Informe de la Defensoría del Pueblo contribuiría a la Ley Minera

Este informe, elaborado entre abril de 2023 y enero de 2024, consultó autoridades nacionales, expertos académicos, líderes sociales, ambientales y líderes sindicales, identificando distintas problemáticas que ocasionan situaciones de conflictividad social en el sector minero energético y, que en muchos casos, han escalado a situaciones de violencia.

“Muchos de estos conflictos degeneran en actos de violencia desdibujando el derecho a la protesta social en términos pacíficos, por lo que este informe busca que se promueva la adopción de las medidas necesarias en los distintos escenarios, incentivando además el diálogo entre los distintos sectores sociales y teniendo en cuenta que el sector minero energético ha sido un gran impulsor del desarrollo del país”, explicó Carlos Ernesto Camargo Assis, defensor del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo señaló que cerca del 80 por ciento de los conflictos se presentan porque no se cumplen los acuerdos suscritos entre empresas, estado y comunidades. Es especialmente en las fases de extracción y producción, en las que se evidencian mayores reclamos por parte de las comunidades, y es allí donde se puede lograr que el Estado vuelque su mirada a ellas, para que puedan lograr que se garanticen sus derechos, reciban beneficios y compensaciones adecuadas por cuenta de las operaciones emprendidas en los territorios.

Entre 2010 y 2020, la exportación de minerales de Colombia le representó al Sistema Nacional de Regalías 28.22 billones de pesos, según datos de la Agencia Nacional de Minería. Se trata, principalmente, de los minerales como, carbón térmico, metalúrgico y coque, ferroníquel, oro, plata, platino y esmeraldas.

La Defensoría del Pueblo priorizó el análisis de tres regiones tomadas como casos de estudio, respecto a las cuales se analizan tres subsectores: energía eléctrica, minería e hidrocarburos. Estos estudios evidencian impactos ambientales, socioeconómicos y sobre los derechos humanos, que requieren la intervención estatal y el diálogo entre las partes.

“Se trata de zonas donde existe pobreza, hay debilidad institucional, presencia de actores armados, impactos ambientales como contaminación de las fuentes hídricas y del aire, además de impactos en derechos humanos y territoriales, que generan unos riesgos a las comunidades y que resultan afectándolas en el desarrollo de su actividad común. Son territorios donde la gente no encuentra condiciones laborales, no hay inversión social, ni desarrollo de infraestructuras”, explicó el Defensor Delegado para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, oficina que lideró la elaboración del informe en cuestión.

Para esta oficina Delegada, las empresas no pueden suplir la obligación del Estado de garantizar el goce efectivo de los derechos de las comunidades que habitan en los entornos de las operaciones. “Eso genera situaciones de intereses contrapuestos que producen conflictos sociales”, explicó el Defensor Delegado.

Las tres regiones en las que se llevó a cabo la investigación fueron el departamento de La Guajira, donde se desarrolla la explotación de carbón térmico y a donde se ha iniciado la implementación de parques eólicos y otros proyectos asociados a la transición energética; el Magdalena Medio, donde se evaluó la explotación de hidrocarburos y la explotación aurífera en cabeza de pequeños mineros; y, el departamento del Chocó, relacionado con la explotación aurífera y cuprífera, en un contexto de persistencia del conflicto armado, cuyas dinámicas de violencia están estrechamente asociadas a las rentas que brinda la explotación aurífera.

Marcela Sánchez Sánchez, de la Plataforma del Campesinado Carmen de Atrato, fue una de las líderes sociales que participó en el desarrollo del informe de la Defensoría. Ella agradeció la presencia de los investigadores en su territorio, que describió como “poco reconocido”.

“En Colombia, a la par con sentencias y leyes, necesitamos políticas públicas y una presencia estatal más fuerte. Como comunidades nos hace falta información y eso es lo que nos es más esquivo, hemos llegado al recurso de la tutela para solicitarla y los expedientes aparecen perdidos. Este es un territorio valiosísimo en el escenario del cambio climático, por eso cómo organizaciones queremos cada vez mejores herramientas en gestión para también contar con mejores argumentos”, apuntó Sánchez.

En La Guajira, Ana Anarinda Iguarán Palmar, una líder social del pueblo Wayuu, participó también en la investigación de la Defensoría. Ella advierte del peligro que para su gente representa la llegada de los parques eólicos de generación de energía. “Nuestro territorio es lo más importante para nosotros y mucha gente ha sido sacada de él. Necesitamos sentarnos a hablar desde cero porque a nosotros las llamadas energías limpias, hasta ahora, nos han parecido muy sucias”, indicó Iguarán.

Juan Camilo Delgado Gaona, de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) del Magdalena Medio, resalta dos crisis en el territorio. La crisis ambiental producto de las afectaciones y la agudización de las conflictividades socioambientales, en un contexto de consolidación y expansión de las actividades económicas asociadas al sector mineroenergético. En segundo lugar, la crisis humanitaria que engloba las conflictividades socioambientales, pero sobre todo las dinámicas del conflicto armado interno enmarcadas en intereses económicos, también dentro del sector minero-energético. 

Recuerda que, “existen pasivos ambientales por la explotación hidrocarburífera sobre las fuentes hídricas, y la construcción de la paz en la región del Magdalena Medio implica ubicar como un elemento central la transformación de las conflictividades socioambientales alrededor del sector minero-energético, en función de la protección del agua, de nuestros ecosistemas, pero ante todo de la vida de las comunidades y sus liderazgos”.

La elaboración de este informe también involucró la participación de empresarios. Rafael Pinto, de Parex Resources -una empresa dedicada a la extracción de gas y petróleo, con operaciones en Casanare y Arauca- advirtió sobre la necesidad de comprender la diversidad de Colombia en sus territorios. 

“Cada región tiene su estructura propia y sus conflictos particulares, así como sus formas de resolverlos, y todas ellas están muy lejos de ser Bogotá, Medellín o cualquiera de las grandes ciudades. La brecha es extensa, pero sí hay necesidades en común: agua potable, educación y seguridad. El empresariado debe entender que, para crecer, debe también crecer el entorno”, señaló Pinto.

A través del informe, la Defensoría del Pueblo les hizo recomendaciones puntuales a los ministerios del Interior, de Minas y Energía, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, especialmente al Viceministerio de Asuntos Multilaterales. También a la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-energéticos y Agrarios, a las corporaciones autónomas regionales y algunas gobernaciones, además de las empresas del sector minero energético.

Entre ellas se destacan la necesidad de consolidar la Política Pública para una Transición Energética con Justicia Social y Ambiental, que contemple una visión basada en la gestión y transformación pacífica de los conflictos sociales, reconociendo las distintas problemáticas denunciadas en los territorios, en relación con la explotación de los recursos minero-energéticos y sus impactos a largo plazo. Igualmente, complementar las estrategias de formalización y distritos mineros especiales, así como la reglamentación de zonas de protección ambiental, con políticas y normativas ambientales, mineras y étnicas, garantizando la destinación de presupuestos para la inversión en manejo ambiental. 

En el mismo sentido, que estos presupuestos apunten al ejercicio y garantía de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, como son los pueblos indígenas, negros y campesinos. También, apoyar e impulsar las negociaciones para la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante, que permita regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas del sector, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

“Las recomendaciones que formula el informe de la Defensoría apuntan a que el Estado adopte mecanismos efectivos para gestionar, prevenir y transformar la conflictividad social, atendiendo a las causas estructurales que generan esos conflictos, en materia de pasivos ambientales, contaminación, violencia y debilidad institucional”, concluyó el Delegado para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social.

Para la Defensoría del Pueblo, la nueva Ley Minera que se está tramitando actualmente, debe recoger estas recomendaciones, con el fin de que tengan un efecto positivo en los territorios, con miras a un desarrollo armónico, que integre mecanismos de participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones frente a los proyectos minero energéticos, expresados en garantías concretas para sus derechos fundamentales.

Para más información, el informe completo puede consultarse en file:///s/macintoshhd/s/INF%20EJECUTIVO%2010-05-2024%20(1).pdf