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Metro de Bogotá: los detalles de la demanda de nulidad contra la suspensión de los giros del Gobierno nacional

Autor de la demanda explica los argumentos y por qué pide medida cautelar. ¿Qué dice experto jurista?

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Guillermo Reinoso

EDITOR DE BOGOTÁ27.02.2025 11:29 Actualizado: 28.02.2025 06:36

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Una demanda de nulidad contra el decreto que suspendió los giros de las vigencias futuras del Gobierno Nacional para el metro de Bogotá, entre otros proyectos de infraestructura de la ciudad y el país, empezó a hacer trámite en el Consejo de Estado.

En este recurso el demandante, el concejal Juan Baena (Nuevo Liberalismo), argumenta que el decreto 0069 de 2025 del Ministerio de Hacienda vulnera normas constitucionales y legales, y el principio de planeación presupuestal.

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El decreto tiene además una falsa motivación. Para nosotros, no señala las razones objetivas y ciertas a través de las cuales se toman esas decisiones. El sustento no es técnico, sino político

Juan BaenaConcejal de Bogotá

“El decreto tiene además una falsa motivación. Para nosotros, no señala las razones objetivas y ciertas a través de las cuales se toman esas decisiones. El sustento no es técnico, sino político”, afirmó Baena.

En la querella el expresidente del Concejo de la ciudad pide que como medida cautelar se declare la suspensión del decreto del Minhacienda.

El polémico decreto fue expedido por el ministro Diego Alejandro Guevara en enero pasado y suspende, sin previo acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, las partidas de 2025 y hasta de 2026 para proyectos de infraestructura claves para la capital del país.

De hecho, en reacción al aplazamiento de los recursos, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo que “el Gobierno Nacional no puede tomar ninguna decisión de cambiar estos acuerdos de pago sin consultarlo con el Distrito”.

El mandatario bogotano señaló también que “no vamos a permitir que nuestra ciudad se detenga” y que hará todo lo posible para que “el Distrito asuma hasta el año 2026, la carga que este incumplimiento del Gobierno Nacional representa”.

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Galán no descartó una demanda contra el decreto porque consideraba que se estaba configurando un incumplimiento de la Nación con el convenio de cofinanciación del metro.

La primera línea del metro es cofinanciada por la Nación, con un 70 por ciento, y el Distrito, con un 30 por ciento, y como garantía de esos recursos las partes firmaron en 2017 un convenio de cofinanciación, en el cual se contemplaron vigencias futuras.

Con la decisión del Ministerio de Hacienda, el gobierno Petro deja a la primera línea del metro de Bogotá sin las vigencias futuras de julio de 2025 y enero de 2026 y que había sido pactadas en 2017 entre la Nación y el Distrito para cofinanciar la megaobra.

En total, el más importante proyecto de infraestructura de Bogotá y Colombia, y que con frecuencia es blanco de ataques del presidente Gustavo Petro, deja de recibir 770.309 millones de pesos. La preocupación además es porque el Gobierno no ha indicado cuándo se volverán a girar esos recursos.

Dicha decisión de no girar las partidas del metro también afecta a las troncales de TransMilenio de las avenidas 68 y Ciudad de Cali que en el documento Conpes del metro y el convenio de cofinanciación quedaron como alimentadoras de la línea férrea.

De la misma manera, el decreto del Ministerio de Hacienda aplaza los giros por 328.532 millones de pesos que debía realizar en este 2025 para la troncal Calle 13, entre la avenida Las Américas y el río Bogotá. Este proyecto cuenta con dos contratos adjudicados y le falta cuatro más.

Concejal Juan Baena — El concejal Juan Baena Foto:Prensa del concejal Juan Baena

También suspendió vigencias por 345.000 millones de pesos para el Regiotram de Occidente, proyecto de la Gobernación de Cundinamarca, y por 86.829 millones para la región metropolitana.

Estos últimos recursos están destinados para financiar el intercambiador de la calle 80, en la zona del puente de Guadua; el puente de Tibanica, que conectará a Soacha con Bogotá, a través de la avenida Ciudad de Cali.

“Lo que le están haciendo a Bogotá y a las regiones es robarlas. Son 2 billones de pesos que en materia de infraestructura les están bajando a todas las regiones, pero casi billón y medio son de Bogotá”, afirmó Baena en conversación con EL TIEMPO.

El concejal también dijo que “Petro todo el tiempo se le está atravesando a Bogotá” y que los ataques son “sistemáticos” y no solo son contra el metro, que es la obra más importante de Colombia y un sueño de los bogotanos, sino contra obras de infraestructura y programas estratégicos de la ciudad.

“No sabemos qué tiene Petro contra Bogotá. Nos para la ampliación de la autopista Norte, demandaron la extensión de la avenida Boyacá e intervinieron la Subred de Salud Centro Oriente”, cita Baena como ejemplos de la intervención del gobierno del presidente Gustavo Petro en la ciudad.

Por su parte, el abogado istrativo Mario Montenegro Galindo, quien conoce la demanda, considera que el decreto del Minhacienda es inconstitucional por cuanto no tiene en cuenta la jerarquía de las normas.

Según el jurista, el decreto “pasa por encima de la ley 80 de 1993, del Código de Procedimiento istrativo y Contencioso istrativo (Ley 1437 de 2011), el convenio de cofinanciación firmado en 2017 entre el Distrito y la Nación, que es ley para las partes, y varias sentencias” de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado".

“La jurisprudencia ha sido clara en establecer que los actos istrativos deben estar debidamente motivados, de manera que se permita su control de legalidad y se garantice el principio de transparencia en la actuación de la istración pública”, señala la demanda contra el decreto 0069.

En la exposición de motivos también se lee que "el decreto impugnado se basa en argumentos genéricos relacionados con restricciones fiscales del Gobierno Nacional, sin demostrar por qué el metro de Bogotá debía ser prioritariamente afectado frente a otros proyectos nacionales, ni explicar cuál sería el impacto de esta decisión en la movilidad de la ciudad".

Montenegro Galindo indica que la norma del Minhacienda tampoco surgió de un acuerdo entre la Alcaldía de Bogotá y la Empresa Metro con el Gobierno Nacional sobre la suspensión o aplazamientos de las vigencias futuras.

Esta, además de la sustentación técnica, es otra de las condiciones que se debieron cumplir para el Gobierno pueda suspender los giros de recursos.

Y advierte que con la decisión se está causando un daño contra los bogotanos y los colombianos y que la medida cautelar pidió el concejal Baena busca “evitar el daño irremediable” porque la ciudad y la Nación tendrán que incurrir en costos no previstos por cuento de la suspensión de los giros para los proyectos de infraestructura claves que están en ejecución.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En X: @guirei24