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Opinión

Incendios inesperados

Cuando se esperaba el invierno, el fuego vuelve a ser amenaza en el país. Hay que apagar las llamas y pensar en una política pública.

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Por esta época, en el hemisferio norte son frecuentes las noticias de devastadores incendios forestales. Este tópico viene siendo más recurrente como consecuencia lógica de veranos cada vez más calientes. Valga recordar que el 2023 fue el año con temperatura promedio más alta en el planeta desde que se tienen registros.
Este año, a los reportes de voraces incendios en California y Nevada (Estados Unidos) se suman los que llegan de toda América del Sur. La situación en Perú es particularmente crítica: los fuegos se han registrado en 22 de los 24 departamentos del país; también es muy complejo el panorama en Brasil, donde son más de 7.300 los focos. En Ecuador, las llamas ya han arrasado más de 30.000 hectáreas. Buena parte de estos puntos calientes se registra en la región amazónica, que vive una temporada seca particularmente fuerte.
En Colombia no solo se deteriora la calidad del aire por este motivo, sino que la situación se ha hecho más difícil en los últimos días en la región Andina, también por la falta de lluvias. Cuando los pronósticos apuntaban a la tradicional temporada de lluvias de esta época del año, que incluso podría verse agravada por el fenómeno de La Niña, irrumpió una sequía que ha traído consigo incendios que ya han quemado más de 12.000 hectáreas. Tolima y Huila han sido los departamentos más afectados por las llamas.
Hay que actuar antes, garantizando, entre otros aspectos, que los bomberos de cada municipio tengan los elementos mínimos.
La falta de lluvias obliga a que autoridades y ciudadanía no bajen la guardia para que la situación no empeore. Se necesitan articulación de los entes encargados de enfrentar estas emergencias a nivel local y nacional y una actitud responsable y consciente de la gente para evitar quemas en la agricultura y fogatas de cualquier tipo. No sobra recordar la importancia de actuar antes, reforzando las medidas básicas, revisando los planes de gestión del riesgo y garantizando que los bomberos de cada municipio tengan los elementos mínimos para responder ante un incendio. No debería ser necesario recalcar en esto, pero casos dolorosos y vergonzosos de corrupción con los recursos destinados a los llamados a luchar contra las llamas obligan a hacerlo.
Y, al tiempo con las medidas coyunturales, hay que recordar el pendiente que tiene el país en este frente en términos de política pública. Recientemente se hundió en el Senado un proyecto de ley que buscaba dar un paso clave en este sentido, fomentando las prácticas sostenibles en la agricultura y la ganadería con acuerdos que involucren a todos los sectores, teniendo más luces sobre el rol del fuego en los ecosistemas a través de la investigación, e incorporando a los protocolos de los organismos oficiales conocimientos tradicionales de las comunidades en el manejo integral del fuego y en la recuperación de zonas devastadas.
Los incendios de estos días tomaron al país por sorpresa. Y aquí hay otra lección: cada vez más, debido a la crisis climática, habrá eventos extremos no previstos. Esto obliga a estar preparados de forma permanente, en todos los frentes. Para ello la única alternativa es la de contar con una institucionalidad robusta y unas políticas debidamente trazadas. Todo lo anterior blindado, como tiene que ser, de la corrupción.

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