Tensión entre Gobierno y Poder Judicial escala: JEP pide respetar su jurisdicción ante propuesta del comisionado de paz de cerrarla

Los ruidos en la relación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las altas cortes del país siguen en aumento. La cabeza de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal, le advirtió al Ejecutivo que la renovada intención de adelantar el cierre de la JEP para crear un supertribunal de paz podría poner al país en la mira de la Corte Penal Internacional (I).

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“Frente a cualquier decisión que apunte a cerrar la JEP antes de tiempo (su vigencia inicial va hasta 2033) o que impida el desarrollo de sus funciones, o restrinja los recursos para su operación, esto puede ser visto por la I como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de juzgar crímenes internacionales”, aseguró el magistrado Vidal en un nuevo capítulo de las tensiones en las relaciones entre el Ejecutivo y esa jurisdicción.

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Desde hace más de un año, impulsada en buena medida por el entorno del excanciller Álvaro Leyva, el presidente Petro ha venido hablando de su idea de establecer una suerte de supertribunal de cierre para todos los involucrados en delitos cometidos en el marco del conflicto armado, incluso por encima de la JEP. Esa idea fue retomada recientemente por el comisionado de Paz, Otty Patiño, en una entrevista con El Espectador. 

“Tenemos otros frentes de trabajo: el cierre del proceso de Justicia y Paz, el mismo cierre de la JEP, que también es muy importante y que de todas maneras en ese cierre se puedan acoger personas u otras entidades”, señaló. Y agregó que “se está pensando cómo se acota, cómo se cierra, cómo se impide que esa justicia especial se prolongue en el tiempo y pueda debilitar a la justicia ordinaria”.

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Simultáneamente, en el accidentado presupuesto del 2025, el Gobierno recortó las partidas destinadas para la JEP y puso en riesgo, según los magistrados, el cumplimiento de las funciones de esa jurisdicción. Vidal le recordó al Ejecutivo que ha sido precisamente el trabajo de la JEP el que llevó a que la I levantara en 2021 el examen preliminar que había sobre Colombia en materia de crímenes de guerra y de lesa humanidad (ver entrevista).

El duro pronunciamiento de Vidal, quien dijo que la JEP es “la columna vertebral que sostiene el cumplimiento del acuerdo de paz”, pone también sobre la mesa las tensiones que hay entre los términos del acuerdo de paz con las Farc de 2016 y los desarrollos que el Gobierno pretende darle a la ‘paz total’. Así, por ejemplo, la intención del presidente Petro de desarrollar una negociación política con la disidencia de alias Iván Márquez choca con las salvaguardas impuestas en el acuerdo y blindadas constitucionalmente en contra de los que traicionaran la negociación.

El tribunal transicional, que está a punto de producir sus primeras condenas, también alertó por el recorte presupuestal. De hecho, está en el limbo un acuerdo suscrito hace dos años y que garantizaba que habría recursos por 450.000 millones de pesos para la puesta en marcha de los proyectos restaurativos de la JEP, claves para el cumplimiento de sus sentencias. Hace un mes, el Gobierno decidió cambiar la destinación de esas partidas.

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Se trata, según Vidal, del cumplimiento de las sanciones transicionales que no solo son el cierre jurídico que llevan ocho años esperando los comparecientes tanto de las ex-Farc como de la Fuerza Pública, sino la respuesta al reclamo de justicia que por décadas han tenido miles de víctimas.

Para la JEP, más allá de cualquier discusión que pueda darse, al Gobierno nacional le corresponde garantizar y respetar la temporalidad de este tribunal transicional para que pueda investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado. Algo que se firmó en el acuerdo de paz de 2016, que se ratificó ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y a lo cual adicionalmente se comprometió el Estado colombiano ante la I.

A las advertencias de la JEP sobre la gravedad de las propuestas del Gobierno se han sumado instituciones como la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), que le pidió al Ejecutivo respetar la independencia y autonomía de los jueces. “Cualquier afectación a la JEP, como lo sería a cualquier otra corte u órgano judicial, implicaría un grado de desconocimiento de la Constitución”, dijeron.

La protesta de la JEP, que pidió respeto del Ejecutivo, se da luego de que varias decisiones de las cortes han sido duramente fustigadas por el presidente Gustavo Petro, que incluso ha señalado fallos como desarrollos del supuesto ‘golpe blando’ que, asegura, hay contra su gobierno. Con esto de fondo, el jefe de Estado es esperado en el XIX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, en Manizales.

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Estos episodios con el Gobierno han sido catalogados por los presidentes de las altas cortes y expertos como un ataque directo a la independencia de la Rama Judicial. Es por ello que este jueves, en la instalación del conversatorio, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas, hizo un llamado por la independencia judicial.

El magistrado indicó que la democracia “permanece bajo amenaza y allí el constitucionalismo cumple una de sus más notables tareas: limitar el poder donde traspasa sus límites y exigir la actuación del Estado cuando ella es insuficiente”. A su vez, dijo Reyes que “alzar la voz por la independencia judicial siempre ha constituido una prioridad” y manifestó que “la defensa de una judicatura independiente e imparcial es la condición necesaria para que la sociedad le asigne la trascendental tarea de asegurar la supremacía de la Constitución”.

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También hizo referencia al peligro de no tener tribunales independientes. “Cuando la independencia judicial queda en riesgo, el autoritarismo encuentra su lugar y las cortes independientes, guardianes de la Constitución, deben evitar y contener cualquier forma de coaptación prohibida de la democracia”, dijo. El domingo, en entrevista con EL TIEMPO, Reyes advirtió que los fallos no se afectarán por las manifestaciones, en referencia a las convocadas para defender la pensional.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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