Comisión de Disciplina anuncia proyecto para que abogados que estafan a clientes devuelvan los recursos

Esta semana el magistrado oriundo de Sabanalarga, Atlántico, Mauricio Rodríguez Tamayo, fue elegido como el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 

Rodríguez, de 44 años, asumió en 2020 en la alta corte que disciplina a los abogados y servidores de la justicia. Viene de la academia y de ejercer como conjuez en el Consejo de Estado y como árbitro en la Cámara de Comercio.

Reveló con EL TIEMPO que impulsará un proyecto de ley para que los abogados puedan reparar a los clientes que son estafados con maniobras fraudulentas. Sólo el año pasado fueron sancionados 1.791 abogados por diversas faltas y 49 servidores de la justicia. 

Con muchos. Definitivamente la jurisdicción disciplinaria ha venido creciendo, sobre todo desde el 2021, y lo ha venido haciendo año a año. Necesitamos fundamentalmente acercarnos más al ciudadano. Necesitamos poner en funcionamiento la Policía Judicial. Necesitamos una reforma legislativa que le permita a los clientes que buscan la asesoría de los abogados, cuando los abogados se apropian ilícitamente de sus dineros o de sus bienes, que la jurisdicción disciplinaria también pueda, en las mismas decisiones judiciales, ordenar la devolución de esos recursos o de esos bienes a través de una figura, un incidente de reparación. Y por supuesto, necesitamos fortalecer toda la parte académica de nuestra jurisdicción a través de los consultorios jurídicos. A la jurisdicción también le interesa que la gente no incurra en faltas disciplinarias porque las faltas lesionan la confiabilidad de la justicia ante la ciudadanía.

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Definitivamente tenemos que reconocer que hay abogados que hacen muy bien las cosas. Pero hay un pequeño grupo de abogados, muy tristemente, y lo advertimos con las cifras que manejamos en la Comisión, que definitivamente incurren en una falta recurrente, que es una falta con la honradez. Y es que el abogado recibe el poder, atiende la actuación, cobra la indemnización o el reconocimiento económico que tiene derecho el cliente y se apropia de sus recursos. Entonces al final en el campo disciplinario lo que nosotros logramos es una sanción, pero el ciudadano queda con el sinsabor. El ciudadano siente que igual los bienes o los dineros que el abogado se apropió no tiene cómo recuperarlos. Y aunque hay otras vías legales para hacerlo, un poco lo que queremos promover desde la Presidencia, y ojalá el Congreso de la República nos pueda acompañar con eso, es la implementación de una especie de incidente de reparación que permita que la jurisdicción pueda ordenarle al profesional del derecho la devolución de los dineros o de los bienes de los que se ha apropiado. Ojalá el Congreso pueda ayudarnos. 

Tristemente las faltas que más cometen los abogados que son juzgados por esta jurisdicción y por las que son sancionados están asociados, en primer lugar, a la falta de la diligencia profesional. El abogado aquel que no asiste a la audiencia. El que no presenta el recurso. El que no contesta una demanda. El que demora la presentación de la demanda. La otra falta que es muy recurrente, tristemente, es la que te estaba contando de los que asumen un encargo y obtienen luego un reconocimiento judicial o istrativo de alguna indemnización económica y se apropian muchas veces de esos recursos y no se los entregan al cliente. Otros abogados han sido sancionados porque no tienen los conocimientos necesarios para asumir encargos profesionales. La verdad es un porcentaje muy bajo, pero tristemente muchas veces ocurre eso y creo que eso es un problema sistemático del ejercicio de la profesión, donde tenemos más de 430.000 o 440.000 abogados con tarjeta profesional.

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De los servidores, donde incluyo a magistrados, jueces y fiscales, encontramos un alto porcentaje de quejas relacionados en la demora de los trámites judiciales. Puede ser un 30 o 35%. Por lo general también son denunciados por las decisiones que adoptan y que están cubiertas por el principio de la autonomía judicial. Y esa es la segunda fuente con un 40%. Otro porcentaje muy bajo por hechos relacionados con delitos, que esa decisión es prevaricadora o se aparta de la ley, puede ocupar un 7%. Y ya por hechos de corrupción donde se advierta cobro de dineros por toma de decisiones judiciales, o hechos relacionados con funcionarios judiciales que puedan eventualmente ser parte de una organización criminal, pueden ocupar yo creería que menos de un 1%. No es un número significativo frente a los procesos que maneja la jurisdicción disciplinaria. 

El legislador no previó la posibilidad de que pudiéramos conocer de acciones de tutela. El constituyente, con la reforma del Acto Legislativo 2 de 2015, prohibió que la jurisdicción disciplinaria pudiera conocer de dicho trámite. Nosotros hemos tenido la oportunidad de dialogar y hablar sobre ese tema pero ante todo resaltar la importancia de que nuestra jurisdicción pueda contar con esa herramienta constitucional. Nosotros seguimos siendo jueces constitucionales en nuestras decisiones. Pero también somos jueces constitucionales porque hoy en día seguimos conociendo de una acción constitucional como lo es el 'habeas corpus'. Creemos que estamos listos y preparados y ojalá que en un futuro no muy lejano podamos conocer acciones de tutela.

Creo que los factores que amenazan la independencia de los jueces siempre han sido una constante. A tal punto que es uno de los principios basilares sobre los cuales se mueve la istración de justicia. Lo importante es que en un Estado de derecho como es el nuestro, las diferentes ramas del poder público y los órganos de control, cada uno desempeñe con total tranquilidad las funciones que les han sido encomendadas constitucional y legalmente. 

Creo que nosotros tenemos que concentrarnos en la misión que como jurisdicción disciplinaria cumplimos. En el momento en que la jurisdicción considere que pueda haber, de cualquier órgano externo o de cualquier otro poder, alguna situación que pueda ser constitutiva de alguna situación que pueda afectar o poner en riesgo esa independencia así lo hará. 

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]