Al ritmo actual, implementar la paz tardaría 11 años más de lo previsto

Este miércoles la Contraloría presentó el quinto informe de seguimiento sobre la ejecución de los recursos de la paz. Se trata de un documento de 300 páginas que contiene los hallazgos del órgano de control en cuanto a las inversiones para el posconflicto. 

El informe, que abarca el periodo desde 2017 hasta el 31 de marzo de 2021, será presentado al Congreso de la República e incluye un dato preocupante: al ritmo en que se están ejecutando los recursos, la implementación del acuerdo final de paz se lograría en 26 años y no en 15, como fue planeado.

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El informe de seguimiento destaca que entre 2017 y 2020 se registró una ejecución de $ 22,4 billones, lo cual es un 65 por ciento de lo que estaba previsto para este periodo; y un 15 por ciento frente al costo total de $ 146,7 billones, a precios de 2020, que se estima que se requerirán para la implementación de todo lo pactado entre el Estado y la exguerrilla de las Farc.

Aunque la ejecución presenta un crecimiento anual promedio de 5 por ciento desde la firma del acuerdo de paz, el órgano de control destacó que el ritmo "aún es insuficiente para cumplir con lo planeado en el Plan Marco de Implementación", dice el informe.

Es por ello que se advierte que, de seguir así, con una inversión en promedio de $ 5,6 billones anuales, la implementación de la paz tardaría al menos 11 años más que lo que estaba previsto. 

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El informe dice que en ningún año se ha cumplido con la ejecución programada y que hay rezagos de $ 8 billones para el periodo 2017-2018, $ 4 billones en 2019-2020 y $ 3 billones para lo programado en el 2021.

Con los resultados del seguimiento a los recursos, los principales riesgos que la Contraloría detectó tienen que ver con el riesgo de desfinanciación de la implementación, por la falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y las entidades territoriales.

También se reiteró un riesgo de desbalance en la ejecución de recursos en algunos pilares del acuerdo de paz, frente a apuestas estructurales y cronogramas de la implementación, pues, por ejemplo, mientras el pilar Educación Rural concentra el 24 % de la ejecución acumulada a 2021, el pilar de ordenamiento social de la propiedad, que incluye la implementación del catastro multipropósito, solo concentra el 3 % de las asignaciones presupuestales.

Se llamó la atención por riesgos asociados a la debilidad técnica de los municipios, además del bajo nivel de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos que conlleva a incumplimientos, deficiencias de calidad y pérdida de valor de las inversiones. Esto en cuanto al Ocad Paz, un órgano que aprueba los proyectos de inversión relacionados con la implementación del acuerdo.

Otro riesgo identificado es de incumplimientos en la ejecución de los proyectos y en el uso de los recursos públicos ejecutados por privados, debido a deficiencias en el seguimiento y monitoreo del avance físico y financiero de las obras por impuestos por las entidades que coordinan este mecanismo.

El Contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, informó que ha habido un crecimiento de 5 por ciento anual de los recursos destinados, también "hay un faltante de 15 billones de pesos para cumplir con el plan marco de implementación, lo que haría que se prolongara la implementación del acuerdo".

El balance presentado por la Contraloría destaca algunas de las conclusiones para cada uno de los seis puntos del acuerdo de paz.

En materia de programación y ejecución presupuestal de la Reforma Rural Integral se han destinado $ 18,4 billones para el periodo 2017 a 2021. En educación rural se han invertido 36,2 % de esos recursos, en infraestructura y adecuación de tierras (27,2 %) y en producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa (14,4 %).

Pero materias como ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, salud y garantía progresiva del derecho a la alimentación, tan solo representan el 8,6 %.

Además, aunque en 2020 se inició la implementación del catastro multipropósito, que muestra un avance a 31 de marzo de 2021 del 15,4 % del territorio nacional, lo que equivale a 10,6 millones de hectáreas, a la Contraloría le preocupa un riesgo de desfinanciamiento para esta iniciativa; y el Fondo de Tierras, principal instrumento para abordar esta política, no cuenta con recursos monetarios para la compra o subsidio de tierras.

"La creación de la jurisdicción agraria es unos de los puntos de grave incumplimiento. Debería estar en operación hace 3 años y la dos veces que se ha presentado el respectivo proyecto de ley se ha archivado", señala también el informe.

En materia presupuestal, el punto sobre participación política registró una ejecución de $ 376.825 millones a 2020 y una programación presupuestal de $ 28.005 millones en 2021.

Pero ha mantenido una tendencia decreciente desde el inicio de la implementación, pues para el año pasado registró una ejecución de $ 34.186 millones, lo cual representa una disminución de 61 % frente a la vigencia 2019. Así mismo, los recursos planeados en 2021 son inferiores en un 18 % respecto de 2020.

En cuanto al punto 3, de fin del conflicto, hubo una ejecución de $ 1,9 billones desde 2017 hasta el año pasado. En 2020 se ejecutaron $ 680.726 millones, un 32 % más frente a la ejecución de 2019 por el Presupuesto General de la Nación.

En 2021, la programación presupuestal es de $ 638.400 millones, lo que proyecta una disminución de 6 % con respecto a 2020. 

En este punto, el documento añade que en el periodo analizado, la ejecución de recursos para este ítem se orientó en un 45 % al pilar de reincorporación política, económica y social ($302.674 millones) y en 55 % al de garantías de seguridad ($376.587 millones).  

Se destacó que la reincorporación económica y social de los excombatientes registra avances asociados a la continuidad en la ejecución de los recursos dirigidos al pago de los beneficios económicos de la reincorporación temprana. Además, entre 2018 y marzo de 2021 se han aprobado 2.569 proyectos productivos individuales para 3.371 beneficiarios y 88 proyectos productivos colectivos para 3.090 beneficiarios.

No obstante, se registró una posible pérdida de recursos públicos por $ 2.760 millones equivalentes al apoyo a 345 proyectos individuales "que se encuentran cerrados, entre otras causas, por deficiencias en la istración, baja rentabilidad, bajos niveles de comercialización y dificultades de , o por el covid-19".

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La ejecución para el cuarto punto, de solución al problema de las drogas ilícitas, fue de $ 3,5 billones durante el periodo 2017-2020, y una de $ 10.458 millones para 2021.

La Contraloría destacó que si se compara la vigencia 2017 con la 2020 hay una disminución de 69 por ciento de los recursos ejecutados, pasando de $ 1,4 billones en 2017 a $ 433.000 millones en 2020. Asimismo, para 2021 disminuye en 98 por ciento lo planeado frente a la vigencia 2020.

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El documento llama la atención especialmente sobre la ejecución del PNIS, pues se registra una disminución del 81 % entre 2017 y 2020. Y para 2021 no se evidenciaba "la programación de recursos que garantice el cumplimiento de los compromisos con las familias PNIS, los cuales se encuentran rezagados a la fecha de este informe".

De hecho, en la fase de proyectos productivos de ciclo corto y de ciclo largo, el documento señala que menos del 1 por ciento de familias (726) tienen su proceso de sustitución culminado.

Y el contralor delegado para el posconflicto resaltó, además, que han identificado que para el PNIS hay un faltante de 1.7 billones de pesos "para poder terminar todos los ciclos del PNIS y cumplirle a las familias inscritas en ese programa".

Sobre prevención del consumo y salud pública hubo una disminución de la ejecución del 90 %, "toda vez que en 2020 no se registraron aportes de la Cooperación Internacional a la prevención del consumo, y el Presupuesto General de la Nación registra una baja dinámica".

Con relación al pilar sobre solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos hubo, en contraposición, un incremento en la ejecución del 77 %, explicado principalmente por los gastos de funcionamiento del Ministerio de Justicia relacionados con el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).

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En materia de ejecución presupuestal para el punto 5 del acuerdo de paz, sobre víctimas, se registró un valor de $ 1,8 billones para el periodo 2017-2020.

Para 2020 se ejecutaron $ 653.932 millones y en 2021 se programaron recursos por $ 667.024 millones, evidenciándose un incremento de 4 %.

Como principales avances para la implementación se destacó el avance de la Jurisdicción Especial para la Paz en el trámite de los 7 macrocasos abiertos, con 12.678, personas sometidas a la entidad y un total de 808 comparecientes vinculados.

También se resalta que en el periodo analizado se monetizaron bienes entregados por las Farc por un valor de $42.680 millones y se cuenta con otros con un valor susceptible de monetizar de $25.924 millones. "Y producto de la monetización de los bienes comercializados, a febrero de 2021, se obtuvieron rendimientos financieros por valor de $424 millones".

Sobre los puntos negativos, se señala que la Comisión de la Verdad enfrentó barreras en el a información por parte de algunas entidades estatales, argumentando reserva sobre la misma. Además, todavía no se cuenta con un universo de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, ni con el Registro Nacional de Fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

Y para la indemnización de víctimas, estas personas hoy supera los 7 millones para quienes se requeriría un valor aproximado de $48,6 billones, según cálculos de la Contraloría en 2020, por lo que los recursos programados continúan siendo insuficientes.

Para el punto 6 del acuerdo, que versa sobre mecanismos de implementación y verificación, el órgano de control registró una ejecución de $ 634.257 millones durante el período 2017-2020, de los cuales $ 102.937 millones corresponden a la vigencia 2020, con un incremento de 45 % frente a 2019. Además, para 2021 hay una programación de $ 75.261 millones proyectándose una disminución de 27 % frente a 2020.

Pero el órgano de control identificó que persisten los rezagos asociados a la actualización del Plan Marco de Implementación y a la interoperabilidad del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) con otros sistemas de información, lo cual dificulta la óptima planeación y seguimiento de lo trazado en el acuerdo de paz.

Según el informe de seguimiento, en la vigencia 2020 fueron comprometidos $200.922 millones (4% menos que en 2019) para la implementación de los indicadores étnicos, lo cual representa el 3,3% del total del presupuesto del Acuerdo Final.

No obstante, hay un rezago en el cumplimiento del capítulo étnico del acuerdo y "son bajas las asignaciones en temas prioritarios para los pueblos étnicos, como el ordenamiento social de la propiedad y las garantías para la participación política".

Y sobre el enfoque transversal de género, la ejecución de recursos, dice el informe, "es insuficiente, teniendo en cuenta que durante 2020 estos representaron el 3% del total de los recursos del acuerdo final, por un total de $194.119 millones".

También se advirtió "una omisión generalizada de la población LGTBI en las medidas, programas y proyectos del Acuerdo Final, sobre todo en el punto 1 de reforma rural integral".

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