'La inacción sigue cobrando la vida de firmantes de paz': Londoño en audiencia de JEP

Desde la mañana de este 20 de septiembre, la Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz asisten a una audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que deberán dar explicaciones sobre la protección de excombatientes de las Farc, frente a la violencia que vienen sufriendo.

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Esto teniendo en cuenta que entre el 1. ° de diciembre de 2016 y el 14 de septiembre de este año fueron asesinados 397 excombatientes, según las cifras del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, que istra la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

Es por esto que la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de Verdad de la JEP citó a esta audiencia pública de seguimiento de las medidas cautelares para garantizar la seguridad y la vida de exguerrilleros que son comparecientes ante esta justicia transicional.

Por el lado de la Fiscalía se conoció que quien asistirá será la vicefiscal Martha Mancera, y la JEP también citó a Hernando Toro Parra, director de la Unidad Especial de Investigación.

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Mientras que el comisionado de paz, Danilo Rueda, asistirá de forma virtual para responder qué han hecho entidades del Estado para el desmantelamiento de las organizaciones criminales en el país, en el entendido de que detrás de gran parte de los homicidios de ex-Farc están este tipo de grupos ilegales.

Los magistrados Raúl Sánchez y Reinere de los Ángeles Jaramillo, que dirigen la audiencia, son integrantes de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) de la JEP. Ambos hicieron la presentación respectiva y dijeron que el tema central son cuáles garantías se han brindado para la protección de los comparecientes forzosos.

Después de ello tomó la palabra el comisionado Danilo Rueda, quien explicó que desde el 8 de agosto de 2022, una de las prioridades fue la reactivación del mecanismo que propiciaría la discusión del desmantelamiento de estructuras criminales, las cuales se han construido con consensos en las regiones.

"La Fiscalía dará fe de la construcción de consensos en medio de las diferencias. No hemos ahorrado un solo esfuerzo, un solo día en reconocer que el acuerdo de paz del Teatro Colón es la columna vertebral de la política de paz", aseguró el funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En la audiencia, en la que recalcó que no pudo ir presencialmente porque está a punto de reunirse con voceros de un grupo ilegal en aras de llegar a la paz, Rueda invitó a trabajar con más entidades este tema, recalcando que esta situación en contra de los firmantes viene desde muchos años atrás.

Así mismo, aseguró que este gobierno ha reactivado casi todos los mecanismos del acuerdo de paz y que "la política de paz no es la única respuesta del Gobierno frente a los factores de violencia, están todas las intervenciones del ejercicio legal y legítimo de la fuerza, como se está desarrollando en Cauca en zonas específicas, está la intervención integral de los programas de Gobierno".

Finalmente, Rueda recordó que varios firmantes de paz trabajan con la Oficina del Alto Comisionado en las regiones para construir paz y evitar que persista la violencia.

"Si bien hay un cuadro dramático de asesinatos que hemos repudiado, también hemos de decir que muchos firmantes de la paz del Teatro Colón, además de estar vinculados en la oficina de paz, están trabajando en los territorios diversos ejercicios de construcción de paz, persuasión e incidencia para evitar daños a los ciudadanos entre ellos los firmantes de paz", aseguró.

Gloria Cuartas, por su parte, presentó los antecedentes y las hojas de ruta del Gobierno para proteger a los firmantes, así como de la recuperación de confianza entre las comunidades y el Estado.

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"Yo quiero valorar en esta audiencia que sin el proceso de los defensores de derechos humanos, sin el rol de la sociedad civil, primero porque no es una contraparte, es una parte fundamental para que podamos entender que la protección a la vida, las garantías de líderes sociales, el rol de este gobierno en la protección de firmantes y de la búsqueda de la paz, no era igual en los anteriores gobiernos, por eso la gran decisión del presidente Gustavo Petro fue el rol de la sociedad civil".

Luego de ella tomará la palabra la vicefiscal general, Martha Mancera, para cerrar con comentarios de los voceros de las Farc, entre quienes está Rodrigo Londoño, exjefe de esa guerrilla, y el Ministerio Público.

La vicefiscal Mancera tomó la palabra para aclarar que la competencia de la Fiscalía, y resaltó que su labor es investigar hechos delictivos. 

“A nosotros nos corresponde la investigación y contribuir al desmantelamiento desde otro pilar que se llama articulación. Esa articulación debe ser efectiva", sostuvo.

Así mismo, insistió en un llamado que ha venido haciendo la Fiscalía al Gobierno por la no ejecución de órdenes de captura en varios territorios contra cabecillas criminales, y aseguró que actualmente tienen 431 órdenes de captura por violencia contra excombatientes que no se han hecho efectivas.

Además, expuso que el ente acusador está preocupado porque no está pudiendo ingresar a varios territorios a hacer actos urgentes: "No hemos podido lograr ingresar a territorios para poder hacer actos urgentes, miremos lo que pasó en Tierralta y en Tuluá, donde los jueces son amenazados los jueces. Estas son zonas urbanas donde en anteriores años, en medio de una situación compleja, igual podíamos entrar. Se pierden el 60 por ciento de los elementos probatorios si no podemos hacer los actos urgente".

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Mancera también se refirió a las órdenes de captura que, por solicitud del Gobierno, la Fiscalía ha suspendido, son 72 órdenes de captura, el 80 por ciento de disidentes y el restante, del Eln.

Frente al desmantelamiento de organizaciones delictivas, la Vicefiscal General resaltó la importancia de ir por las finanzas de esas redes.  "Si no les quitamos la plata a las organizaciones criminales y a los servidores públicos que se han beneficiado con esto, no vamos a tener un país en paz".

Así mismo, la funcionaria enfatizó en la necesidad de dar dinero para financiar la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, y citó que la Fiscalía pidió presupuesto para tener 6.000 funcionarios más, ya que en años anteriores han perdido unos 7.000 cargos, “y volvimos a quedar con la misma capacidad de reacción para investigar como en 1992”.

Continuó: “Pedimos 6.000 y nos acaban de informar que se fue con concepto desfavorable del Minhacienda”, lo cual afecta gravemente la posibilidad de investigar estos graves delitos. 

La vicefiscal general también llamó la atención por la expansión de grupos armados ilegales, los cuales representan un peligro para los excombatientes, y aseguró que en el departamento de "Cauca hay un control total de la disidencias".

También habló Hernando Toro, director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, quien se refirió del mismo modo a lo que está pasando en algunos territorios.

"Cuando una organizaciones ya tiene control total o parcial del territorio no necesita siempre imponer la violencia letal, cuando el control no es total, ahí sí actúa de esa manera", comentó.

Toro también dijo que han venido aumentando las afectaciones contra excombatientes, y presentó cifras como que en 2022 se presentaron 508 asesinatos, tentativas de homicidio, y desapariciones, y apenas a agosto de este 2023 esa cifra ya iba en 551. Frente al esclarecimiento, en 2022 se avanzó en el esclarecimiento de 299 casos, y este 2023 esa cifra va en 326. 

Luego de la exposición de la Fiscalía y de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP procedieron a hacer algunas preguntas.

El magistrado Gustavo Salazar cuestionó que se estén presentando, entre otros crímenes, desplazamientos forzados de excombatientes por amenazas de otros grupos armados, y señaló que buena parte de las afectaciones a los ex-Farc están viniendo de disidencias de las Farc con las cuales hoy el Gobierno adelanta acercamientos de paz. 

"Lo que vemos es que el Estado Mayor Central (disidencia) son los responsables de un número importantísimo de crímenes y no pasa nada, ellos siguen matando, siguen desplazando y eso no tiene consecuencias en términos del diálogo. Lo que está realizando esa agrupación son en esencia crímenes de lesa humanidad", indicó.

Así mismo, cuestionó que estos hechos no tengan consecuencias sobre los diálogos de paz que adelanta el Gobierno. 

"No puede pasar que el proceso de paz con el EMC o disidentes se haga sobre la muerte de firmantes de paz. La paz total tiene que ser absolutamente integral. No puede ser que sigan matando y a futuro se pacte una tabula rasa sobre estos crímenes, no es posible", comentó, al preguntarle al comisionado Danilo Rueda cuáles son las consecuencias en los diálogos con estos grupos de que sigan afectando a excombatientes.

También el magistrado Raúl Sánchez hizo fuertes críticas al Gobierno: "Eso de andar exhortando a criminales suena muy bonito pero es muy ingenuo, eso sin la presencia del Estado es muy complicado", expuso, sobre la manifestación del Comisionado de Paz de que le han pedido a las disidencias que dejen de afectar a excombatientes.

Sánchez entonces preguntó: "¿Cuántos compromisos ha alcanzado con estas organizaciones de no atentar contra la vida de los firmantes del acuerdo de paz?

Exigir algo y quedarse en el papel no es nada".

En la sesión de la tarde de la audiencia, se escuchó la intervención de varios voceros del partido Comunes, conformado por excombatientes que dejaron las armas.

Entre ellos, Olga Marcela Rico cuestionó que se afectó la arquitectura del acuerdo de paz, también rechazó la estigmatización de la que han sido víctimas los firmantes, y dijo que una parte de esto viene de que el Gobierno haya reconocido a las disidencias con el nombre de 'Estado Mayor Central de las Farc', "¿Hasta dónde se permite o estimula la estigmatización a quienes firmamos este acuerdo? ha venido generando confusión, un manto de duda y justificación de todos los crímenes de los cuales hemos sido víctimas, afectaciones que vienen de esos grupos".

Por su parte, Rodrigo Londoño, jefe del partido Comunes y el último comandante máximo de la exguerrilla de las Farc, cuestionó que la Fiscalía presente como "esclarecimiento" avances que solo son órdenes de captura, pues esto "resulta limitado y anticipado".

Londoño cuestionó así mismo una ausencia de investigación en más de 90 municipios donde se han presentado homicidios.

"La inacción sigue cobrando la vida de los firmantes de paz. La cifra se acerca a 500", indicó, y añadió: "Aunque todos no desarrollan su proceso de reincorporación bajo la figura del partido, el acuerdo de paz es para toda la población" firmante.

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