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Día clave para reformas de Milei: Cámara de Diputados inicia discusión de 'ley ómnibus'
Con el proyecto, Milei busca desregular la economía y reducir peso del Estado. ¿Qué dice el texto?
Manifestación contra el nuevo gobierno del presidente argentino Javier Milei frente al Congreso Nacional. Foto: AFP
PERIODISTAActualizado:
El presidente de Argentina, Javier Milei, afronta este miércoles el desafío de un debate parlamentario clave para el futuro de su plan de profundas reformas económicas en el país suramericano.
La Cámara de Diputados convocó a sesión a las 10:00 a.m., hora local (8 a. m. hora Colombia) con en fin de debatir en el pleno el proyecto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, remitida por el Ejecutivo a finales de diciembre para ser tratada en sesiones extraordinarias.
La denominada 'ley ómnibus' por la extensión del texto y la amplitud de las reformas que incluye llega a la instancia del pleno de la Cámara Baja tras un mes de agrias discusiones en las comisiones parlamentarias e intensas negociaciones entre el Gobierno y los distintos bloques políticos y los gobernadores de provincias para sacar adelante la iniciativa.
Como marco de una sesión que se prevé más que agitada, a las puertas del Congreso de la Nación se manifestarán este miércoles organizaciones sociales y sindicales que rechazan la amplia reforma que impulsa Milei para desregular la economía.
¿Cómo quedó la iniciativa y qué opciones tiene de prosperar en el Congreso? Abecé.
¿Qué es la 'ley omnibus'?
El proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue enviado por Milei al Congreso el pasado 27 de diciembre con 664 artículos y prevé la cesión de facultades legislativas al Ejecutivo en el marco de una emergencia múltiple. Hace parte, además, del objetivo de Milei de desregular la economía y reducir el peso del Estado.
La 'Ley Ómnibus', como se le conoce al proyecto, se complementa con un mega decreto de 366 artículos emitido por Milei con más desregulaciones, que fue suspendido parcialmente por varios tribunales y que también debe considerar una comisión bicameral del Congreso.
La 'ley ómnibus' incluye una reforma del sistema electoral y del régimen impositivo, además de permitir la privatización de las empresas públicas.
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El decreto también limita el derecho a huelga, modifica convenios laborales y el sistema de indemnizaciones por despido, además deroga leyes de protección a los consumidores contra aumentos abusivos de precios cuando la inflación anual supera el 160 % y el 40 % de la población viven en la pobreza.
La iniciativa deroga la ley de movilidad jubilatoria y la que regula los alquileres, libera el precio de comisiones bancarias y tasas punitivas para deudas y permite a los clubes deportivos convertirse en sociedades anónimas, entre otras normas.
Javier Milei, presidente de Argentina, en el Foro de Davos. Foto:AFP
¿El texto ha tenido cambios?
Sí. La posición minoritaria del partido de Milei en el Congreso llevó al oficialismo a intercambiar reuniones con diferentes actores para alcanzar una versión reducida. Así, el proyecto, que inicialmente tenía 664 artículos, llega al pleno con 300 artículos menos.
El Gobierno, por ejemplo, retiró el viernes pasado del proyecto el capítulo fiscal para facilitar el tratamiento parlamentario tras el fuerte rechazo de los gobernadores a algunas propuestas.
El paquete fiscal consistía de cinco medidas: un blanqueo de capitales, una moratoria impositiva, un adelanto del impuesto sobre los bienes personales, el incremento de los derechos de exportación y el cambio de la fórmula de actualización de las jubilaciones.
La posición minoritaria del partido de Milei en el Congreso llevó al oficialismo a intercambiar reuniones
El Gobierno necesitaba este incremento de ingresos para alcanzar el equilibrio fiscal desde un rojo del 6,1 % del PIB en 2023, que considera la razón de la alta inflación que sufre el país, un 211,4 % anual en 2023, y la falta de financiamiento e inversión.
El Ejecutivo renunció a la subida de ingresos con esa decisión, pero afirmó que el equilibrio fiscal es "absolutamente irrenunciable", por lo que anticipó que habrá un recorte, que seguramente afecte a las transferencias de la Nación a las provincias.
El gobierno también modificó la emergencia múltiple en la que se amparan las reformas propuestas por el Ejecutivo. El texto, conocido por Efe, indica que la emergencia sólo sería declarada hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque podría ser prorrogada un año más (hasta fines de 2025), lo que supondría dos años como máximo frente a los cuatro que se contemplaban inicialmente.
Manifestación en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, Argentina. Foto:AFP
En el apartado relativo a la privatización de las empresas públicas, el Ejecutivo eliminó a la petrolera de mayoría estatal YPF, controlada en un 51 % por el Estado argentino tras la expropiación a la española Repsol en 2012 y que cotiza en Wall Street.
El nuevo proyecto también cambiaría las fórmulas jubilatorias en el país suramericano. Los argentinos mayores de 65 años o aquellos que acrediten 30 años de antigüedad de servicio pasarían a recibir una "asignación mensual, móvil, vitalicia e inembargable".
La reforma de la 'ley ómnibus' también suprime las llamadas 'pensiones de privilegio' vitalicias para los expresidentes y los exvicepresidentes de Argentina.
Otro de los capítulos más polémicos del bloque original era el relativo a la seguridad, donde se proponía que toda reunión de más de tres personas convocada con carácter "intencional y temporal" fuese considerada una "manifestación".
Ahora, el mínimo se elevaría a las congregaciones de más de treinta personas, sobre las que se aplicarían las disposiciones del estricto protocolo de seguridad introducido por el Gobierno en diciembre.
YPF, en Argentina Foto:AFP
En el apartado cultural, cuyos afectados se han opuesto radicalmente a la 'ley ómnibus', el Gobierno no daría marcha atrás en el cierre de instituciones públicas como el Instituto Nacional del Teatro o el Fondo Nacional de las Artes.
El Ejecutivo plantea ahora la posibilidad de que se creen nuevas instituciones que asuman los roles de los organismos que se extingan.
La norma aún permitiría la privatización de docenas de empresas públicas, la privatización parcial de un puñado de otras, y otorgaría poderes ejecutivos de emergencia para eliminar subsidios clave a la energía y el transporte.
¿Cómo ha sido recibida la norma en Argentina?
Los sindicatos de Argentina han rechazado con fuerza el plan de ajustes de Milei. Hace tan solo una semana, decenas de miles de personas en todo el país se congregaron en una huelga general contra las reformas bajo el lema "La patria no se vende".
En las protestas participaron sindicatos de aceiteros, periodistas, trabajadores de la cultura, de hospitales, de la ciencia; así como de organizaciones barriales, de derechos humanos y de otros sectores.
El gobierno minimizó la protesta, calificó a los sindicalistas de "mafiosos" y dijo que mantendrá su "norte".
Un manifestante con una mascara de Milei. Foto:AFP
Al contrario, representantes de los sectores productivos y comerciales de Argentina respaldaron la semana pasada el proyecto de ‘ley ómnibus’ y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para desregular la economía.
Según un comunicado de Presidencia, referentes de distintas cámaras y asociaciones que agrupan a los sectores agropecuarios, industriales, comerciales y comunicacionales mantuvieron una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo económico, en el que coincidieron en la necesidad de que el país alcance el déficit cero.
“Se convocó a los empresarios a respaldar la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos y el DNU, al sostener que permitirán que en el mediano y largo plazo crezcan exponencialmente todos los sectores y se genere empleo genuino”, indicó el documento.
De acuerdo al texto, los representantes destacaron la predisposición y apertura al diálogo por parte del Gobierno y coincidieron en avanzar en un programa de emergencia económica, donde cada uno expuso las preocupaciones que enfrenta cada sector.
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¿Qué apoyos tiene la ley en el Congreso?
En principio, La Libertad Avanza, fuerza de de Milei y con un ínfimo peso parlamentario, asegura contar con los apoyos de aliados y sectores de oposición que le permitan lograr este miércoles el quórum necesario para habilitar el debate en la Cámara este miércoles.
Si lo logra, se prevé que el debate podría prolongarse entre 30 y 40 horas y se especula con que el oficialismo podría contar con los respaldos para una aprobación del proyecto en general, pero no para validar ciertos artículos que son eje de controversia.
Según se anticipa, la mayoría de los bloques opositores salvo el kirchnerismo, la izquierda, el socialismo y los santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal, votará a favor en general del proyecto oficialista. Sumarían entre 140 y 150 votos positivos.
Si logra el visto bueno en la Cámara de Diputados, el proyecto pasará a su tratamiento en el Senado, cuyos representan a las provincias -ninguna de ellas gobernada por los libertarios-.
Congreso de Argentina durante el discurso de Alberto Fernández. Foto:AFP
¿Cuáles son los artículos que todavía generan debate?
El peronismo, que gobernó hasta diciembre, y fuerzas de centroderecha, siguen objetando las propuestas de privatización de unas 40 empresas públicas, así como la toma de deuda en moneda extranjera.
Uno de los puntos que más genera recelo es la cesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo por dos años en un amplio abanico de materias, desde lo económico hasta lo penal, lo que le permitiría tomar muchas medidas sin la necesidad de su aprobación parlamentaria.
Si bien el núcleo más conflictivo de la iniciativa –el paquete fiscal- quedó postergado para su debate más adelante, persisten otros artículos que todavía generan tensión con el oficialismo y que prometen una discusión acalorada durante su debate en particular.
Uno de ellos es el que habilita al Poder Ejecutivo a declarar sujetos de privatización a 36 empresas públicas: algunos partidos quieren acortar el listado de empresas privatizadas y, además, insisten en que el proceso debe contar con algún tipo de participación activa del Congreso.
Así como el capítulo sobre las privatizaciones genera resistencia, también el artículo que deroga la ley que establece límites al Gobierno para la toma de deuda en moneda extranjera provoca rechazo.
Los legisladores también plantearán reparos en los capítulos referidos a seguridad –no están de acuerdo con algunas facultades que reclama la ministra Patricia Bullrich- y ambiente.
Al momento de discutir los artículos más conflictivos, el miembro informante de La Libertad Avanza tendrá el desafío de mantener su redacción original para evitar que sean modificados por la oposición.
En el caso que no lo logre y el artículo original sea rechazado en la votación, inmediatamente se ponen a consideración las modificaciones sugeridas por el o los bloques opositores. Cualquier modificación, para prosperar, necesita la mitad más uno de los votos.
En todo caso, el Congreso promete más de 30 horas de debate y parece que no le pondrá tan fácil el camino a Milei.
REDACCIÓN INTERNACIONAL
*CON AGENCIAS Y LA NACIÓN (GDA)
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