El magistrado de la Corte Constitucional José Fernando Reyes se declaró impedido para no participar en el estudio de la reforma a la justicia aprobada el año pasado por el Congreso.
El jurista dijo que debe apartarse del caso porque antes de ser magistrado de la Corte y hasta septiembre de 2017 fue magistrado de carrera de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, corporación a la que renunció tras ser elegido en el alto tribunal.
El posible impedimento se daría porque la reforma a la justicia que estudia la Corte hay un artículo que dice que cuando un juez o magistrado de tribunal de carrera sea designado para un cargo con un periodo fijo en la Rama Judicial, obtendrá una comisión por ese tiempo, para luego poder volver al cargo al que desempeñaba.
“La mencionada disposición permitiría a quienes pasan de la carrera judicial a una Alta Corte, que lo hagan sin que sea necesario renunciar a la carrera y por ello podrían de nuevo regresar a su cargo cuando termine el periodo respectivo. En ese sentido puedo decir que posiblemente comparece en mi un interés personal y directo”, dijo Reyes en su impedimento.
La Sala Plena de la Corte deberá estudiar este impedimento para retomar la discusión de fondo sobre el asunto. Ya en mayo había negado el impedimento que presentó la magistrada Natalia Ángel Cabo.
Lo que ha pasado
En este caso, la Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que dé luz verde a la reforma al indicar que no hubo vicios de forma y fondo en su trámite como sí lo asegura el Consejo Superior de la Judicatura, que pidió al alto tribunal tumbar la norma.
La Procuraduría dijo que las reformas incluidas en el texto aprobado, como considerar la justicia como un servicio público esencial, la creación de dos cargos de magistrados en el Consejo de Estado o incluir a la jurisdicción disciplinaria en la estructura orgánica de la Rama Judicial (en cabeza de la Comisión de Disciplina Judicial), no viola la Constitución.
La reforma aprobada modificó las funciones de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, permitiendo que sus integrantes (los presidentes de las Cortes) elaboren conceptos vinculantes para la Judicatura sobre el plan de inversiones y el presupuesto de la Rama.
Ese punto fue cuestionado ante la Corte por la Judicatura. En reciente entrevista con EL TIEMPO, su presidente, el magistrado Jorge Luis Trujillo Alfaro, lo explicó en estos términos.
"La Corte Constitucional ha sido clara en señalar que nuestro modelo de gobierno y istración defiende la independencia del Consejo Superior de la Judicatura y diferencia las labores de istrar justicia y gerenciar la Rama. Entendemos que la reforma, tal y como fue aprobada por el Congreso, se separa de esta intención, dado que genera una coistración judicial ya que dichos conceptos serían vinculante", dijo.
@JusticiaET
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