Ocean Tower: 12 años del frustrado megaproyecto en Bocagrande y cientos de familias siguen esperando recuperar inversión

En sentencia de segunda instancia,  la sala civil del Tribunal Superior de Bogotá ordenó el pago de 823 millones de pesos a  Graciela Rincón, una de las compradoras del megaproyecto Ocean Tower que había depositado 500 millones de pesos con el sueño de tener una apartamento en el exclusivo sector turístico de Bocagrande, en Cartagena de Indias. 

No obstante, hay cerca de 100 familias que perdieron sus ahorros en el frustrado megaproyecto de apartamentos y hotelero, y que siguen sin obtener respuesta de la justicia.

Del proyecto hoy solo quedan dos moles grises y decadentes que son un monumento al engaño en una de las zonas más exclusiva de la Ciudad Heroica.

Lo que alguna vez prometió ser uno de los desarrollos más exclusivos en la ciudad de Cartagena, hoy se erige como un recordatorio de los riesgos que pueden acarrear los proyectos inmobiliarios de gran envergadura.

Ocean Tower, un proyecto iniciado en 2012, tenía la ambición de convertirse en un moderno complejo de apartamentos y un hotel de lujo. 

Sin embargo, una década después de la fecha de entrega prometida, las estructuras de 27 pisos se encuentran abandonadas, en obra negra, y envueltas en una larga lista de problemas legales, istrativos y financieros.

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“Algo claro que deja esta sentencia es que el proyecto recogió más dinero del que habían proyectado, hubo dinero en exceso, pero falló la fiduciaria que debía supervisar esos recursos, y estamos ante el desvío de 2 mil millones de pesos que la gente pagó por los apartamentos", sostiene el abogado Juan Carlos Orjuela Cortés, representante de la señora Graciela Rincón.

Solo por concepto de los apartamentos, según la sentencia, los socios del proyecto  obtuvieron 32 mil millones de pesos de los bolsillos de los compradores. Hubo además un crédito de la banca por 8 mil millones de pesos, pero los recursos se habrían desviado para la torre hotelera que, no obstante, hoy también es una mole negra y fantasmal frente al mar caribe.

Esta sentencia confirma la orden emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien también había dictado una condena contra Alianza Fiduciaria S.A. por este mismo caso.

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El proyecto Ocean Tower debía entregar sus primeras unidades en 2015, pero la realidad es que la obra apenas alcanzó a completar su fase de obra negra antes de ser suspendida de manera indefinida.

Las torres incompletas enlodan el paisaje turístico de Cartagena, mientras los compradores, la mayoría de los cuales habían invertido grandes sumas de dinero, luchan por recuperar su dinero.

“Esta sentencia tiene un valor de sin igual importancia en la medida en que resalta el incumplimiento de la sociedad fiduciaria a sus obligaciones y deberes legales contractuales y profesionales; y pone claramente sobre la mesa que las fiduciarias no son meras espectadoras en el desarrollo de un proyecto inmobiliario, sino que deben obrar con absoluta dirigencia y profesionalismo para que se logre la finalidad de un proyecto de esta naturaleza", señala el abogado Juan Carlos Orjuela Cortés.

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Y agrega el abogado: "La sentencia resalta el deber y la responsabilidad de las sociedades fiduciarias y constituye un marco y un precedente para cualquier caso de incumplimiento de proyectos inmobiliarios en todo el país".

El grupo Ocean, responsable del proyecto, decidió detener la obra sin ofrecer explicaciones claras a los compradores. Este silencio incrementó la frustración de los afectados. Por ello, 66 de los compradores elevaron una acción de grupo para intentar recuperar sus ahorros. 

Sin embargo, según uno de los abogados involucrados en el caso, la demanda se demoró más de un año en ser itida debido a problemas dentro de la judicatura, lo que solo profundizó la desesperanza.

Está acción de grupo fue presentada en Bogotá, dado que la mayoría de los compradores afectados residen en la capital del país. 

Uno de los demandados más relevantes en el caso es precisamente la Alianza Fiduciaria, sociedad que jugó un papel fundamental en el manejo financiero del proyecto.

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Ante el creciente descontento de los compradores y el estancamiento del proyecto, surgió una esperanza: un grupo de inversionistas intentó rescatar Ocean Tower, lo que generó expectativas entre los afectados. Muchos compradores estaban dispuestos a colaborar con esta iniciativa.

Sin embargo, el Consejo de Estado intervino antes de que estas negociaciones llegaran a buen término. Este tribunal ordenó al Distrito de Cartagena que tomara medidas sobre la obra, iniciando un proceso de intervención que se formalizó en 2022. 

El 16 de junio de ese año se abrió la convocatoria para seleccionar a los agentes liquidadores que se encargarían de manejar el proceso de intervención.

En ese momento, desde la Oficina de Control Urbano del Distrito de Cartagena explicaron que la intervención fue solicitada por los propios compradores. Para poder llevarla a cabo, el Distrito tuvo que establecer reglas claras en cuanto a la vigilancia y control de este tipo de proyectos, algo que antes no existía en la normativa local. De este modo, se inició el proceso de posesión de las sociedades y proyectos afectados  como Ocean Tower.

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El caso de Ocean Tower no solo se limitó a la intervención del Distrito. En 2022 la Procuraduría General de la Nación presentó pliegos de cargos contra cinco exdirectores istrativos de la Oficina de Control Urbano de la Secretaría de Planeación de Cartagena, acusados de omisión en su deber de controlar y vigilar la construcción del edificio. 

Entre los implicados figuran nombres como Olimpo de Jesús Vergara Vergara (2016-2017), Héctor Antonio Anaya Pérez (2017) y Ana Ofelia Galván Moreno (2017-2018), entre otros.

Atrás del grupo Ocean destacan nombres como Sergio Torres Reatiga y su hijo Javier Torres Vergara, empresarios cercanos a la influyente familia Char de Barranquilla, así como otros conocidos empresarios del sector de la construcción, como Carlos Collins y Gilberto Álvarez Mulford, recuerda el abogado.

En agosto de 2023, el Distrito de Cartagena tomó posesión formal del inmueble a través de la Dirección de Control Urbano de la Secretaría de Planeación. La diligencia incluyó la imposición de sellos en la obra y la designación de un agente especial, el abogado José Morales, para liderar la intervención.

Esta acción fue acompañada por la Personería Distrital, la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y la Secretaría del Interior, quienes actuaron como garantes del proceso. 

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En diciembre de 2023, la Superintendencia Financiera de Colombia había dictado una primera condena contra Alianza Fiduciaria S.A., hoy ratificada por el alto tribunal de Bogotá. 

La súper había ordenado a la sociedad fiduciaria indemnizar a Graciela Rincón por más  800 millones de pesos.

El abogado Juan Carlos Orjuela Cortés recuerda que Alianza Fiduciaria falló en su principal función: generar confianza entre los inversores.

Según Orjuela, la sociedad fiduciaria incumplió sus obligaciones legales y contractuales, lo que permitió que el proyecto se desmoronara. 

En la sentencia, la Superintendencia ya había identificado serias falencias en la gestión de Alianza Fiduciaria, que resultaron determinantes en la suspensión de la obra.

Rincón había invertido 500 millones de pesos en la compra de un apartamento en Ocean Tower, pero, al igual que otros compradores, jamás vio materializada su inversión.

La sentencia también obliga a la aseguradora La Previsora S.A. a pagar parte de la indemnización, en virtud de una póliza que tenía con Alianza Fiduciaria.

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Uno de los aspectos más graves revelados por la Superintendencia Financiera en el primer fallo fue la falta de diligencia por parte de Alianza Fiduciaria en la validación de las condiciones necesarias para garantizar el éxito del proyecto. 

Esa sentencia detalla que la sociedad fiduciaria no realizó un adecuado estudio de la solvencia del grupo Ocean, que contaba con un capital muy inferior a los 43 mil millones que costaba iniciar el complejo.

Además, la fiduciaria no verificó adecuadamente el punto de equilibrio del proyecto, lo que permitió que se desviaran recursos por una suma superior a los 20 mil millones de pesos, sin que se aseguraran las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para concluir la obra.

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El caso de Ocean Tower y las recientes decisiones judiciales abren una puerta para que otros compradores afectados sigan el mismo camino legal de Rincón. La posibilidad de recurrir a la Acción de Protección del Consumidor Financiero se presenta como una herramienta clave para quienes han visto vulnerados sus derechos debido a la negligencia de las sociedades fiduciarias y las entidades financieras involucradas.

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El caso de Ocean Tower subraya las complejidades del sector inmobiliario en Colombia y la necesidad de mayor control y vigilancia sobre proyectos que, como este, pueden dejar a cientos de personas en una situación de incertidumbre financiera.

Corresponsal de EL TIEMPO 

Cartagena

En X: @PilotodeCometas