Procuraduría investiga posible omisión de uniformados en secuestro a fiscales

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer en la tarde de este lunes que se abrió una investigación para establecer si hubo irregularidades del Ejército y la Policía en medio del secuestro a tres fiscales y una funcionaria judicial en Antioquia.

El episodio se presentó el pasado 3 de febrero entre Cáceres y Medellín, en jurisdicción de Valdivia. Allí, 12 hombres armados secuestraron a los servidores públicos, estando entre los victimarios Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, jefe del 'clan del Golfo'.

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Para averiguar si quizás hubo una omisión disciplinaria de los uniformados que patrullaban en la carretera, la procuradora general, Margarita Cabello, designó a la delegada para la Fuerza Pública para que recoja las denuncias hechas por la Fiscalía.

Y es que el fiscal general, Francisco Barbosa, al momento de dar a conocer el estado de los funcionarios tras el secuestro, indicó que en el relato que ellos dieron, contaron que "pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”.

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Otra medida que se tomó desde el órgano de control fue ordenarle a la Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales conformar una agencia para intervenir dentro del proceso penal abierto por estos hechos.

A primera hora de este lunes, el fiscal Barbosa dio a conocer que un juez de control de garantías ordenó la captura de 'Gonzalito' por el delito de secuestro agravado. 

En sus declaraciones, Francisco Barbosa explicó que, preocupados, los fiscales afirmaron que durante el secuestro pasaron “por tres puestos de control del Ejército y la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”, comentario al cual el Ejército respondió que atenderá directamente el pedido elevado por el ente acusador.

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Tras el episodio, este diario conoció que los afectados no reportaron molestias físicas, pero sí estaban angustiados emocionalmente por lo vivido, por lo cual se les dio unos días de reposo.

Esta situación de inseguridad también llevó al fiscal general a cerrar temporalmente la sede de la Fiscalía en Tarazá, y provocó la reacción del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, el cual sentó su “voz de repudio”.

Carlos López

En Twitter: @CarlosL49