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El 2022, el año con las lluvias más mortales del último lustro
Los datos indican que las lluvias de este año han sido los más violentas desde 2018.
Rescate de cuerpos en Pueblo Rico. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO
El 2022 ha sido, por lejos, el año en que las lluvias más han impactado a Colombia. Según datos de la de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 29 de noviembre, las cifras de fallecidos en el país alcanzan los 216; frente a 126 fallecidos en 2021; 96 en 2020; 139 en 2019 y 136 en el 2018. la diferencia es abismal. Por lejos las lluvias de este año ha generado casi el doble que cualquier otro año en el. último lustro.
Pero no son solo los fallecidos, pasa lo mismo con los heridos que alcanzan 287 este año; en 2021 fueron 153; en 2020 fueron 176; en 2019 fueron 179 y en 2018 llegaron a los 203. Pero donde más se nota el nivel del impacto de las fuertes lluvias que ha vivido el país este año es en las hectáreas (ha) impactadas. De acuerdo con las cifras 46.343 ha de territorio nacional se han visto afectadas en 2022; en el año inmediatamente anterior, 2021, fueron 21.211 (ha) afectadas, en 2020 fueron 9.319 ha; en 2019 fueron 5.390; y en 2018 fueron 18.551 ha.
Pero, ¿por qué este año ha sido tan violento en cuanto a los eventos relacionados a lluvias? Según explica Christian Euscátegui, meteorólogo experto y consultor en sistemas de alerta temprana, eso responde esencialmente a dos factores: lo primero es la mala planeación del país en cuanto a donde se ubican las ciudades y municipios debido a las condiciones socioeconómicas de las personas y lo segundo el acumulado de las lluvias que han mantenido los terrenos saturados y los ríos crecidos generando así emergencias frecuentes.
“La vulnerabilidad en el país es reciente y está asociada en buena parte a factores como la desigualdad y la pobreza que se ve en muchos de nuestros territorios. Entonces esa condición de pobreza hace que las comunidades se asienten en lugares donde no deberían estar, por esa condición socioeconómica y por esa falta de conocimiento frente al tema de las amenazas”, señala Euscátegui.
El derrumbe destruyó la casa donde habitaba la familia. Foto:Alcaldía de Arboledas
No hemos hecho un ordenamiento territorial que vaya de la mano de la naturaleza y de lo que ella nos brinda
Para él, más allá de las campañas de concientización y las obras de mitigación, si el riesgo sigue en función de cuán vulnerables son las personas económicamente, se seguirán presentando desastres en muchas zonas del país, porque al final las personas solo buscan un lugar donde asentarse y poder sobrevivir.
En ese sentido, destaca, una de las cosas que se deberían hacer es mejorar la planificación territorial y evitar el crecimiento de poblaciones en zonas que se hayan identificado como peligrosas o no aptas para vivir debido al riesgo que produce asentarse allí.
“No hemos hecho un ordenamiento territorial que vaya de la mano de la naturaleza y de lo que ella nos brinda. Estamos construyendo y asentándonos en territorios donde no deberíamos estar, que le pertenecen al agua y que en esa medida en su momento dado buscan su lugar. Sobre todo en temporadas de lluvias se acrecienta esa posibilidad de que territorios que han tenido esa condición de anegamiento vuelvan a inundarse cuando ya hay personas allí. Insisto es una condición que está muy asociada al tema social y al tema económico. Y lógicamente el ordenamiento de nuestro territorio es fundamental para que podamos tener una mejor gestión del riesgo”, enfatiza el experto.
Para él, por ejemplo, una muestra clara de incorrecta planificación territorial es lo que sucede en Bogotá en las zonas de alta pendiente como las cercanas a los cerros orientales. Allí, dice Euscátegui, una ventaja es que normalmente los volúmenes de lluvias de la capital no son tan altos como los de otras zonas del país, sin embargo, en años como este 2022, donde la variabilidad climática ha sido atípica y por encima de los promedios, esa mala planificación sumada a otros factores termina generando tragedias como la vista en La Calera hace apenas unas semanas y que dejó dos personas fallecidas.
De hecho la geografía estrellada de la zona Andina ha causado que en en los últimos cinco años, según datos de la UNGRD 7 de los 10 departamentos con mayor cantidad de eventos de afectación relacionados a las lluvias hagan parte de la región Andina del país.
Estando en campaña y ya en el Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha sido enfático en señalar la necesidad de organizar los territorios alrededor del agua, una tarea que ha encomendado a varias entidades y que hace parte de los temas claves que están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Pero mientras eso sucede, son claves las acciones de mitigación. En ese sentido, la UNGRD está trabajando en las regiones con mayor riesgo y las zonas de mayor afectación, además desarrollando Puestos de Mando Unificados diarios para identificar las zonas prioritarias de atender.
“La vulnerabilidad en el país es reciente y está asociada en buena parte a factores como la desigualdad y la pobreza que se ve en muchos de nuestros territorios.
“Las regiones que siguen teniendo altos niveles de riesgo son la región Caribe, el litoral pacífico y la zona andina. Para mitigar esos riesgos, la UNGRD está evaluando el impacto de las afectaciones para intervenir esos territorios con sistemas basados en prácticas de reducción del riesgo comunitarias y ancestrales”, le dijo la UNGRD a este diario.
Asimismo, la entidad está evaluando a futuro “estrategias de recuperación rápida de medios de vida para que el país asegure la soberanía alimentaria y la resiliencia ante la crisis climática”. Otra de las estrategias es la rehabilitación de caños y ciénagas desecadas, con el fin recuperar la dinámica hídrica y que, durante los desbordamientos, el agua inunde sus propios territorios y no los centros poblados; además de la reubicación en zonas seguras de territorios que garanticen la sostenibilidad de las comunidades, sus medios de vida, infraestructura resiliente y construcción de vías terciarias a través de la participación comunitaria y por medio de las Juntas de Acción Comunal. Este es un modelo de desarrollo de ordenamiento territorial.
“Encontramos el país con 21 departamentos y 427 municipios con declaratoria de calamidad pública, consecuencias de un modelo económico basado en latifundios con desarrollo ganadero en gran escala, lo que ha desencadenado que las comunidades tengan hambre ante los efectos de la crisis climática. El Gobierno del Cambio seguirá atendiendo con respuesta humanitaria a través de las ollas comunitarias, porque el hambre es sin lugar a duda el impacto más grande del modelo económico actual”, agregó la entidad.