La oferta, clave para ganar la batalla de la descarbonización

Usted ya ha oído hablar de esto antes: las emisiones de gases de efecto invernadero son demasiado altas como para impedir cambios catastróficos para nuestro clima. Es preciso concientizar a los países, a las empresas y a las familias sobre la fragilidad del planeta en el que vivimos.

Para abordar el problema, los analistas están abocados a estimar el costo de la transición energética, y los inversores preocupados por los criterios ESG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se tienen en cuenta a la hora de invertir en una empresa) están organizando vehículos financieros para financiar proyectos verdes. Son cada vez más los economistas que quieren gravar el carbono para fomentar su sustitución. Otros se centran en garantizar que los costos del cambio a energías limpias no recaigan de manera desproporcionada en los países en desarrollo que, según se espera, renunciarán a las fuentes de energía barata (aunque sucia) a pesar de ser responsables de muchas menos emisiones de GEI que sus contrapartes desarrollados.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) pide a los países que anuncien sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, sigla en inglés) y espera que la presión social los obligue a cumplir con esas promesas.

Todas estas estrategias para promover la transición a energías limpias —persuasión moral, señales de precios y financiamiento adicional— tienen algo en común: se centran en fomentar la demanda global por descarbonización.

Sin embargo, el lado de la oferta está notoriamente ausente de la conversación. Cada vez que alguien hace una compra, hay alguien que hace una venta; el gasto de una persona es el ingreso de otra. Si bien la estrategia del lado de la demanda hace hincapié en la compra y el gasto, pasa por alto la dinámica crucial de vender y ganar. Esto hace que todo el esfuerzo se vuelva ineficiente, injusto y políticamente engorroso. Centrarse únicamente en los factores del lado de la demanda es ineficiente.

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Una creciente demanda de descarbonización, sin un incremento correspondiente en la oferta de las herramientas esenciales como cables, baterías, electrolizadores, vehículos eléctricos (VEs), acero verde, fertilizantes y celdas eléctricas, no haría más que hacer subir los precios y enriquecer a proveedores actuales de estos productos.

Por ejemplo, la CMNUCC y sus NDC inducen a Bolivia al desmantelamiento de sus centrales térmicas, pero no hacen nada por ayudarla a capitalizar sus reservas de litio, las más grandes del mundo. En términos más generales, se insta a los países a concentrarse en sus propias emisiones, en lugar de contribuir al esfuerzo de reducir las emisiones globales expandiendo la producción de las herramientas de la descarbonización.

Este foco exclusivo en el lado de la demanda de la descarbonización también es financieramente ineficiente. Dirige el capital hacia los grandes emisores y no hacia los potenciales proveedores de recursos de descarbonización. Un buen ejemplo es la iniciativa ‘Una transición justa para todos’ del Banco Mundial, que brinda financiamiento a los países que cierran las centrales eléctricas alimentadas con carbón. Las ‘Alianzas para una transición energética justa’ han apuntado a los principales consumidores de carbón como Indonesia, Sudáfrica y Vietnam, pero no respaldan a países que podrían contribuir del lado de la oferta, como Bolivia, Chile, la República Democrática del Congo, Egipto, Marruecos y Namibia. Al desarrollar sus recursos minerales, solares y eólicos o al expandir su producción de baterías, VEs y amoníaco verde, estos países podrían desempeñar un papel crucial a la hora de impulsar la descarbonización.

Hasta el momento, la transición energética justa se ha centrado esencialmente en mitigar las pérdidas experimentadas por los trabajadores en la industria de los combustibles fósiles y en gestionar los costos adicionales asociados con abandonar estas fuentes de energía. Pero la transición a energías limpias, probablemente, tenga efectos distributivos significativamente más amplios.

Los países importadores de energía incurren hoy en costos elevados para comprar carbón, petróleo y gas, lo que enriquece a exportadores de esos recursos. Hoy se los insta a importar herramientas de la descarbonización en lugar de convertirse ellos mismos en proveedores. Y a falta de medidas que mejoren la capacidad de esos países para financiar sus importaciones a través de mayores exportaciones, esto implica sumar un tipo de importación a otro.

Un mundo verde alimentado con energía solar, eólica, de biomasa e hidráulica daría una distribución más equitativa de la producción que favorecería a regiones como los trópicos y las zonas áridas como los desiertos de Sahara, Sonora, del Namib y Atacama.

Como el petróleo es tan barato de transportar, hizo que el mundo se volviera energéticamente plano, permitiendo que industrias de alto consumo de energía como el acero y los productos químicos puedan operar en países importadores de energía como Japón, Corea y Alemania. Pero es poco probable que esto siga siendo sustentable en un mundo verde.

Dado que las energías renovables son mucho más costosas de transportar que el petróleo, las industrias de alto consumo energético probablemente intenten reubicarse más cerca de zonas ricas en energías verdes.

La estrategia actual de descarbonización no promueve esta reubicación en regiones más ricas en energías renovables, muchas de las cuales están en el sur global, desaprovechando así la oportunidad de que el mundo se vuelva más verde y más equitativo. Al centrarse en los principales países consumidores de carbón, el marco Transición Energética Justa hace poco por abordar la desigualdad global de manera efectiva.

Una estrategia que incluya el lado de la demanda y el de la oferta fomentaría coaliciones mucho más amplias en favor de una transición acelerada. Si los países pudieran forjarse un rol como proveedores de herramientas de descarbonización, tendrían incentivo para presionar un mundo que demande más sus nuevas exportaciones.

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Convertirse en los proveedores de herramientas de la descarbonización del mundo les permitiría a los países en desarrollo crear nuevos flujos de ingresos, facilitando un crecimiento del empleo en todas las actividades económicas.

La estrategia prevaleciente para reducir las emisiones de GEI amenaza con hacer que la transición a energías limpias se vuelva ineficiente, costosa, injusta y políticamente contenciosa, mientras que una estrategia que les dé igual peso a los lados de la oferta y de la demanda reduciría los costos, promovería la justicia y ganaría mayor respaldo político. Esta estrategia movilizaría el potencial creativo de los países al ampliar su foco, pasando de sus propias emisiones a satisfacer las necesidades de un mundo en proceso de descarbonización. Esa es una estrategia de crecimiento para todos y un llamado a la acción más convincente y más lleno de energía.

RICARDO HAUSMANN (*)

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Cambridge

(*) Exministro de Planificación de Venezuela y execonomista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Es profesor de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard y director del Laboratorio de Crecimiento de Harvard.

Los mercados emergentes y las economías en desarrollo (Emde) están sintiendo la presión financiera. Dos tercios de los países de bajos ingresos están en situación de sobreendeudamiento o corren alto riesgo de hacerlo, la guerra de Rusia en Ucrania agrava las crisis financieras con altos precios de los alimentos y la energía, y el aumento del costo del capital deja a los gobiernos con poca capacidad fiscal.

Al mismo tiempo, varias Emed soportan la peor parte de una inminente crisis climática a la que contribuyeron poco. Las inundaciones de Pakistán el año pasado causaron daños y pérdidas por más de US$ 30.000 millones, y se estima que la reconstrucción costará US$ 16.000 millones. En el Caribe, los huracanes causan regularmente daños y pérdidas equivalentes a alrededor del 100 % del PIB, y el calentamiento global implica que la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos aumentará. Y, sin embargo, con un espacio fiscal limitado y deficiente a mercados internacionales, las Emed no pueden invertir en resiliencia climática.

Como organismo multilateral clave encargado de promover la estabilidad macroeconómica y financiera mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se enfrenta a un momento de ahora o nunca para ayudar a facilitar una transición justa hacia una economía resistente al cambio climático y con bajas emisiones de carbono.

Desde que reconoció las implicaciones macroeconómicas del aumento de las temperaturas globales, el FMI publicó una estrategia que describe sus planes para integrar el tema en su trabajo, especialmente en programas de vigilancia macroeconómica y préstamos. En particular, luego de su asignación de US$ 650.000 millones en derechos especiales de giro (DEG, activo de reserva del FMI) en 2021, estableció el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF) en parte para apoyar la acción climática en Emde.

Descubrimos que, si bien el FMI ha dado pasos hacia la integración de las consideraciones climáticas, aún quedan brechas en cuatro áreas clave: modelar los riesgos climáticos en su análisis de sostenibilidad de la deuda (DSA); adaptar el asesoramiento sobre políticas a los contextos nacionales; actualizar su conjunto de herramientas de préstamo para abordar los desequilibrios macrocríticos y las catástrofes naturales derivadas del cambio climático; y, con otras entidades, facilitar inversiones para ayudar a los países a cambiar a un camino bajo en carbono.

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La introducción de precios del carbono en el mundo aún es desigual y está mal coordinada con políticas energéticas nacionales, como el aumento de subsidios a combustibles fósiles. Entonces, el FMI debe desarrollar un método para evaluar los efectos de los precios del carbono, que pueden variar dentro y entre países.

El precio del carbono se está adoptando como herramienta para financiar inversiones climáticas. Pero es poco probable que los ingresos reemplacen los producidos a partir de combustibles fósiles. Esto es igualmente cierto para los productores de hidrocarburos como los de América Latina y el Caribe, que dependen de exportaciones de combustibles fósiles para sus finanzas.

Además de ampliar sus actividades de modelado económico para reflejar la realidad de las circunstancias nacionales, el FMI debe alentar medidas como un gran impulso a la inversión (de manera fiscalmente prudente). Esto requeriría que el Fondo modifique su marco DSA para tener una visión más amplia de las necesidades financieras de un país.

Para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, las Emde necesitarán movilizar recursos estimados por algunos en hasta US$ 2,4 billones por año, más del 2 % del PIB mundial. Más allá de eso, la investigación del FMI ha demostrado que la inversión en sectores amigables con el clima puede ser un multiplicador de crecimiento más poderoso que la inversión en sectores intensivos en carbono.

Pero el marco DSA del FMI no incorpora bien los riesgos climáticos físicos de los países y sus necesidades fiscales para financiar una transición verde. Si bien el Fondo ha tomado medidas para integrar los choques climáticos en su marco DSA, aún se queda corto en vincular negociaciones del programa con la política climática. Hasta que eso cambie, los países carecerán de espacio fiscal para financiar la transición, las inversiones climáticas no se pueden posponer hasta que un país tenga mejor salud financiera. El FMI ha dado grandes pasos. Para maximizar su impacto, debe tener en cuenta los contextos nacionales y adaptar sus modelos. No será fácil, pero garantizar un futuro estable y resiliente al clima no requiere nada menos.

Por Rakesh Mohan, Irene Monasterolo y Rishikesh Ram Bhandary

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Nueva Delhi