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Explicativo
Olor nauseabundo desata medidas sancionatorias en Cajicá por vertimiento ilegal de aguas industriales
La intervención de la CAR se produjo luego de recibir una queja ciudadana.
Olores nauseabundos alertaron a la ciudadanía. Foto: CAR
Una denuncia anónima fue suficiente para destapar una preocupante situación ambiental en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) confirmó la existencia de vertimientos ilegales de aguas residuales industriales en la vereda Chuntame, al norte de Bogotá, por parte de una empresa asentada en un parque industrial que no cuenta con el permiso correspondiente para esta actividad.
La intervención de la autoridad ambiental se produjo luego de recibir una queja ciudadana que alertaba sobre olores desagradables y una presunta contaminación de un cuerpo hídrico cercano. En respuesta, un equipo técnico de la Dirección Regional Sabana Centro de la CAR realizó una visita de inspección al lugar, encontrando la descarga de aguas contaminadas directamente sobre una quebrada adyacente.
Una vez se atendió el requerimiento, recorrimos la quebrada para encontrar el origen del vertimiento y pudimos establecer una descarga de color blanco, al parecer asociada a producción de lácteos y olores ofensivos
“Una vez se atendió el requerimiento, recorrimos la quebrada para encontrar el origen del vertimiento y pudimos establecer una descarga de color blanco, al parecer asociada a producción de lácteos y olores ofensivos”, explicó Liliana Ramírez, directora regional Sabana Centro de la CAR, quien estuvo al frente de la inspección.
El hallazgo no solo confirmó la existencia del vertimiento, sino también su carácter ilegal, ya que el parque industrial donde opera la empresa no posee autorización por parte de la CAR para efectuar descargas de este tipo.
Pese a que representantes de la compañía señalaron que se trataba de una 'contingencia' en su planta de tratamiento de aguas residuales, la autoridad ambiental desestimó esta explicación. Según la verificación técnica y los reportes ciudadanos, la práctica no sería un hecho aislado, sino una acción recurrente.
Punto del vertimiento. Foto:CAR
La justificación presentada no fue acogida, dado que la situación se viene presentando de manera prolongada y recurrente
“La justificación presentada no fue acogida, dado que la situación se viene presentando de manera prolongada y recurrente”, afirmó Ramírez, quien también señaló que se procedió con la suspensión inmediata de la actividad como medida preventiva.
Además del impacto visible sobre la calidad del agua, la CAR reportó que el vertimiento estaba generando malos olores en la zona de influencia, afectando el bienestar de los habitantes del sector. Aunque no se reveló públicamente el nombre de la empresa, se confirmó que se encuentra en un parque industrial de la región, y que su actividad estaría relacionada con el procesamiento de productos lácteos, lo cual explicaría las características del efluente identificado.
No cesaremos en nuestra acción de vigilancia y control, especialmente de empresas, complejos y parques industriales, los cuales conocen su deber de gestionar permisos ambientales ante la CAR.
Este nuevo caso reabre el debate sobre el control de las actividades industriales en zonas rurales y suburbanas, donde muchas veces los impactos negativos al medioambiente pasan desapercibidos hasta que son denunciados por la ciudadanía.
CAR comprobó los vertimientos ilegales. Foto:CAR
Desde la CAR, la directora regional fue enfática al advertir que el seguimiento a este tipo de actividades se intensificará. “No cesaremos en nuestra acción de vigilancia y control, especialmente de empresas, complejos y parques industriales, los cuales conocen su deber de gestionar permisos ambientales ante la CAR. De lo contrario, se exponen a la aplicación de sanciones y medidas de suspensión, tal como lo establece la normatividad vigente”, subrayó Ramírez.
Por ahora, la empresa deberá enfrentar las consecuencias istrativas y legales de su accionar, mientras la CAR continúa con la evaluación del daño ambiental y la posible imposición de sanciones adicionales.
La intervención oportuna de la comunidad y la respuesta de la autoridad ambiental reflejan la importancia de la vigilancia ciudadana en la protección del entorno. Sin embargo, el caso también deja en evidencia las debilidades en la supervisión previa sobre los parques industriales, que siguen operando sin los permisos requeridos, poniendo en riesgo los recursos naturales y la salud de las comunidades vecinas.