A los estrados judiciales se trasladó el debate público generado por el contenido de la canción 'Perra', que lanzó el reguetonero colombiano J Balvin junto con la rapera de República Dominicana Tokischa, cuyo video oficial fue publicado a principios de septiembre en todas las plataformas musicales.
Desde la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y reconocidas columnistas, hasta la propia mamá del artista, criticaron la producción, que incluyó, entre otras cosas, la imagen de J Balvin, un hombre blanco, llevando del cuello, encadenadas, a dos mujeres afrodescendientes ‘disfrazadas’ como perras.
“Yo soy una perra en calor / ‘Toy buscando un perro pa’ quedarno’ pega’o / Ey, eres una perra en calor / Y estás buscando un perro pa’ quedarte pega’ ” es parte de la polémica letra creada en conjunto por ambos artistas. El 17 de octubre, el artista bajó de YouTube el video de la canción y el 24 de octubre publicó un video pidiendo excusas: “Primero quiero ofrecerles mis disculpas con todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente con las mujeres y con la comunidad negra”.
El pasado 19 de octubre el abogado Leonardo Petro Llorente presentó una tutela ante el Consejo de Estado en contra de J Balvin, pero también contra la Presidencia, la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Poblacionales Afrocolombianas del Congreso, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Cultura. La tutela fue itida para estudio el pasado 21 de octubre, y ese hecho le dio un giro inesperado y riesgoso a este debate.
Así lo advierten expertas dedicadas al estudio de la libertad de expresión en Colombia consultadas por EL TIEMPO y que, pese a su desacuerdo con la canción y el video, exponen los riesgos que puede representar para una democracia permitir que los jueces y el Gobierno de turno puedan hacer un control de contenidos sobre las publicaciones artísticas, ya sean canciones –de cualquier género musical–, libros o exposiciones visuales, por solo nombrar algunos ejemplos.
¿Por qué lo dicen? En la tutela, el abogado Petro Llorente no solo cuestiona el contenido sexista, racista, machista y discriminatorio que para él implica la canción, sino que reclama al Presidente de la República y al Ministerio de Cultura por “no tomar medidas o decisiones para evitar que el video y canción Perra sean reproducidos en medios de comunicación”; así como por “guardar silencio y no tomar ninguna medida a favor y en defensa de las comunidades negras”, entre otros.
No tengo nada en contra de J Balvin, no estoy de acuerdo con que haya censura previa, busco que haya una conciencia previa de los artistas en el momento de hacer públicas sus obras
El abogado Petro Llorente le dijo a EL TIEMPO que presentó la tutela porque, como abogado y ciudadano, le asiste una obligación moral de no ser indiferente ante arbitrariedades, atropellos y vulneración de derechos fundamentales. Según su explicación, su intención es que se “marque un precedente para que no se utilice la licencia artística o la licencia literaria como excusa para violar derechos humanos a través de canciones, novelas o pinturas”.
¿Puede esta tutela terminar entonces en un escenario de censura previa a las expresiones artísticas de cualquier índole? El abogado Petro le dijo a este diario que su intención no es que haya censura, sino despertar en los artistas un juicio de valor o una sensibilidad en su proceso creativo para no desconocer derechos.
Ni la Presidencia ni las demás entidades accionadas se han pronunciado oficialmente ante el Consejo de Estado sobre el debate jurídico en el que fueron incluidas por el tutelante.
El abogado señaló a este diario que el Gobierno podía, y aún puede, en aras de mantener la unidad nacional, haber emitido un comunicado, hablar con el artista o incluso haber acudido a las plataformas en las que se estaba reproduciendo el video: “No tengo nada en contra de J Balvin, no tengo nada en contra de la música urbana, no estoy de acuerdo con que haya censura previa, busco que haya una conciencia previa de los artistas en el momento de hacer públicas sus obras, sobre si lo que ellos quieren transmitir lleva un mensaje de restauración del tejido social, de amor; tampoco quiero que sea censura para los artistas propia de las dictaduras, pero sí que haya más control de los entes cuando vean estos videos que violan derechos fundamentales”.
Los riesgos que se abren
La tutela no está llamada a usarse para que un artista sea llamado a rendir cuentas por su arte
Para Ana Bejarano, abogada experta en libertad de expresión y directora de la organización El Veinte, reconocer al Ejecutivo como quien debe responder en este tipo de casos, como alega la tutela, es reconocer al mismo tiempo a dichas entidades como las llamadas a censurar la opinión pública. “Eso es muy peligroso”, dijo Bejarano, y agregó que la canción es grosera, explícita sexualmente y degradante en el uso de la expresión ‘perra’.
“Esto es la judicialización absurda de un conflicto que debería depurar la opinión pública. La tutela no está llamada a usarse para que un artista sea llamado a rendir cuentas por su arte”, agrega Bejarano, y destaca que, en este caso, la polémica funcionó y que el video, que sí podría tener un discurso de odio con la escena descrita, ya fue retirado.
“Se ocupa el sistema de justicia en un asunto absurdo porque solo en las dictaduras el Ejecutivo se pronuncia sobre el arte”, añadió Bejarano, e indicó que puede haber análisis posterior cuando se emiten en manifestaciones artísticas discursos de odio, lo que se puede hacer socialmente, pero que, en todo caso, no es ni puede ser responsabilidad del Presidente en una democracia.
Catalina Moreno, de la Fundación Karisma, advirtió que las limitaciones al derecho de la libertad de expresión en manifestaciones artísticas deben ser mínimas y alertó por la judicialización por un efecto en cadena que se pueda generar en adelante. “¿Por qué no mejor el diálogo? ¿Por qué no mejor hablar de estas discriminaciones antes que silenciarias? Eso es mucho más peligroso, la censura”, afirmó.
La experta dijo que existen discursos que no están protegidos bajo la libertad de expresión, como los que promueven el odio y la apología del genocidio. Y la premisa, siguiendo estándares internacionales, es que manifestaciones que puedan ser ofensivas o chocantes, como podría ser la letra de canción, sí están protegidas por la libertad de expresión más allá de que no gusten.
La libertad de expresión protege “expresiones que sean chocantes, ofensivas, molestas, políticamente incorrectas”.
Luisa Isaza, también abogada experta en libertad de expresión, le dijo a EL TIEMPO que el hecho de que una canción pueda ser considerada ofensiva para un sector de la población no quiere decir que no reciba protección constitucional. En ese sentido recordó que la Corte Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han dejado en claro que la libertad de expresión protege “expresiones que sean chocantes, ofensivas, molestas, políticamente incorrectas”.
Además, de calificar como peligroso que se le permita en eventual escenario a un Presidente que tenga palabra y poder sobre contenidos, Isaza hizo énfasis en que la mujer que se está llamando a sí misma ‘Perra’ en la canción es la propia autora Tokischa, quien defendió en la W Radio su creación. “Siempre he sido así, superexplícita con lo que digo, abierta y erótica. Una mujer ‘perra’ es libre, empoderada, a la que no le importa”, dijo.
Para Isaza, es importante resaltar que tiene que ser isible que una mujer se llame a sí misma de esta manera y precisó que a pesar de ser autora, no fue incluida en la tutela. Hasta el momento, J Balvin no se ha referido específicamente a la tutela, pero sí designó ya ante el Consejo de Estado al abogado Juan David Ocampo Barrera para su defensa.
El caso está en manos del magistrado Jaime Rodríguez Navas.
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