Asesinato de defensor de Caño Cristales deja en alerta a la Amazonia

A Javier Francisco Parra se le conocía en la región del Meta como el protector de Caño Cristales, el río de los cinco colores considerado en el mundo como el símbolo del fin del conflicto armado entre las extintas Farc y el Estado. La puerta de entrada a la región Amazónica de Colombia. 

Su nombre solía aparecer en investigaciones científicas y en diarios internacionales destacando la importancia de las algas que dan las tonalidades a este cuerpo de agua, como las Macarenia clavigera, que solo existen en esa zona. Advirtiendo, desde el conocimiento que había consolidado con su trabajo en campo, sobre los cambios del clima y su efecto en la disminución del flujo de agua de Caño Cristales, que en temporada seca baja a niveles extremos.

Pero, como cada líder y lideresa asesinada, ahora su nombre quedará grabado solo en esa lista vergonzosa de los defensores ambientales asesinados: el quinto en el 2020.  Como él mismo mencionó en su cuenta de Facebook en enero de 2019, cuando asesinaron al guardaparque Wiliton Orrego en la Sierra Nevada de Santa Marta: “#RespetoPorLaVida. Solo pretendemos cuidar lo que muchos ya acabaron”.

Pacho, como le decían sus amigos, llegó a Cormacarena (Autoridad ambiental del Meta) como pasante en 1993 para obtener su título como licenciado en Agropecuaria. Para 2016 fue nombrado coordinador regional de Cormacarena, donde ejercía como máxima autoridad ambiental. Era quien se encargaba de otorgar las licencias a los operadores turísticos  de La Macarena. 

Siempre estuvo en la primera línea para combatir y extinguir incendios forestales. Captaba esas desastrosas imágenes con su cámara para llamar la atención en sus redes sociales sobre el impacto de las quemas en la flora y fauna.

Lideró procesos de conservación en la región, especialmente el parque natural La Macarena, un área protegida donde confluyen todo tipo de conflictos socioambientales y, además, las cifras más altas de deforestación. Según la gobernación del Meta, en los últimos 10 años se han deforestado 200.000 hectáreas, un área equivalente al departamento del Quindío. 

(Lea: Frenar la deforestación es clave: Minambiente)

No había motivos para temer lo peor, dicen sus amigos. Pese a que hace meses atrás recibió una amenaza que denunció ante la Fiscalía, Parra seguía cumpliendo su trabajo; incluso acompañó al viceministro de Ambiente, Francisco Cruz, en la campaña #TomaporlaAmazonia, en la que autoridades ambientales nacionales y regionales estuvieron monitoreando los focos más graves de deforestación justo en el época del año que más se quema.

Por su labor como conservacionista en la región amazónica en los últimos 26 años, se cree que quienes están a cargo de la devastación del bosque más importante del mundo, la Amazonia, están detrás de su asesinato cometido a manos de dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta la mañana del 3 de diciembre en La Macarena: tres impactos de bala acabaron con su vida.

El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, quien se enteró de la noticia cuando iba a dar el cierre a la estrategia #TomaporlaAmazonía en Leticia, Amazonas, fue cauteloso en el momento de señalar responsables. “Yo no puedo decir a qué obedeció ese acto, solo puedo decir que rechazamos el asesinato de Francisco, un hombre que ha trabajado gran parte de su vida por el medioambiente”, le dijo a EL TIEMPO. 

Sin embargo, reconoce que, debido a la pandemia, la no presencialidad del Estado ha afectado la lucha contra la deforestación. "El año pasado disminuimos la deforestación en un 19 por ciento, esperamos que este cierre de año mantengamos unas cifras similares, por los diferentes obstáculos que hemos tenido", declaró.

Esa misma tarde, Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, señaló en un consejo de seguridad convocado en Villavicencio que se entregará una recompensa de hasta 300 millones de pesos por quien brinde información que permita la captura de los responsables del asesinato del funcionario de Cormacarena.

"También se entregará una recompensa de hasta 40 millones de pesos por quien de información que facilite la captura de alguno del cartel de los más buscados por deforestar la Amazonía colombiana (dado a conocer esta semana por la Policía Nacional y la Gobernación del Meta) y hasta 70 millones de pesos por alias ‘Haiver’ y ‘Misingo’ del grupo organizado residual 7 y 62", señaló Trujilllo.

Para quienes vienen trabajando en la zona, el mensaje es claro.

Desde comienzos de año, las advertencias por parte de los grupos armados que están tomando el control territorial de la Amazonia salieron a la luz. Guardaparques de 10 parques nacionales de la región Amazónica recibieron un ultimátum: salir de sus áreas o sufrir las consecuencias, como lo registró EL TIEMPO en febrero de este año.

Hoy, casi un año después, el Gobierno no ha podido garantizar su regreso a todos los parques. De acuerdo con Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, directivos de los parques Tinigua, Picachos y La Macarena ya están trabajando en sus cabañas. “Sin embargo, los parques del sur, como el Puré, Chiribiquete, Reserva Nukak, el Cahuinarí, Yaigojé Apaporis y La Paya siguen siendo monitoreados por la Fuerza Pública, y nos avisarán cuándo podremos volver. Esperamos que nos den información en enero”, declaró. 

Más tarde, en abril de este año, cuando muchas instituciones estaban planeando cómo seguir con sus programas, debido a la pandemia, las amenazas –por medio de panfletos– llegaron hasta organizaciones cruciales para mantener los bosques en pie, como el Instituto Sinchi y Visión Amazonía.

Por ejemplo, Visión Amazonía tiene 4.583 familias campesinas que están siendo atendidas por el programa en los cuatro años en que ha funcionado. Hoy, estas familias están conservando 147.376 hectáreas de bosque en la Amazonia a través de acuerdos de conservación monitoreados. En el caso de familias indígenas, hay 30.000. Para ellos, va el 22 por ciento del presupuesto del programa (50.000 millones de pesos). 

Pero, las disidencias ordenaron a campesinos no hacer parte de esos convenios de conservación y declararon a los funcionarios personas no gratas. En efecto, según fuentes cercanas, varias familias campesinas decidieron no continuar en estos proyectos por temor a las represalias.

Y aunque sus técnicos habían regresado a terreno, luego de varios meses de ausencia, con la muerte de Javier Francisco Parra, para algunos de ellos volver por ahora es un riesgo muy alto.

Finalmente, para José Yunis, director de Visión Amazonía, pese a la gravedad de lo ocurrido, su trabajo por frenar la deforestación no va a parar. “Claro que este tipo de cosas son conflictivas, pero nosotros no estamos para cansarnos, porque el camino es reducir, no aumentar la deforestación, independientemente de lo que pase el próximo año o el siguiente”, señaló.

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE