El caso Ronald Ojeda y el largo brazo represor de la dictadura venezolana

El 21 de febrero de 2024, el primer teniente Ronald Ojeda Moreno fue secuestrado en Chile y diez días después, el 1.º de marzo, su cuerpo fue hallado con evidentes signos de tortura en el interior de una maleta sepultada bajo una estructura de cemento.

Durante estos doce meses, las autoridades chilenas han investigado el caso y el pasado 22 de enero detuvieron al menos a una docena de presuntos del ‘Tren de Aragua’, de los cuales algunos estarían vinculados al asesinato del exmilitar venezolano. Las investigaciones de las autoridades chilenas señalan a actores del gobierno de Nicolás Maduro como responsables.

El fiscal chileno, Héctor Barros, señaló que las investigaciones determinaron la existencia de la banda criminal llamada ‘los Piratas de Aragua’, que opera en Chile y está integrada por 23 sujetos que funcionaban con “cierta dinámica y jerarquía interna”.

Las autoridades chilenas también informaron de la detención en Texas (EE. UU.) de Rafael Enrique Gómez Salas, alias el Turco, al que la investigación apunta como el autor intelectual del asesinato por encargo de Ojeda. A esta se sumó la de Édgar Benítez Rubio, alias el Fresa, capturado el 12 de febrero en Indiana (Estados Unidos); y el 6 de febrero cayó en Chiscas (Boyacá) Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho.

El 23 de enero, la Fiscalía de Chile reveló que uno de los presuntos testigos en la investigación por el asesinato del exmilitar habría afirmado que el crimen fue perpetrado por orden del ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello.

Más recientemente, las indagatorias del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) aseguran haber ubicado una huella en el ascensor del edificio en donde secuestraron a Ojeda. Esta huella presuntamente ubica en la escena al coronel venezolano Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Mientras las investigaciones prosiguen y del gobierno de Nicolás Maduro son señalados por su presunta responsabilidad, surge la interrogante: ¿quién era el teniente Ronald Ojeda?

Ojeda nació el 2 de septiembre de 1991 en Maracay, en el estado Aragua, una entidad ubicada en la zona central e industrial de Venezuela, en una familia de bajos recursos que estaba conformada por siete hermanos.

En 2012 se graduó como teniente de infantería del Ejército y, luego de eso, viajó a una unidad de fuerzas especiales del Ejército en San Cristóbal, en el estado Táchira, al límite con Colombia, para hacer un curso de comando. Allí conoció a quien sería su esposa, con quien se casó en diciembre de 2016.

En noviembre de 2018, Ronald Ojeda y parte de su familia llegaron a Chile después de un breve paso por Perú. Allí vivió junto con su esposa, Josmarghy Castillo, y su único hijo.

Su hermana, Mayra Ojeda Moreno, también había emigrado a Chile con sus hijos. De hecho, ella fue una de las primeras personas en llegar a su apartamento cuando Castillo alertó sobre el secuestro de Ronald.

Uno de los hermanos del exmilitar, Javier Ojeda, está viviendo en España. Y paradójicamente, otro de los hermanos del ex primer teniente es un militar activo en Venezuela y no mantenían muy buena relación al no compartir los mismos “ideales”, según publicó el diario chileno La Tercera.

El nombre de ese hermano es Germán Alexander Ojeda Moreno, mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha trabajado como coordinador de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (Clap) en el estado Trujillo y como director regional de la Misión Alimentación y coordinador de Mercal (en 2013), según se lee en su perfil de Poderopedia.

Ronald Ojeda Moreno fue detenido en abril de 2017 junto con otros tres militares por su presunta implicación en actos con “fines conspirativos y planificación de acciones terroristas”. Todos fueron imputados por los delitos de rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria. Ojeda Moreno fue vinculado en la operación ‘Espada de Dios’, una rebelión de militares que presuntamente pretendía asaltar cuarteles del país.

Los detenidos reconocieron formar parte del autodenominado Movimiento por la Libertad y la Democracia, que suscribió un documento en el que desconocían a Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

La detención ocurrió mientras Ojeda estaba de guardia en su puesto de mando en el estado Apure, una zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, importante para grupos armados ilegales colombianos como las Farc y el Eln, señalados de tener nexos con grupos de crimen organizado en materia de narcotráfico, secuestro, extorsión y contrabando.

En marzo de 2024, unos días después de que Ojeda fue asesinado, su hermano Javier Ojeda reveló que el exmilitar dejó unos escritos en los que contaba sobre las torturas que sufrió cuando la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo detuvo.

El escrito consta de 185 páginas a las que tuvo el diario chileno La Tercera. Javier Ojeda explicó que su hermano comenzó a escribir sus vivencias tras salir de Venezuela. A lo largo del documento Ojeda dejó plasmado cómo le lanzaban la comida al suelo y, cuando terminaba de comer, lo sacaban de la celda para llevarlo a sesiones de tortura e interrogatorios. Esas torturas incluirían, según el texto, “descargas eléctricas, asfixia mecánica y golpes con barras metálicas”.

El 30 de noviembre de 2017, Ojeda era trasladado junto a ocho exmilitares desde la cárcel militar de Ramo Verde hacia los tribunales militares de Fuerte Tiuna. En medio del traslado, los funcionarios se rebelaron contra los custodios, quitándoles las armas y tomando el vehículo.

En el hecho también estuvieron los militares con rango de primer teniente Luis Berbesi Torres, José González Bolaños, Moreno Briceño Camacho, Josué Hidalgo Azuaje, Francisco Rodríguez Ojeda, Eliezer Vásquez y José Ángel Rodríguez Araña. Todos fueron expulsados de la Fanb en febrero de 2018.

Cinco de los detenidos lograron escapar, pero durante la fuga Rafael Arreaza, compañero de Ojeda, murió tras recibir un disparo en el abdomen y otro en la pierna. También resultó herido el teniente Luis Alejandro Mogollón Velázquez al ser lanzado del vehículo, de acuerdo con una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se le otorgaron medidas cautelares en 2022.

Los cinco fugitivos viajaron al sur, llegando a Lima (Perú). Para agosto de 2018, Ojeda decidió movilizarse hacia Chile y se estableció en la comuna de Quillota, en la región de Valparaíso, en la vivienda de unos familiares que ya estaban allí. En noviembre de 2023, Chile le concedió asilo político.

Entre los que lograron huir estaba su compañero de generación en la academia militar, José Rodríguez, quien aseguró que Ojeda prefirió seguir hacia Chile “porque consideró que era un país más seguro para estar que Perú”, además de que económicamente lo veía más estable.

El medio chileno Mega Investiga tuvo a un audio que, asegura la publicación, reproducía la voz de Ojeda Moreno y en el que el exmilitar confirmó que estuvo en Cúcuta, Colombia, semanas antes de ser secuestrado y asesinado.

En el material se escucha al ex primer teniente diciendo que participó en una operación en la frontera venezolana y que el objetivo de esa operación sería derrocar el gobierno de Nicolás Maduro.

Este habría sido un viaje secreto en el que el exmilitar cruzó la frontera de Chile por pasos no habilitados para entrar y salir del país entre diciembre de 2023 y enero de 2024.

Durante la travesía, al parecer, Ojeda Moreno se encontraba con el capitán del Ejército Ányelo Heredia Gervacio. Presuntamente, cuando ambos intentaban pasar por una trocha desde Colombia a territorio venezolano, Heredia fue detenido y presentado en Venezuela por una conspiración a la que llamaron “Brazalete Blanco”, que pretendía atentar contra Nicolás Maduro y el gobernador de Táchira, Freddy Bernal.

Tras el viaje, Ronald Ojeda estaba realizando trámites para refugiarse en España, según contó su hermana Mayra Ojeda. Sin embargo, el retraso en los trámites demoró sus intenciones de buscar un nuevo escondite y, finalmente, fue asesinado poco tiempo después en Chile.

Pero Ojeda ya figuraba desde 2018 en una lista de militares degradados, junto con otros 12 oficiales, mediante el decreto 2.399 publicado en Gaceta Oficial n.º 41.350, del 28 de febrero de ese año, el cual establecía que “se degradan por ser indignos de pertenecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

Ojeda Moreno se mantuvo como un activo en X (antes Twitter). Constantemente compartía denuncias de detenciones arbitrarias, del estado de salud de presos políticos, manifestaciones que se hacían en el país y mensajes claros contra el gobierno de Nicolás Maduro y sus funcionarios.

De hecho, tomó bastante notoriedad en redes sociales en 2022, cuando hizo una protesta con una bolsa en la cabeza frente al Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile. Allí apareció para alertar sobre la delicada situación del preso político Igber Marín Chaparro, que en ese momento se encontraba en huelga de hambre.

Su último post en X fue el 21 de enero de 2024, cuando publicó una frase del Libertador Simón Bolívar: “Como amo la libertad tengo sentimientos nobles y liberales; y si suelo ser severo, es solamente con aquellos que pretenden destruirnos”.

Las autoridades e investigadores chilenos no descartan que la actividad en redes sociales y mantener o con militares que expresaron su descontento o desconocimiento del mando de Nicolás Maduro haya convertido a Ojeda Moreno en un objetivo, que pudiese servir de ejemplo para controlar cualquier movimiento militar que se estuviese organizando en Venezuela.

Él fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago. Sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la capital, sepultados debajo de un bloque de cemento. Un venezolano de 17 años se convirtió en el primer condenado por el asesinato de este exmilitar, la justicia chilena sentenció al menor de edad a cinco años de prisión.

Tras un año de su secuestro, el caso de Ronald Ojeda se encuentra en fase judicial, por lo que los voceros del gobierno de Gabriel Boric esperan la resolución para fijar una postura oficial.

“De confirmarse la comisión de un crimen político en territorio nacional chileno, encargado por una alta autoridad de un gobierno extranjero, Chile va a ejercer todas las acciones que tenga disponibles en el ordenamiento jurídico nacional e internacional”, aseguró el ministro de Justicia de Chile, Jaime Gafardo, en declaraciones ofrecidas el 17 de febrero.

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