Sin consulta no hay paraíso

Ante el fracaso rotundo de su gestión y la cantidad de graves crisis que ha generado su incompetencia, el éxito de la campaña reeleccionista del Pacto Histórico y el aumento de su representación parlamentaria en las próximas elecciones depende de que se realice o no su consulta popular demagógica. Por eso, van a insistir en ella a toda costa, con toda clase de trampas y marrullas, y van a insistir en ella las veces que sea necesario, como dijo Petro, porque, según el Gobierno, la consulta se realiza “sí o sí”, como dijo Benedetti.

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Por eso quieren pasar por encima de la voluntad del Congreso, que ya rechazó esa consulta, como si el Congreso no fuera un representante legítimo de la voluntad popular. Y por eso quieren desconocer la reglamentación del trámite parlamentario que prohíbe presentar dos veces una misma iniciativa en una misma legislatura, y para ello radican la misma consulta con las mismas 12 preguntas que ya rechazó el Congreso, pero le agregan otras cuatro, para que parezca distinta. Y no les importa que, según la ley, solamente el Presidente pueda radicar una iniciativa de consulta popular, y no los ministros, como lo han hecho en el último caso los ministros Jaramillo, Benedetti y Sanguino.

Tampoco le importa al Gobierno que el Congreso haya retomado la discusión del proyecto de reforma laboral y le esté dando trámite. Por eso, el país presencia con asombro la absurda situación en la cual, sobre un mismo tema, el Congreso esté debatiendo simultáneamente una reforma legal y una consulta popular. No sería de extrañar, entonces, que la bancada gobiernista en el Congreso se encargue de sabotear la aprobación y hundir el proyecto de reforma laboral que el mismo Gobierno ha presentado al Congreso, para de esta manera tramposa tratar de mantener viva la mañosa consulta popular, porque este es su principal objetivo. La reforma es lo de menos. Sin consulta no hay paraíso, como diría el libretista.

Pero si por alguna razón no hay consulta, Petro ya está engatillando su nueva amenaza: un nuevo estallido social. En la forma de huelga y movilización general. A diferencia del anterior estallido antisocial violento, esta vez sería “pacífico”, es decir, “sin romper vidrios”, pero sí taponando vías, impidiendo el tránsito urbano y rural, aunque sin enfrentar a la Fuerza Pública, que ni falta haría, pues esta ya ha recibido la orden presidencial de “no atacar al pueblo”. Como la afiliación sindical incluye únicamente algo así como al 4 % de los trabajadores, y de estos la inmensa mayoría son trabajadores del Estado, una huelga general real es sencillamente impensable. Pero para eso están los aparatos minoritarios, pero bien organizados y mejor financiados. La Primera Línea rural y urbana, a la que Petro le debe su elección, sería llamada nuevamente a filas. Una minoría organizada podría paralizar por las vías de hecho al país durante varios días, con la aprobación del Gobierno y la parálisis de la Fuerza Pública. Este chantaje abierto es la alternativa “democrática” a la voluntad legítima del Congreso que, en representación de las mayorías nacionales, ha rechazado algunas de las alocadas e inconvenientes reformas “sociales” del incompetente gobierno de Petro.

Ni el Congreso ni el país pueden claudicar frente a este chantaje. Las reformas sociales deben ser consensuadas, sensatas, constructivas y realistas, no caprichosamente ideológicas, ni destructivas, ni irreales, ni inviables. Nuestra institucionalidad democrática ha probado que lo puede hacer.

Qué buena falta que hace una reglamentación seria de los mecanismos de participación popular de la Constitución del 91 para evitar su utilización abusiva por parte de los gobiernos. Una consulta popular de origen gubernamental, por ejemplo, debería ser un mecanismo muy excepcional porque sus consecuencias tendrían que ser fuertes para ambos lados. Si se aprueba en las urnas, el Congreso deberá legislar con premura sobre los temas incluidos en la consulta.

Pero si no se aprueba, eso significaría que el pueblo repudia al Gobierno y este tendría que renunciar inmediatamente. Debe convertirse en un plebiscito a favor o en contra del Gobierno. Solo cuando esté su cabeza en juego, un gobierno demagógico lo pensaría dos veces antes de embaucar a todo un país en una consulta caprichosa o malintencionada con fines electorales.