'Mi hijo es trans y necesita avanzar en la transición, no retrasarla'

“Soy una mujer cabeza de hogar. Siempre he estado sola asumiendo el proceso de crianza de mi hijo. Vi sus comportamientos desde temprana edad enfocados en lo masculino, yo misma trataba de “feminizarlo” por ignorancia, seguramente si hubiese estado informada de que existían esos casos mi ayuda habría sido desde más temprana edad”.

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Daniela* es una madre cabeza de hogar, desempleada, que hace lo que puede con ventas, trámites de contabilidad, ayuda en locales comerciales para vivir. El dinero no alcanza y menos para los gastos médicos de su hijo, quien se identifica como hombre desde muy pequeño, y requiere de tratamiento para avanzar en su transición, así como cambiar el componente de sexo de su registro de nacimiento y su nombre.

“Pienso que el caso de mi hijo se da en un porcentaje mínimo de la población, y como a todas las minorías desde el seno de la familia tratamos de tapar esas verdades, yo lo vi llorar a los 3 años para que no le colocara falda ni aretes ni nada femenino, era tan pequeño que yo no entendía por qué, lo presentía en un sentido, pero no lo aceptaba hasta que me lo dijo, le agradezco su confianza en mí siendo un menor de casi 14 años”, añade Daniela*.

La mujer recibe 250.000 pesos que el padre de Manuel* le da de cuota alimentaria. El o con él es nulo. No solo la dejó cuando quedó embarazada sino que luego la culpó a ella de las decisiones de su hijo y cuando habla con él, utiliza pronombres femeninos, a pesar que se le ha pedido que no lo haga.

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“Sé que es verdad que siente disforia y que quiere llevar su vida y expresar su género sin ocultarse o sentirse mal. Muchas veces he pensado qué se siente rechazar el cuerpo donde estamos o sentirse niño en cuerpo de niña. Eso fue lo que le entendí y lo apoyo porque veo que es real y auténtico su deseo”, dice Daniela.

“El cambio de nombre es muy importante pues de eso depende ser más libre para presentarse en sociedad y para trabajar dice él, para ir a un lugar y con el documento de identificación legal que corresponde con su expresión de género”, agrega.

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Estas consideraciones las hizo Daniela* a la Corte Constitucional. No es su nombre real, sino uno que le asignó el alto tribunal para proteger su identidad y la de Manuel*, quien al momento de estudiarse este asunto tenía 17 años.

Viven en un municipio de Boyacá y con una tutela lograron que se les autorizara unos procedimientos médicos. Esta mamá está reclamando que se le autorice el tratamiento hormonal, que es el deseo de su hijo, junto a hacerse una cirugía para no tener busto.

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En el proceso han enfrentado discriminaciones. Según Daniela*, los psicólogos de la EPS Sanitas le dijeron que “había niñas así”, con “tendencia” a lo masculino. Y otra profesional del hospital en donde los atienden, de nuevo volvió a pedir un tratamiento psicológico cuando, expresa la mujer, ya cinco especialistas dejaron en claro que Manuel* es una persona trans “y que lo que se necesita es avanzar en el proceso no retrasarlo aún más”.

“Sé que el tratamiento completo incluye más cirugías y procesos por eso ruego a ustedes instar a la EPS Sanitas (…) a que suministre todo lo necesario sin dilaciones ni excusas para que el proceso se haga aunque falten menos de 4 meses para la mayoría de edad de mi hijo”, dijo.

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Entre tanto, Manuel* ha tenido que enfrentar en el colegio público en el que está, que lo llamen con el nombre con el que fue registrado al nacer, con pronombres femeninos, con la excusa de que para llamarlo como el quiere se necesita el cambio legal de identificación.

Sin tener como pagarlo, su madre hizo la petición a la notaría respectiva en Bogotá, pero no ha tenido respuesta y, ante todo, no entiende por qué, si su expareja está ausente, si negó a su hijo cuando nació y pidió prueba de adn, si no ayuda a la familia, si no presta apoyo emocional, es necesaria su firma para poder hacer el cambio de nombre. 

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"No firmar es su forma de evitar hacer frente a una realidad que ni los especialistas médicos pueden negar”, reclama Daniela* quien le pidió a la Corte poder hacer todos esos trámites pronto y sólo ella.

“Que se apruebe que con solamente mi firma como representante del menor se permita el cambio de nombre, y se le restituyan los derechos de mi hijo a una vida digna y feliz que siempre ha merecido y que yo como madre quiero procurar, si alguna vez me equivoqué al no darme cuenta más a tiempo del caso de mi hijo hoy quiero resarcirlo dando mi firma para que su vida sea lo que debió haber sido hace mucho tiempo”.

Manuel*, a su turno, dijo que el cambio de nombre es necesario “para mi futuro para sentirme bien para llegar a las metas que tengo en mi vida”. De su padre, relata que si bien hablan una vez al mes por chat, no le tiene afecto ni lo considera familia. “Me llama en femenino y ya se le había pedido el favor de que no lo hiciera”, dijo.

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En fallo conocido por EL TIEMPO, la Corte Constitucional analizó primero las respuestas que hasta el momento ha dado la EPS Sanitas y advirtió que como juez no puede ordenar el tratamiento hormonal solicitado porque todavía su médico tratante no ha dado la orden médica para esto.

En ese sentido, Manuel* “debe continuar con su proceso psicológico hasta el momento en que los médicos y especialistas competentes consideren que cumple con las condiciones de salud físicas y mentales para iniciar su terapia de reemplazo hormonal y se pueda realizar los procedimientos de reconstrucción de pecho masculino y terapia para freno puberal, sin que ello atente contra su integridad física o mental”.

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A pesar de ello, el alto tribunal falló a favor de Daniela y Manuel* y ordenó que Sanitas garantice de forma continua y sin dilaciones la prestación de los servicios médicos que el joven requiera hasta culminar su tratamiento para la disforia de género. “En esa medida, deberá abstenerse de imponer barreras istrativas o de cualquier otra índole que puedan llegar a retrasar injustificadamente dicho proceso”, advirtió la Corte.

Además, orrdenó a la EPS a tomar las medidas necesarias para suministrar el servicio de transporte intermunicipal a Manuel que como paciente ambulatorio requiera para acceder a todos los servicios de salud incluidos en el Plan de Beneficios en Salud que prescriban sus médicos tratantes, así como para cubrir los gastos de alojamiento y manutención, estos últimos solo cuando sean necesarios, de acuerdo con la ubicación de la clínica en donde se autorice el servicio.

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Con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, el alto tribunal hizo especial énfasis en la situación de la identidad de Manuel* para advertir que tiene derecho a modificar sus documentos antes de cumplir 18 años, reprochar que la Notaría 53 de Bogotá nunca contestó la petición ni a él ni a la Corte y advertir que en este caso, es posible inaplicar el requisito de que ambos padres autoricen el procedimiento.

Lo anterior, porque el padre está absolutamente desinteresado en Manuel, no respondió a los juzgados ni a la Corte cuando fue requerido; porque el joven cuenta con la capacidad evolutiva necesaria para tomar, en ejercicio de su autonomía, la decisión de cambiarse el nombre, su madre lo apoya y ha manifestado su consentimiento en la referida decisión.

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Además, porque “la identidad sexual masculina es la que Manuel efectivamente ha asumido y vivido”, porque al momento de estudiarse el caso el joven estaba ad portas de cumplir los 18 años y porque su participación en el procedimiento “tiene un carácter prevalente en razón al respeto de su identidad de género”-

“Existe una afectación real de los derechos fundamentales de Manuel debido a la divergencia entre el nombre que le fue asignado al nacer y su identidad de género; circunstancia que se ha configurado en una barrera para su desarrollo e imposibilita la reivindicación de su identidad, derecho que le asiste a la luz del principio de la dignidad humana y la consecuente autonomía de las personas”, dijo la Corte.

El alto tribunal también dijo que tenía ese mismo derecho, respecto de su documento de identidad y le dio 48 horas a la notaría para hacer los respectivos cambios.

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Por último, la Corte calificó de inisible que el colegio en donde está Manuel le exigiera el cambio legal para llamarlo por el nombre con el que se identifica.

El alto tribunal recordó que “la identidad de género y la orientación sexual son aspectos inherentes a los individuos que hacen parte de su fuero interno, pero deben tener la posibilidad de ser exteriorizados plenamente, de ser reconocidos y respetados, incluso de generar o excluir de ciertas consecuencias jurídicas”.

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E indicó que “cualquier actuación judicial o istrativa debe aceptar que el reconocimiento pleno de estos derechos está ligado a la posibilidad de que las personas puedan expresar plenamente su sexualidad y que la misma no puede ser objeto de invisibilización o reproche”.

Por eso, ordenó al Colegio para que tome medidas y disponga que todo el personal lo llame por el nombre que el escogió.