Un modelo de miseria planificada

El proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente que busca establecer lineamientos para el ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá amenaza con bloquear 60 planes parciales. En términos prácticos, esto significa paralizar la construcción de 360.000 viviendas, la mayoría de interés social, y obstaculizar proyectos esenciales para la movilidad de una ciudad con casi 10 millones de habitantes.

Esta medida profundiza la crisis del sector, donde los proyectos de vivienda han disminuido un 16,7 %, cayendo de 130.640 unidades en 2023 a 108.832 en 2024, la peor cifra desde 2008. Además, el decreto es flagrantemente inconstitucional, pues viola la autonomía de las entidades territoriales al imponer una normativa arbitraria sobre el uso del suelo, competencia exclusiva del Distrito y los municipios. Peor aún, se ha impuesto sin una consulta real a la ciudadanía, ignorando el clamor de los bogotanos por proyectos claves como el metro o la ALO, que podrían reducir hasta en cuatro horas los tiempos de desplazamiento de los trabajadores.

No nos engañemos: este no es un verdadero ambientalismo, sino una coartada para el intervencionismo estatal. Como ha dicho el propio Presidente en varias ocasiones, si una persona sale de la pobreza, deja de ser de izquierda. Bajo esta lógica, el Gobierno no quiere que los colombianos trabajen y progresen, pues prefiere mantenerlos dependientes del asistencialismo para perpetuarse en el poder.

La contradicción es evidente. Mientras en Bogotá se bloquean proyectos sostenibles, en otras regiones del país el Gobierno permite crímenes ambientales de una magnitud devastadora:

1. La minería ilegal avanza sin freno. Según un informe de la Procuraduría del 13 de diciembre de 2024, esta actividad opera en 29 de los 32 departamentos del país. Bajo el amparo de la política de ‘paz total’, los grupos armados organizados envenenan ríos, páramos y lagunas con mercurio, plomo y arsénico, devastando 94.000 hectáreas. Pero, como estos grupos son protegidos por el Gobierno, no pasa nada.

2. La deforestación por cultivos ilícitos se dispara. En 2024, Colombia alcanzó la cifra récord de 253.000 hectáreas de coca. Según el propio Ministerio de Justicia, el 48 % de estos cultivos están en zonas de manejo especial como parques nacionales y reservas forestales, dejando en evidencia la hipocresía del discurso ambientalista oficial.

3. El saboteo a la movilidad sostenible. La mayor muestra de esta doble moral es la guerra contra el metro de Bogotá. Si al Gobierno realmente le importara reducir emisiones, apoyaría la construcción de un sistema de transporte masivo que disminuiría drásticamente la contaminación vehicular. Pero la obsesión de Petro por modificar el trazado solo retrasa una obra clave para la ciudad y su huella de carbono.

Esta doble moral no solo tiene consecuencias ecológicas devastadoras, sino que condena a Colombia al atraso, la pobreza y la falta de oportunidades. Un ambientalismo basado en la ideología, y no en la ciencia ni en la realidad, no protege la naturaleza: la destruye y perpetúa la desigualdad.

Es momento de respaldar al alcalde Galán y a los mandatarios que enfrentan esta intervención inconstitucional. Mientras el país es entregado a los ilegales, como ocurre en El Plateado y el Catatumbo, el despeje de Pastrana a las Farc parece un juego de niños frente al poder que hoy tienen las disidencias, el Eln y demás grupos delincuenciales. Estos sí están destruyendo los principales ecosistemas del país con la complicidad del Gobierno.

Estamos ante un ambientalismo ideológico que genera pobreza y subdesarrollo. Su objetivo no es la protección ambiental, sino el freno del desarrollo económico y la imposición de un modelo de miseria planificada.

LUIS FELIPE HENAO

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