas guerrillas de las Farc. Dicha labor fue asumida junto con otro país más como garante: México.

A cuatro meses de que esa resolución fuera publicada, y en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, el distrito de Tumaco, en Nariño, recibió el evento ‘Colombia una historia de paz, capítulo étnico del Acuerdo’, un foro organizado por la Misión de Verificación en el que participaron líderes sociales y organizaciones afros e indígenas, representantes de consejos comunitarios, colectivos integrados por jóvenes y entidades nacionales y regionales, y en donde se revisaron los avances de ese punto y se discutió sobre los desafíos para su implementación.

Sobre este último aspecto se centraron los reclamos de los participantes del evento. Y es que si bien las comunidades y organizaciones sociales de Nariño, así como la Misión, reconocen la importancia de que por fin se están dando pasos en pro de la implementación, el rezago es enorme.

“Nosotros pedimos y exigimos al Gobierno que se involucre a nuestras comunidades en el tema de acabar con la guerra. Eso no ha pasado y por eso mire como estamos. En su momento se diseñó un capítulo, pero no se han implementado con las comunidades (...) Entonces, si nosotros queremos realmente que el capítulo étnico sea transversal a cada uno de los acuerdos y también a la ‘paz total’ se necesita que los pueblos construyan junto con la Nación”, le dijo a EL TIEMPO Nilson Estupiñan, representante de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (ReDHPaNa).

Estupiñan es miembro de una organización comunitaria que hoy hace presencia en 11 municipios del departamento. Se reconoce como un “hombre negro del pacífico con sangre indígena” y pregona un discurso a favor de la unión de los pueblos étnicos como camino para contrarrestar la violencia y el abandono estatal.

No por eso deja de celebrar que luego de tantos años haya una ruta marcada para el cumplimiento de un punto que nació -después de mucha insistencia- fruto del trabajo de la Comisión Étnica para la Defensa de los Derechos Territoriales, integrada por representantes de organizaciones como el Consejo Nacional Afrocolombiano por la Paz o la Organización Nacional Indígena (Onic), entre otras.

Reclamos similares fueron realizados por José Canticus, gobernador indígena Awá del resguardo Inda Gucaray. “Pensábamos que todo iba a cambiar con la firma del acuerdo. Para ‘vivir sabroso’ es necesario que haya paz en nuestros territorios. Creemos que es un capítulo que sí corresponde a la realidad, pero que es necesario mayor rapidez en su cumplimiento”, dijo en medio del foro, en el que también participó Gabriela Olguín, asesora de Asuntos Étnicos de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

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En el último informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU sobre el cumplimiento de los acuerdos, que tiene corte al 26 de marzo e incluye conclusiones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se indica que el capítulo étnico tiene una implementación “comparativamente baja en relación con otros puntos del Acuerdo”. Según el documento, se ha avanzado en un 44 por ciento en comparación con la tasa promedio de implementación general, que es del 60 por ciento.

Además, en cuanto a los desarrollos relacionados con la tierra el informe indica que el actual gobierno ha formalizado 910.893 hectáreas a pueblos indígenas y 5.712 a pueblos afrocolombianos.

“La Unidad de Restitución de Tierras inició acciones legales para la restitución de más de un millón de hectáreas de tierra para los cinco territorios priorizados en el Capítulo Étnico en Chocó, Guaviare, Nariño y Córdoba”, se lee en el documento.

Finalmente, a la fecha la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la justicia ordinaria han realizado 115 sesiones de coordinación interjurisdiccional sobre dos casos de la JEP: 77 sesiones en el marco del caso 02 (Sobre la situación Territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, en Nariño); y 25 solicitudes de medidas cautelares ante la JEP en el caso 09 (Sobre afectaciones a Pueblos y Territorios Étnicos).

“Las comunidades indígenas y afrocolombianas siguen siendo blanco de grupos armados ilegales, incluyendo las guardias indígenas, especialmente en Cauca”, concluye el informe.

Y es que de acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2019 se registran 5.011 indígenas víctimas del conflicto, siendo el asesinato selectivo el principal hecho victimizante. Justamente, los pueblos indígenas de la región del pacífico suman la mayor cantidad de víctimas, siendo Cauca, Nariño y Chocó, los departamentos más afectados.

Asimismo, y de acuerdo con cifras de la Unidad para las Víctimas, el 9,6 por ciento de las personas que padecieron los estragos de la guerra, es decir 813.080, son afrodescendientes. En ese sentido, el departamento de Nariño ocupa el segundo lugar con la mayor cantidad de víctimas, con un total de 152.573 casos en el Registro Único de Víctimas.

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Uno de los momentos clave del encuentro estuvo a cargo de líderes sociales y culturales del departamento. Harold Tenorio, del grupo musical Plu con Plá; Diana Quiñones, del Centro Afro de Tumaco; y Margoth Bonita, de Redepaz tienen algo en común: creen firmemente en que los procesos culturales y artísticos son agente de paz.

Cada uno de ellos trabaja en pro de sus territorios desde diferentes especialidades. Harold con la música, Diana con el baile y Margoth con la educación, se han convertido en parte central del tejido social de Tumaco.

“El tema de la implementación es preocupante, pero lo maravilloso es que vamos a iniciar, esa es la mejor noticia que nos pueden dar, que iniciamos algo que estaba totalmente frenado”, señaló la profe Margoth -como le dicen todos-, maestra del colegio Artemio Mendoza.

Los tres coinciden en que más allá de la voluntad política y de las decisiones que tomen las autoridades locales, para la implementación del capítulo étnico es clave llegar a la conciencia de las personas, y que para ello es fundamental el trabajo que realizan.

“Tener una sociedad que se piense de manera distinta, que se construya de manera distinta, nos va a tomar mucho tiempo. Llevamos más de medio siglo en guerra y creo que para restablecer la paz y para que esta nueva generaciones se piensen y conozcan un territorio distinto vamos a tener que hacer una pedagogía de más de un siglo y a través de esos procesos sociales, culturales y artísticos es que podemos empezar”, señaló Tejada, hijo de artistas y formado musicalmente en Francia y África.

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La profe Quiñones, coordinadora artística del centro afro juvenil, que queda ubicado en el Barrio Nuevo Milenio, tiene una visión similar. “La paz y su construcción a través del arte se hace día a día”, dice. Para Diana, cada joven nuevo que toma la decisión de bailar, es un joven menos para la guerra, por eso cree que es imperativo que “el territorio reconozca el capítulo étnico”.

“El centro afro es un espacio que de una u otra manera se ha instalado en los barrios más fuertes de Tumaco, que es donde están las grandes cabezas que generan ciertos conflictos en nuestro territorio. Nosotros lo que hemos hecho es que generamos un espacio de puertas abiertas donde no imponemos acciones, sino que con los jóvenes construimos lo que ellos quieren conocer, reconocer y aprender”, agregó.

Frente a estas preocupaciones, Richard Moreno, delegado de la vicepresidencia para el capítulo étnico de la vicepresidente Francia Márquez, señaló que ya se trabaja en un cronograma de seguimiento para el capítulo étnico.

“Desde el Gobierno, por un mandato que le dio el Presidente de la República a nuestra vicepresidenta, le pidieron coordinar de manera interinstitucional e intersectorial el seguimiento e impulso a la implementación del capítulo étnico. Lo primero que hicimos es valorar cuál es la implementación real y la responsabilidad que tiene cada entidad”, explicó a los asistentes del evento.

Moreno dijo que lo que se ha hecho durante los últimos meses es preguntar a las personas que están a cargo de cada una de las entidades por los avances y por el presupuesto para la implementación del capítulo.

“No vamos a mirar el pasado, no vamos a ver el retrovisor para echarle culpa a otros gobiernos. Nos vamos a enfocar en lo que podemos hacer nosotros en estos cuatro años”, concluyó.

La Misión de Verificación de la ONU confirmó que este evento, que contó con la participación de más de 100 personas, fue el piloto para llevar la socialización a las comunidades étnicas de esta y otras regiones.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

Enviado especial a Tumaco, Nariño