Al futuro de la Sabana de Bogotá le sobran razones, pero falta participación: expertos

El debate entre la alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional sobre la resolución de ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá ha generado una fuerte confrontación política y jurídica. 

El alcalde Carlos Fernando Galán ha calificado la medida como un “ataque” a la autonomía territorial y una vulneración de la Constitución. Desde su perspectiva, el proyecto no solo es ilegal por no haber sido construido en coordinación con las autoridades locales, sino que pone en riesgo planes estratégicos en vivienda, infraestructura y a servicios públicos esenciales como el agua y la energía. Uno de los puntos más críticos señalados por la alcaldía es el impacto en proyectos urbanísticos. Se estima que más de 172.000 familias podrían ver en riesgo la legalización de sus viviendas si sus predios son declarados humedales, mientras que 120.000 unidades habitacionales en construcción quedarían en un limbo legal.

Además, obras de infraestructura clave como las líneas 1, 2 y 3 del metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente y la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) se verían paralizadas al encontrarse en zonas afectadas por la medida.

Ante este panorama, la alcaldía ha solicitado al Ministerio de Ambiente retirar el proyecto y abrir un proceso de diálogo con las autoridades locales. Galán también ha anunciado medidas legales para frenar la resolución y ha convocado al gobernador de Cundinamarca y a los alcaldes de los municipios impactados para exigir un proceso coordinado.

La Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) ya presentó una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal istrativo de Cundinamarca, argumentando que la resolución debe ser evaluada por el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá antes de su expedición.

Desde el Gobierno Nacional, la exministra de Ambiente Susana Muhamad defiende la legalidad y necesidad de la resolución. Dice que la sabana de Bogotá fue declarada ecosistema de interés nacional en 1993 y su deterioro es evidente, con ocho de nueve cuencas en riesgo de agotamiento.

Para ella, la crisis hídrica exige medidas estructurales inmediatas, como la restauración de ecosistemas estratégicos y la promoción del reuso del agua. Mientras Galán denuncia un menoscabo de la autonomía territorial y posibles afectaciones a proyectos estratégicos, el Ministerio de Ambiente sostiene que la resolución es una obligación legal para enfrentar la crisis ecológica. En medio de esta controversia, queda la incertidumbre sobre el impacto real de la medida y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el crecimiento de la ciudad y la sostenibilidad ambiental.

Adriana Hurtado, profesora de la Universidad de los Andes, dice que el debate sobre la resolución se ha centrado en la forma y no en el fondo. Advierte que la normativa debe ser más clara, pues términos ambiguos generan incertidumbre. En vez de debatir si bloquea el desarrollo, el enfoque debe estar en cómo aplicar sus lineamientos para integrar la restauración ecológica y la gestión del agua en el entorno urbano.

El problema, dice la experta, no es la falta de regulaciones, sino su implementación. “Es clave definir cómo se financiarán estas estrategias y quiénes serán responsables. El debate debe centrarse en armonizar lo urbano y lo rural sin fomentar la informalidad ni permitir proyectos que agraven los problemas”, explicó.

El profesor emérito Manuel Rodríguez también defendió la validez del artículo 61 de la Ley 99 de 1993, argumentando que la sabana de Bogotá es un ecosistema de interés nacional cuya regulación va más allá de las competencias municipales.

Explicó que, aunque los municipios tienen potestad sobre el uso del suelo, esta no es absoluta, pues deben acatar determinantes ambientales superiores, como la protección de suelos agrícolas y ecosistemas estratégicos.

En este sentido, enfatizó que la norma impide la urbanización en terrenos con alto valor ecológico o agrícola, una restricción clave en un territorio sometido a una fuerte presión inmobiliaria.

Sobre las críticas de que la norma frenaría proyectos clave, Rodríguez desmintió que afecte obras como la ampliación de El Dorado o la construcción del metro, ya contempladas en los POTl. Además, recordó que Bogotá aún tiene 20.000 hectáreas urbanizables sin ocupar y la Sabana 30.000 más, lo que refuta la idea de que los lineamientos limiten la expansión urbana. Aclaró que la clasificación de represas como humedales se basa en el tratado internacional Ramsar, ratificado por Colombia, y busca garantizar el suministro de agua potable y proteger de las cuencas.

Por último, el experto cuestionó la postura de sectores políticos y empresariales que se oponen a la norma, acusándolos de desinformar sobre su impacto real. “El Ministerio de Ambiente organizó 35 mesas de trabajo para discutir el tema con distintos actores”. El experto advirtió que derogar los lineamientos representaría un grave retroceso en la protección ambiental de la Sabana, beneficiando únicamente a urbanizadores, constructores y mineros, en detrimento del equilibrio ecológico y la calidad de vida de los ciudadanos.

El director de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, Luis Lota, expresó su preocupación por la falta de claridad en la aplicación de los Lineamientos para el Ordenamiento Ambiental de la Sabana. Dijo que, aunque se ha señalado en medios de comunicación que el documento contempla una gradualidad para proyectos en marcha, en la revisión del texto no se encuentran referencias explícitas sobre este aspecto. “La incertidumbre es latente, especialmente en proyectos que ya están en desarrollo o en etapas avanzadas de planeación, ya que el documento no establece con precisión cómo se manejará la transición”, afirmó.

Otro punto clave es la articulación de estos lineamientos con los instrumentos de planeación territorial existentes. Si bien la protección ambiental es una prioridad, Lota insistió en la necesidad de coordinar esfuerzos con entidades locales y nacionales para garantizar una gestión eficiente del recurso hídrico. “Hemos trabajado con autoridades ambientales en torno a la protección del agua, pero en ciertos tipos de suelo no está claro cómo garantizarán estas condiciones”, agregó. También destacó la falta de espacios participativos que permitan definir soluciones para los problemas de la Sabana.

El concejal Juan Daniel Oviedo criticó el proyecto de norma. “La prisa por este debate refleja la controversia en torno a la visión de desarrollo del Gobierno”, afirmó, y advertió que el ordenamiento del suelo requiere coordinación entre competencias para evitar conflictos entre desarrollo y protección ambiental.

Subrayó la importancia económica de la sabana de Bogotá, que aporta cerca de una cuarta parte del PIB del país y alberga casi una quinta parte de la población colombiana. Recordó que el Acuerdo de Escazú establece en su artículo 7 que cualquier medida ambiental de ordenamiento territorial con gran impacto debe ser ampliamente consultada con la ciudadanía. Según el concejal, si esta iniciativa se sometiera a escrutinio público, sería rechazada. “Somos más los que creemos en un desarrollo urbano compatible con la protección de los ecosistemas”, aseguró.

Brigitte Baptiste, bióloga y rectora de la Universidad EAN, también expresó preocupaciones sobre la evolución de los lineamientos de ordenamiento territorial, los cuales, según ella, se han convertido en determinantes inflexibles que obligan a adoptar ciertas definiciones sobre el uso del suelo.

Aunque reconoció la necesidad de regulaciones ambientales, advirtió que estas deben basarse en un fundamento técnico y científico sólido, algo que, según su análisis, el proyecto no posee. “La base técnico-científica que sustenta la resolución es extremadamente idiosincrática y aún no está madura”, afirmó.

Uno de los puntos más críticos del debate es la falta de lineamientos claros sobre el tratamiento de terrenos ya ocupados, en especial los ubicados en zonas de protección ambiental. “No está definido qué sucede con viviendas dentro de las franjas establecidas en el documento”, advirtió Lota.

Asimismo, señaló que algunos espacios como humedales son en realidad embalses artificiales, lo que genera incertidumbre sobre su manejo a mediano y largo plazo.

En cuanto a la expansión de Bogotá, Lota recordó que la ciudad creció 18 % en población en los últimos 20 años, lo que incrementó la presión sobre el suelo y los ecosistemas. Insistió en la importancia de coordinar el ordenamiento territorial con la visión de cada municipio y las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. “Debemos construir colectivamente una visión de largo plazo para la región, en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y municipios como Soacha”, enfatizó. Finalmente, reiteró la necesidad de espacios de concertación para equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo urbano.

Oviedo, por su parte, instó a priorizar la inversión en la recuperación ecológica de la Reserva Thomas van der Hammen y en incentivos para la innovación urbanística sostenible. Baptiste, en tanto, subrayó que cualquier decisión debe estar sustentada en evidencia científica robusta.

“La armonización de estos temas es fundamental, y la Región Metropolitana es el mecanismo natural para lograr este equilibrio”, concluyó Lota.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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