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Entrevista
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'El ajuste de la UPC para este año no es una retaliación por parte del Gobierno': Ministro de Salud
En entrevista, Guillermo Jaramillo, explica la necesidad de empezar cuanto antes un diálogo.
Bogotá 14 de diciembre 2024. El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo en entrevista con El Tiempo. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa Crédito: CEET Fotógrafo: CESAR MELGAREJO Foto: CEET
PERIODISTA DE SALUDActualizado:
EDITOR VIDAActualizado:
Luego de que varios actores del sector, incluyendo a movimientos de pacientes, médicos, académicos, empresarios y políticos, solicitaran al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconsiderar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para este año, el jefe de cartera se mostró abierto a revisar el rubro y ha propuesto mesas de concertación técnicas para subsanar el déficit que enfrenta el sistema.
Durante una entrevista con EL TIEMPO, aseguró que el diálogo para recalcular la cifra debe empezar lo más pronto posible y que el valor del rubro adaptado a la inflación causal para 2025 no es una retaliación dada la negativa ante las reformas sociales del Gobierno Petro.
(Lea además: Las dudas de expertos ante informe de la Adres que detalla irregularidades para cálculo de la UPC)
Para 2025 el valor de la UPC está muy por debajo del que solicitaba todo el sector -no solo los empresarios- para poder atravesar la crisis financiera actual, ¿por qué tomar esta decisión pese a las advertencias?
Es importante aclarar que este no es un tema nuevo. Con este gobierno han surgido numerosos rumores y especulaciones que generan preocupación sobre si habrá recursos suficientes para atender la salud de los colombianos, pero esto no es algo de ahora. Casos similares se han presentado en el pasado. Por ejemplo, en 2011, durante el gobierno de Santos, la UPC solo se incrementó con base en la inflación y, en el 2021, bajo el gobierno de Duque, el aumento estuvo incluso casi cinco puntos por debajo de la inflación. En contraste, este gobierno ha cumplido con el mínimo necesario.
Pero son muchos los técnicos del sector que aseguran con cifras lo inconveniente que sería un aumento de sólo 5,3 % para este rubro en medio de la incertidumbre económica del sistema ¿van a reconsiderar el valor?
Desde el inicio de este gobierno hemos enfrentado un debate en torno a tres temas clave. El primero es el método para calcular la UPC. Este método, que se viene utilizando desde 2012 y que ha sido cuestionado por diversos sectores, no pudo implementarse este año debido a inconsistencias en la información proporcionada por las EPS. El segundo tema es la suficiencia de los recursos. Según nuestros análisis, los recursos actuales son suficientes. De hecho, durante el proceso para revisar las cifras, solicitamos a la Contraloría que actuara como ente neutral para revisar esta cuestión y se concluyó que, en 2020, las EPS no utilizaron 6 billones de pesos que ahora no sabemos dónde están, lo que refuerza nuestra posición sobre la suficiencia de los fondos. Por último, el tercero, es la necesidad de evaluar de dónde se obtendrían más recursos si llegara a ser necesario un incremento del valor. Este gobierno está dispuesto a analizar estos tres aspectos, dejando por sentado que los incrementos acumulados durante esta istración son considerablemente superiores a los de gobiernos anteriores, como los de Duque y Santos.
Precisamente, una de sus propuestas para obtener recursos es que los empresarios vuelvan a pagar impuestos patronales. No obstante, el presidente Petro dice que no está de acuerdo con aumentar la carga tributaria para las empresas y que él pondría impuestos a los juegos de renta y azar ¿Qué opina de esto?
Este debate tiene raíces históricas. Entre 2012 y 2014 se realizaron varios cambios importantes entre los que se sustituyó el aporte patronal a la salud por otras fuentes de renta, que algunos consideraron suficientes o incluso superiores. Sin embargo, estos aportes patronales eran recursos directos para la salud, y su eliminación generó un déficit que no ha podido ser compensado adecuadamente. Esto ha llevado a que los gastos en salud sean constantemente mayores a los recursos disponibles. Si se concluye que son necesarios más recursos, debemos sentarnos a analizar posibles soluciones. Personalmente, he propuesto retomar los aportes patronales, aunque sea en un porcentaje menor al 8,5 por ciento del salario que deberían pagar los empleadores. Actualmente, los salarios inferiores a 10 salarios mínimos están exentos de este aporte, lo cual representa una brecha significativa. Sin embargo, entiendo que esta no es la única opción. El presidente Petro ha planteado gravar los juegos de renta y azar en línea, una propuesta interesante que podría generar ingresos adicionales para la salud.
¿Y usted cree que los empresarios van a acceder a su propuesta de volver a pagar los aportes patronales?
Es evidente que existe una dualidad en la posición de los empresarios. Por un lado, suelen mostrarse renuentes a aumentar el salario mínimo, pero al mismo tiempo ejercen una presión muy fuerte a través de su poder económico y con los medios de comunicación -que en su mayoría controlan-, para exigir aumentos significativos en la UPC. Este doble juego es preocupante: se niegan a brindar apoyo financiero al Gobierno, pero exigen que se incrementen los recursos para el sistema de salud. En este contexto, sería interesante discutir con los empresarios su rol en el financiamiento del sistema. Si están tan interesados en estos aumentos, sería justo que también aporten, considerando que más del 80 por ciento de los recursos para la salud provienen del trabajo y los impuestos que pagan los colombianos de a pie, ya sea a través del IVA o de regalías provenientes de las riquezas nacionales.
Dice que un aumento del 16 % implica una reforma tributaria. Para claridad de todos los lectores ¿por qué esto sería necesario?
Cada punto porcentual que se incrementa en la UPC equivale aproximadamente a un billón de pesos. Por lo tanto, un aumento del 16 por ciento significa conseguir 12 billones de pesos adicionales, lo que equivale al monto de una reforma tributaria. El problema radica en que, incluso cuando el Presidente solicitó al Congreso 12 billones de pesos para solucionar problemas financieros críticos, esta propuesta no fue aprobada. Actualmente, el Gobierno enfrenta enormes presiones financieras. La deuda pública nacional supera los 180.000 millones de dólares, y gran parte de esta deuda fue adquirida a corto plazo y con intereses elevados durante el gobierno anterior. Solo en créditos a corto plazo, se deben pagar 12.000 millones de dólares. Además, el déficit dejado por el fondo de estabilización de la gasolina ha requerido pagos de 18 billones de pesos, lo que absorbió por completo los recursos de la última reforma tributaria. A pesar de estas dificultades, el presupuesto de salud ha sido una prioridad. Este año, se han realizado esfuerzos significativos para garantizar que los servicios de salud lleguen a las zonas más apartadas del país. El reto no solo está en aumentar el presupuesto, sino también en rediseñar el sistema hacia un modelo preventivo y de atención primaria.
¿Es el ajuste de la UPC para este año una forma de retaliación por las negativas que ha enfrentado el gobierno en temas de financiamiento y reformas?
De ninguna manera. Si fuese una retaliación, podríamos observar decisiones como las tomadas por gobiernos anteriores. Duque, por ejemplo, liquidó 12 EPS y lo anunció públicamente. Este gobierno, en cambio, ha priorizado el diálogo y la colaboración con las EPS, reconociendo que son un elemento esencial para el sistema de salud actual y para lo que se busca con la reforma. Hemos trabajado para mantener a las EPS operando, porque son necesarias en el proceso de transformación que queremos. Respecto a las especulaciones, queremos ser claros: no se dejará de financiar el sistema de salud. De hecho, los pagos del régimen subsidiado y contributivo ya se están realizando de manera anticipada. En conclusión, no hay retaliación en las decisiones relacionadas con la UPC. Más bien, el enfoque está en asegurar la sostenibilidad del sistema, fomentar la colaboración con las EPS y mantener el a los servicios de salud para todos los colombianos.
¿Cuándo y cómo piensa convocar a los actores del sector para iniciar la mesa de diálogo que permita revisar el cálculo de la UPC? ¿Podría garantizar que todos van a participar?
Aunque la decisión final depende del presidente y de otros actores del gobierno, el compromiso es iniciar este proceso lo más pronto posible, ya que estas discusiones requieren un análisis riguroso y un tiempo significativo. La idea también es hacerlo con la profundidad necesaria para que los resultados sean claros y aceptados por todos los involucrados.
Sobre la metodología de cálculo para el rubro ¿estarían dispuestos también a revisar y ajustar?
Estamos abiertos a analizar y evaluar la metodología que se utiliza para calcular la UPC. Este es un paso fundamental. Primero, debemos determinar si la metodología actual es adecuada y precisa. Una vez se logre un consenso en torno a ella, el siguiente paso será revisar la suficiencia de la UPC con base en los datos y resultados que arroje ese análisis. Es importante que este proceso sea colaborativo y que todos los actores estén de acuerdo en los resultados obtenidos, ya que de ellos dependen las decisiones sobre posibles recursos adicionales para el sistema de salud. Aun así, cabe mencionar que, en términos de los incrementos realizados, este gobierno ha hecho un esfuerzo significativo. En el 2023, aumentamos la UPC un 16.23 por ciento, siete puntos por encima de la inflación y, en 2024, el aumento fue del 12 por ciento, también superior a la inflación, que estuvo alrededor del 5 por ciento.
Insistimos en que no solo los empresarios piden este aumento en la UPC, también preocupa mucho a los pacientes y a los hospitales que al final son los más afectados, ¿qué podría decirles también a estos actores del sector?
Pueden estar tranquilos, aunque es natural que surjan preocupaciones. Entendemos que el aumento del salario mínimo puede generar tensiones financieras, especialmente para los hospitales públicos, que manejan una alta carga laboral. Es importante recordar que aproximadamente el 75 por ciento del sistema de salud en Colombia es privado, y en este sector, los salarios suelen estar sujetos a dinámicas económicas específicas. En cuanto al sector público, que representa el 25 por ciento restante del sistema, hay que aclarar que ya se han dispuesto recursos específicos para mitigar estos impactos. En 2023, más de 150 hospitales públicos recibieron apoyo financiero directo, y este año se han reservado más de 350.000 millones de pesos para continuar ayudándolos. Estos recursos están específicamente orientados a garantizar el pago oportuno de los salarios de los trabajadores. Adicionalmente, el Gobierno ha tomado una decisión importante: priorizar el pago de los trabajadores en los contratos que se realicen a las IPS para este año. Esto significa que los contratos incluirán cláusulas claras que obliguen a garantizar que el personal sea atendido primero, reforzando el compromiso del gobierno con la estabilidad laboral y el bienestar de los trabajadores del sector salud.
¿Cómo responde el gobierno a las críticas de que no suficiente hay apertura al diálogo?
El gobierno ha estado siempre abierto al diálogo. El presidente de la República, desde sus primeras acciones, mostró su disposición para llegar a los acuerdos con diversos sectores, incluso con opositores políticos. Hicimos muchas reuniones en las que se alcanzaron acuerdos importantes, como el de que las EPS seguirían dentro del sistema. La reforma ha sido uno de los proyectos más debatidos y consultados, con audiencias y mesas técnicas en diversas regiones del país. Es importante señalar que, aunque el gobierno está abierto al diálogo y busca entendimiento, no puede satisfacer todas las demandas de manera simultánea. La situación financiera del país es compleja, y se deben tomar decisiones difíciles para garantizar que el sistema de salud sea sostenible a largo plazo. Por eso, hemos preferido trabajar en una reforma integral que permita solucionar los problemas financieros de las EPS sin comprometer la atención de los pacientes.
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