Alta tensión entre el Gobierno y la JEP: 'Cualquier cierre prematuro causaría enorme perjuicio al país', dijo presidente del tribunal

Este jueves el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) magistrado Roberto Vidal respondió duramente a la propuesta que en los últimos días lanzó el comisionado de Paz, Otty Patiño, de cerrar la JEP e instaurar otro tribunal de cierre del conflicto.

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“La Jurisdicción Especial para la Paz expresa su preocupación ante las declaraciones públicas del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, en las cuales se refirió a un posible cierre de la JEP. Cualquier cierre prematuro de JEP le causaría un enorme perjuicio al país, a las víctimas, y a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc y a los de la Fuerza Pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial”, comenzó diciendo Vidal en una rueda de prensa.

Seguidamente señaló que al Gobierno Nacional le corresponde garantizar y respetar la temporalidad de este tribunal transicional para que pueda investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado.

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Incluso, el magistrado Vidal advirtió de una posible respuesta que llegaría de la Corte Penal Internacional si Colombia deja de cumplir con su responsabilidad de investigar y sancionar estos crímenes.

“La JEP alerta sobre la posición que puede tomar la Corte Penal Internacional (I) frente a cualquier decisión que apunte a cerrar la JEP antes de tiempo o que impida el desarrollo de sus funciones, o restrinja los recursos para su operación. Esto puede ser visto por la I como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de juzgar crímenes internacionales. Teniendo en cuenta que, a raíz del trabajo de la JEP, la I decidió levantar el examen preliminar sobre Colombia en materia de investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad”, dijo. 

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El presidente de la JEP agregó que esta institución tiene una función clave en la estabilización, la seguridad jurídica, la protección de los derechos de las víctimas, la reconciliación y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.

“Estas iniciativas desde el Ejecutivo resultan muy riesgosas si apuntan a que las nuevas instituciones que se deben crear para resolver los asuntos judiciales de los procesos de paz en curso se construyen sobre la base de la destrucción de la JEP o de su descrédito. La JEP hace un enérgico llamado a respetar la separación de poderes, como principio esencial del Estado constitucional de derecho, y a garantizar la autonomía que le asiste a esta Jurisdicción”, dijo.

De otra parte, el magistrado Vidal también cuestionó que el actual Gobierno esté incumplimiento su responsabilidad en materia de garantizar la suficiencia presupuestal de la JEP en particular para el cumplimiento de las sanciones que están próximos a dictar.

“La JEP llama la atención sobre el hecho de que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Este dinero estaba destinado a la implementación de la imposición de sanciones, a través de las que los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades. Esto puede llevar a un escenario en el que la JEP emita sentencias y no existan recursos para ejecutarlas”, dijo Vidal.

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Sobre esto el magistrado señaló que el año pasado, después de varias conversaciones con el Gobierno, se había acordado destinar 450.000 millones de pesos del Fondo Colombia en Paz para las sanciones y componente restaurativo de la JEP, pero dijo que en el último mes les dieron que esos recursos fueron destinados dentro de la Unidad de Víctimas a otras misiones.

Sobre este mismo tema esta semana la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) se había pronunciado cuestionando las ideas del Gobierno, al que le pidió respetar la independencia y autonomía de la justicia y de este organismo encargado de investigar y juzgar los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto armado, y satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

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La Corporación añadió que el periodo de funcionamiento de la JEP está debidamente establecido y “no puede pretenderse afectar o menoscabar ninguna de las funciones constitucionales y legales (...) Cualquier afectación a la JEP, como lo sería a cualquier otra corte u órgano judicial, implicaría un grado de desconocimiento de la Constitución, generando gran desestabilidad institucional”.