El ‘muro legal’ que Florida construye contra migrantes

Esta semana, el Senado de la Florida aprobó un conjunto de normas que muchos describen como las más severas de todo el país contra la inmigración ilegal.

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Si bien las medidas deben aún surtir su trámite por la Cámara -donde se anticipa que también serán aprobadas-, confirman desde ya el agudo giro hacia la derecha que se registra en un estado que hasta hace pocos años era considerado oscilante en términos políticos.

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El viraje incluye no solo lo migratorio sino un vasto conjunto de aspectos que van desde lo educativo y médico hasta lo social y cultural. Un cambio, en gran medida, encabezado por el gobernador y posible candidato presidencial Ron DeSantis y un Congreso estatal que lleva varios periodos controlado por el partido republicano.

De acuerdo con el senador estatal Blaise Ingogolia, el objetivo central de la medida es construir un “muro legal” en contraposición a un muro físico para volver a la Florida un estado inhóspito para los inmigrantes ilegales y aquellos que facilitan su llegada.

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“Hemos llegado a esto por la incompetencia del gobierno federal para impedir el flujo de migrantes ilegales por la frontera. Y es desafortunado que los estados estemos en esta posición pero debemos proteger a nuestros residentes”, sostuvo Ingogolia en una abierta crítica a las políticas migratorias de la istración del presidente Joe Biden que enfrente una verdadera crisis por la llegada masiva de ilegales a los puertos de entrada en EE. UU., donde se viene registrando cifras récord en estos dos últimos años.

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De acuerdo con el Migration Policy Institute (MPI) muchos de estos migrantes, entre los que hay miles de colombianos, terminan radicándose en la Florida gracias a la ayuda de familiares o amigos que ya están en EE.UU y los ayudan a conseguir trabajo.

Según MPI, en el estado habría casi 750.000 ilegales en la actualidad.

El proyecto ataca el problema desde varios ángulos. Por una lado, prevé severas penas de cárcel para aquellos que sean capturados transportando a ilegales en el estado, así sean estadounidenses. Así mismo, declara inválidas las licencias de conducción expedidas por otros estados y que sirven para identificarse ante las autoridades. Esto para contrarrestar una decisión tomada en California que permitió a más de un millón de ilegales obtener licencias de conducción.

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Prohíbe, además, que los gobiernos locales en el estado emitan tarjetas de identificación a personas que no logren demostrar su estatus legal en el país, y exige a los votantes en elecciones declarar primero si son ciudadanos de Estados Unidos.

Deroga, también, una ley de 2014 que les permitía a ciertos inmigrantes sin estatus -como los llamados dreamers o personas que fueron traídos al país siendo muy niños- obtener tarifas reducidas en universidades y le pide a los hospitales que reciban fondos del gobierno averiguar por el estatus legal de los pacientes antes de prestarles servicio.

Los centros médicos, paralelamente, estarán en la obligación de compartir dicha información con las autoridades. Pues, aunque a nadie se le negará la atención médica, la intención aquí es doble: obtener información y frenar el uso de recursos estatales para atender a ilegales.

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Para cerrarles el mercado laboral, el proyecto propone elevar las sanciones contra personas empresas que contraten a alguien sin permiso legal de trabajo o con un permiso falso. Las sanciones serían graduales, arrancando con penas financieras, y luego cárcel y la disolución de la empresa para los reincidentes. Las autoridades, además, tendrán el poder para realizar auditorías a las empresas con el fin de determinar si en sus nóminas hay ilegales.

Las medidas, por supuesto, han provocado el repudio entre demócratas y grupos que defienden los derechos de los inmigrantes.

“Estos proyectos van a terminar convirtiendo a Florida en una estado policial en el que se erosiona la seguridad pública y se destruye la confianza entre las comunidades”, sostiene A.J. Hernández, del SPLC Action Fund.

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Para Mike Madrid, estratega republicano y cofundador del llamado Lincoln Proyect, en el fondo movidas como estas -y que adelantan otros como Texas- “tienen sobre todo un objetivo político y electoral pues caen bien en la base del partido republicano pero no hacen nada por promover una verdadera reforma migratoria que corrija un sistema que plagado de inconsistencia”.

Algo similar a lo que hicieron los gobernadores de ambos estados -DeSantis y Gregg Abbott- el año pasado cuando causaron un escándalo al montar a ilegales en buses y aviones para transportarlos a estados controlados por demócratas.

Ambos sostiene el estratega, son aspirantes a la presidencia y quieren ser vistos como los más firmes frente a la inmigración ilegal, unos de los temas que llevó a Donald Trump a la presidencia en 2016 y que será también central en las campañas para los comicios del 2024.

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El giro de la Florida no es solo en lo migratorio. El año pasado, DeSantis ya había firmado una ley que declara ilegal el aborto más allá de la semana 15 de gestación salvo algunas excepciones. Eso luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara Roe vs. Wade, una sentencia previa de esta misma corte que legalizó la práctica en Estados Unidos.

Pero, ahora, el Congreso estatal, bajo su auspicio, quiere ir mucho más allá. Esta semana, también, la Cámara de Representantes aprobó un nuevo proyecto que prohíbe el abortó a partir de la sexta semana y que convertiría al estado en uno de los más restrictivos de todo el país.

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Aunque el lenguaje incluye una excepción para víctimas de incesto y violación, solo permite la práctica en estos casos hasta la semana 15. Los críticos sostienen que se trata de un veto casi total frente al aborto, pues casi ninguna mujer sabe que está embarazada antes de la sexta semana y en los casos de incesto o aborto se exige una estricta documentación para demostrarlo que es improbable obtengan antes de que se venza el plazo.

Las normas en la Florida ya contemplan severas penas para los que realicen la práctica sin la debida documentación o más allá de lo permitido, lo cual ha reducido el número de médicos y clínicas dispuestas a tomar el riesgo.

En lo educativo, DeSantis y los republicanos del estado están en guerra frontal contra la instrucción en escuelas sobre identidad de género, orientación sexual y discriminación racial.

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En 2022, la legislatura había aprobado ya una ley que impide que se enseñe sobre estos temas antes del cuarto grado elemental. Pero, ahora incluyeron una nueva medida que busca bloquear este tipo de instrucción hasta el grado noveno, o inicio del bachillerato en EE. UU.

Así mismo, vienen realizando “purgas de libros” en colegios para impedir que estudiantes y profesores tengan a este tipo de material.

Estas iniciativas de DeSantis hacen parte de una “cruzada” que ha lanzado contra lo que llama el movimiento woke en EE. UU. o la cultura de la cancelación. Parte de ella, ha sido su disputa con Disney World luego de que la empresa criticó su ley de educación por considerarla discriminatoria contra la comunidad LGBTIQ+.

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El gobernador respondió empujando un proyecto -firmado hace tres semanas- que acabó con la autonomía que tuvo el parque durante décadas en Orlando.

Todas, tanto las medidas migratorias, como sexuales y educativas, hacen parte del portafolio que DeSantis le quiere presentar al país y a los conservadores que espera lo elijan a la Casa Blanca en un futuro próximo y que están cambiando, de manera radical, la vida de muchos en el estado del sol.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68