Portazo a proyecto que busca crear una política pública de cárceles productivas

Aunque destacó su intención de promover la resocialización de personas privadas de su libertad, el Consejo Superior de Política Criminal (CSPC), órgano asesor del Estado en esa materia, no le dio su aval a un proyecto de ley que busca crear una política pública de cárceles productivas (P) en favor de los presos.

(Lea también: Nuevo intento del Gobierno para quitarle funciones a la Procuraduría).

Esta iniciativa, radicada en la Cámara de Representantes, propone una serie de normas para implementar la política, también propone que el Inpec haga convenios con entidades públicas y privadas para vincular a presos en procesos productivos, que se destinen espacios al interior de los establecimientos para ser adecuados para el desarrollo de actividades productivas,y también se habla de crear incentivos para las entidades públicas o privadas que participen en el programa de cárceles productivas, entre otras cosas.

En términos generales, el CSPC consideró que es “oportuno que las iniciativas legislativas estén orientadas a promover la integración social y laboral de las personas privadas de la libertad a través de diferentes mecanismos, como lo es, en este caso, la promoción de alianzas entre empresas públicas y privadas y las entidades que forman parte del Sistema Penitenciario y Carcelario, de tal forma que se generen condiciones institucionales e incentivos para lograr la vinculación laboral de esta población”.

(Le puede interesar: Proyecto que pide penalizar violencia de género digital recibe portazo).

Pero en el análisis de los contenidos del proyecto que tienen un impacto político-criminal porque se refieren al funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario, el Consejo resaltó varias falencias.

En primer lugar, dijo que “este es un proyecto de ley que promueve reformas legales innecesarias” por cuanto los asuntos que se propone regular en la Política Pública de Cárceles Productivas ya se encuentran regulados de manera general en el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) y en normas específicas de trabajo penitenciario.

(Lo invitamos a leer: Galeón San José: así va la demanda de 'cazatesoros' estadounidenses contra Colombia).

En ese sentido, el concepto del CSPC dice que lo que propone el proyecto de ley es posible de hacer “por medios istrativos con el marco normativo vigente. A su vez, el desarrollo de una política pública como la que se propone tampoco requiere de una reforma legal para poder ser plasmada o implementada”.

Así, el concepto cita varios apartes del actual Código Penitenciario que hablan sobre el trabajo en prisión, e incluso trae a colación que datos del Inpec, con corte a mayo de este año, señalaban que había casi 3.000 personas privadas de la libertad realizando actividades laborales en la preparación y distribución de los alimentos en las cárceles, y a través de convenios con entidades públicas o privadas diferentes al Inpec.

Es por eso que para el Consejo de Política Criminal, aunque el proyecto hace referencia a los problemas de hacinamiento en cárceles e incluye información estadística y cualitativa sobre los procesos de resocialización y trabajo penitenciario y algunas de sus falencias, “no se explica por qué el marco normativo vigente es insuficiente para desarrollar una política como la que se propone mediante una reforma legal, ni tampoco por qué las reglas que se proponen, por el contrario, son idóneas y necesarias en ese sentido”.

Otra crítica general tiene que ver con la financiación de la política propuesta, y si bien el Consejo no se pronunció de fondo sobre la viabilidad financiera de la iniciativa, comentó que la misma propone la creación de un Fondo de Sostenimiento del Programa de Cárceles Productivas, pero las fuentes de financiación son prácticamente las mismas de las que podría disponer el Inpec, y solo habría una nueva que sería una retención del 5 por ciento de la remuneración de los presos.

(Podría interesarle: Ciberataque: Judicatura activó plan de choque para que la justicia no se frene).

“Se estima oportuno diversificar las fuentes de financiación de ese fondo pues pareciera que la única fuente nueva de recursos es la retención del 5% de la remuneración a los privados de la libertad, lo cual difícilmente sería suficiente para sostener la implementación de una política y la adquisición de bienes requeridos para que esta funcione adecuadamente y con mayor alcance”, se lee.

Finalmente, el Consejo, del cual hacen parte varias entidades del Estado y algunos congresistas, hizo algunos comentarios sobre la coherencia constitucional y legal de algunas de las medidas que se proponen en este proyecto.

Por ejemplo, la propuesta habla de “criterios de elegibilidad” que deben establecer los directores de las cárceles para determinar cuáles serán las personas privadas de la libertad que participen de estos programas. Pero el Consejo recordó que todas las personas tienen derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, por lo cual “una política de vinculación laboral para la población privada de la libertad debería tener una pretensión de generalizado e igualitario, o tener unas pautas de selección claras, en lugar de dejar la participación a discreción de los directores de establecimientos de reclusión”.

(Más notas: Es necesario avanzar en una acción fronteriza en contra del narcotráfico, dice la ONU).

Con todo esto, el concepto del Consejo Superior de Política Criminal fue desfavorable, aunque como estos conceptos no son vinculantes, la iniciativa de todas formas puede continuar con su trámite legislativo. Eso sí, una última advertencia el organismo fue que en caso de que se aprobara como ley, sus artículos quedarían aislados del Código Penitenciario y Carcelario, lo que generaría mayor dispersión normativa y problemas de interpretación y coherencia.

En X: @JusticiaET