Dramático repunte en la violencia intrafamiliar contra menores en Colombia: casos aumentaron más del 30 % en el último año

Como las cifras de cientos y miles de casos de violencia infantil en Colombia se han vuelto paisaje de la realidad nacional, cada tanto, cuando aparecen rostros como el de Sofía Delgado -niña de 12 años asesinada en el Valle del Cauca en octubre -, súbitamente se siembra la indignación y los compromisos civiles ante una problemática que conecta el interior familiar, las violencias físicas, psicológicas, sexuales, laborales y el reclutamiento de menores.

El último informe de Medicina Legal, con datos hasta agosto de este año, indica que los casos de violencia intrafamiliar contra menores aumentaron 32.49 % con respecto al mismo periodo pero del año anterior. Es decir, se reportaron 5.297 casos, 1.299 más que en 2023. Bogotá es la ciudad con más incidentes (1.979), seguida de Medellín (208) y Cali (146), de acuerdo con Medicina Legal.

Según Alejandro Ruíz, asesor nacional de Abogacía e Incidencia Política de Aldeas Infantiles, la cifra podría leerse como una evidencia del aumento desaforado de violencia en comparación con los años anteriores, debido a que en los últimos cinco años el mayor aumento se registró en 2022, con 16.53 %. 

No obstante, fue en 2019 cuando se registraron cifras similares a las del 2024, cuando, según Medicina Legal, reportó 5.876 casos entre enero y agosto.

El abogado familiar también cree, entre tanto, que las campañas de información están funcionando y las personas denuncian cada vez más casos porque conocen la ley. En este sentido, el experto afirma que el subregistro -que existe por cuenta del desconocimiento y la falta de garantías hacia las víctimas- se está reduciendo.

“Llevamos tres años con la ley 2089 que prohíbe el castigo físico humillante o degradante y es posible que haya causado algún efecto, porque se le ha hecho difusión. No como se debiera, porque tendría que estar en todos los municipios, pero algo se ha avanzado en eso”, aseguró Ruíz.

Por su parte, el litigante y abogado familiar, José Guillermo Andrade, asegura que la complejidad en muchos casos tiene que ver con el temor de lo que conlleva una denuncia por maltrato intrafamiliar, sobre todo si el agresor es el encargado de suplir los gastos de la casa: "lo primero que piensan (la víctimas) es quién va a seguir supliendo la parte económica sí esta persona termina en una cárcel".

A su vez, la directora de comunicaciones de International Justice Mission (IJM), Paola Ximena Sánchez, concluye que las campañas de prevención deberían tener tanto espacio como las que están enfocadas hacia las denuncias. “Nadie nace sabiendo ser padre, pero es posible formarse en las escuelas. Hay normas a las que no se le ponen la atención que la situación merece. Realmente se trata de una cadena social”, explica Sánchez.

Se estima que diariamente en Colombia ingresan más de 149 niñas y niños al sistema de protección para el restablecimiento de sus derechos, en lo que va del año, según el ICBF.

De los ingresados, el 66 % está vinculado a violencia sexual, omisión o negligencia, condiciones especiales de los cuidadores y violencia física. El hogar, que históricamente ha sido entendido como el espacio de protección de los menores, es una de las principales fuentes de riesgo.

“Se cree que las familias no son explotadoras y es todo lo contrario. Bajo el argumento de la pobreza se justifican muchas cosas”, asegura Nelson Rivera, subdirector terapéutico de la Fundación Renacer, una organización que trabaja por la erradicación de la explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA).

Hasta agosto de este año, Medicina Legal realizó 14.862 exámenes médicos por presunto delito sexual. El 79.87 % fue en menores de edad y aun así se trata de un subregistro con márgenes muy altos.

En el informe del Observatorio de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) se calcula que durante el 2023 se registraron 1.606 casos de denuncia, mientras que el número de víctimas ascendió a 2.507, de acuerdo con el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).

Los delitos con mayor incidencia son la pornografía con menores (57,8 %), la demanda de explotación sexual comercial con menores (18,39 %) y la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores (9,93 %).

Los casos relacionados a los medios digitales representan una mayor amenaza en la actualidad debido a la impunidad que registran en el país. 

“Las decisiones de política pública y las soluciones que se le dan a este tipo de problemáticas van siempre mucho más atrás de lo que va la criminalidad”, concluye Laura Suárez, del Centro Internacional para Niños Perdidos y Explotados (ICMEC).

Según la tasa poblacional, basada en el número de víctimas de ESCNAA, por cada 100.000 habitantes menores, Guaviare es la región donde más delitos se presentan con 49,49 %, le siguen Bogotá con 45,54% y Antioquia con 28,89 %.

“Hay un sobredimensionamiento de sitios como Cartagena, pero, por ejemplo, quién se imaginaba que en La Guajira había explotación sexual y que el nivel puede ser superior al que hay en Cartagena o Medellín”, señala Rivera.

Para Astrid Cáceres, directora del ICBF, el problema radica en el intento de responder a todos los casos desde una homogeneidad territorial, cuando las regiones tienen diferentes realidades en cuanto a las problemáticas. 

“Hay que escuchar los casos y entenderlos, comprometer alcaldías. Los derechos de los niños siempre se cargan dentro de un sector u otro, pero los menores necesitan una respuesta integral. Una cosa que entendí en el instituto es que no se puede dar una respuesta única si no se trabaja con otros sectores”, dijo Cáceres a EL TIEMPO.

Los expertos aseguran que con el subregistro y la falta de articulación por parte de las entidades competentes - como el ICBF, la Policía Nacional, Ministerio de Salud, Justicia o la Fiscalía - no es posible determinar la realidad de la problemática, pero es claro que se muestra una continuidad en los abusos.

Por ejemplo, en el caso de los homicidios, “el no tener una caracterización epidemiológica, más allá de las regiones, no permite realizar diagnósticos acertados. Necesitamos saber quién asesina por violencia vicaría, quiénes de los menores asesinados fueron víctimas por asuntos criminales… o cuáles fueron asesinados por violencia intrafamiliar”, dice Alexandra Correa, periodista y activista, con respecto a los 375 homicidios a menores de edad reportados en lo que va del 2024.

Según el ICBF, los casos no se unifican porque cada proceso inicia en tiempos diferentes dependiendo de la entidad. No todos los abusos pasan por fiscalía o comisarías familiares aunque se reporten al ICBF y el instituto refiera a las otras entidades.

Por otra parte, Unicef y Naciones Unidas revelaron que, de acuerdo con el mecanismo de Consejo de Seguridad, las cifras de reclutamiento de menores aumentaron 49 % el año pasado con respecto al 2022.

Las zonas con mayor número de casos hacen parte de las regiones donde se ha dado el recrudecimiento del conflicto armado en el país, es decir, Cauca, Nariño, el sur de Bolívar, Huila y Norte de Santander.

Hilda Molano, coordinadora de la secretaría técnica de Coalico, organización en contra de la vinculación de infantes al conflicto, que representa el caso 07 de la JEP, concluye que el aumento en el reclutamiento se dio después de 2020 y que las redes sociales han sido una de las líneas preferidas por las bandas para operar. 

“Sus modalidades (grupos al margen de la ley) pasan por la seducción, la persuasión, el engaño y la fuerza”.

El reclutamiento ha afectado con mayor impacto a las comunidades indígenas y afrodescendientes del Cauca, donde, según Molano, hay muy pocas denuncias al respecto debido al daño que puede llevar una intervención institucional en la comunidad. Según la Defensoría del Pueblo, el 30 % de los casos no son denunciados por temor a represalias.

Del 7 al 8 de noviembre, Bogotá recibe a 193 delegados ministeriales de los estados de la OMS para concertar los compromisos de cada país en lucha contra la violencia infantil. 

El evento, denominado como el Primer Congreso Ministerial Mundial para poner fin a la violencia contra la niñez, se realizará en el Ágora Bogotá: Centro de Convenciones. 

El pasado 17 de octubre de 2024, 230 expertos pertenecientes a 70 entidades de la Sociedad Civil le entregaron al Gobierno Nacional un manifiesto de sugerencias que se debería optar como política de Estado para la articulación institucional en la lucha contra la violencia física, psicológica y negligencia; el conflicto y la paz, la violencia sexual y el fortalecimiento familiar.

La directora del ICBF adelantó a EL TIEMPO algunos de los compromisos que el Gobierno priorizará en el Congreso, entre los que destaca la reducción de tiempos de respuesta de los procesos domésticos, sacar adelante una notificación temprana de desapariciones y realizar políticas en conjunto con los países invitados con respecto a las violencias derivadas del conflicto armado en el país.

Creo que la articulación de nación y territorio. Una cosa son los niños a nivel global y otra desde el territorio. Aunque tengamos una normativa muy amplía, en materia de NNA siempre se recarga a un solo sector. Nosotros teníamos unos programas para la reducción de la desnutrición desarticulados de la salud y cuando empezamos a trabajar conjunto a ese sistema ayudó al éxito parcial que tenemos en la Guajira. El hecho que  ya no sean servicios de un sector y del otro, sino del gobierno, nos muestra resultados. Los presupuestos deben ser integrados y las respuestas, territoriales.

Pasan dos cosas: Se generan muchos proyectos de ley sin soporte financiero, entonces al final podemos legislar mucho pero si no hay soporte eso se queda en nada. En segundo lugar, a veces complejizamos tanto la respuesta que esperamos un sistema sofisticado cuando ya hay mecanismos que la gente esta usando. Sin embargo, esperamos dejar estas alertas como compromiso entre 18 meses para usarlas.

Las implementaciones deben estar centradas en articular servicios. Lo que se llama oferta institucional no puede ser segregada por sectores. Tenemos que priorizar los derechos. La salud no solo la garantiza el Ministerio de Salud, sino que es un esquema total que incluye a la familia. Creo que en ese sentido debemos dejar de legislar sin financiar y dejar de ofertar servicios sin un análisis transectorial. Nosotros hemos tenido un sistema muy centrado en servicios y no en derechos. Dar ese salto toma tiempo porque la planeación esta tercerizada dentro de los servicios y eso no puede suceder, hay que garantizar el derecho desde el estado y lograr que los operadores no sean intermediarios ni garanticen derechos por beneficios a las comunidades.

El ICBF es una ganancia de políticas públicas. El problema es la forma como sufrió en los últimos 15 años un desmantelamiento de su misionalidad para pasar a ser esta máquina de contratar, que encontramos y estamos intentando cambiar. De cualquier forma, trabajamos con casi 3 millones de niños en el país y salvar vidas a diario es muy importante. Sin embargo, la mirada sobre la niñez muchas veces se queda en algo muy bogotano cuando hay muchas realidades en otras regiones del país. Estamos generando tejidos de cuidados con las comunidades para que tengan consciencia. Hay muchas cosas que corregir, como que la institución entregó la garantía de derechos a la prestación de servicios y eso hay que cambiarlo.

JUAN JOSÉ RÍOS - ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO