La cuarta generación de concesiones (4G) era el plan más ambicioso de cualquier gobierno en infraestructura, pero su magnitud superó la capacidad del Estado. Por eso se presentaban importantes retrasos, registrados incluso por Fedesarrollo, que publicó en 2017 un informe sobre el impacto de ese atraso en el PIB.
Hablemos de 29 proyectos de 31 previstos, luego de las liquidaciones de Cesar-Guajira y Vía al Puerto, que implicaron el pago de 323.630 millones, sin ejecutarse un kilómetro. El programa, en su conjunto, tenía un avance de ejecución de apenas el 16 %, estaban paralizados 21 proyectos y la ANI enfrentaba 31 tribunales de arbitramento.
Cuando llegamos hicimos un diagnóstico de los problemas, que publicamos para garantizar la transparencia. Dimos soluciones y reactivamos las obras. Con buena gerencia, logramos cierres financieros, aumentamos la articulación interinstitucional y trabajamos con autoridades, comunidades y veedurías, que fueron claves para avanzar en la premisa de ‘Concluir, concluir y concluir’.
Esto dio resultados. A la fecha, las 4G tienen un avance cercano al 70 %, con 28 de 29 proyectos en ejecución, incluyendo 10 ya en operación. Esta semana entregaremos tres más completos, y dejaremos otros cinco con una ejecución superior al 90 %, para ser finalizados por tarde en diciembre. Se han invertido cerca de 35 billones en obra, 26 ejecutados desde agosto de 2018, e hicimos cierres financieros por 23 billones de pesos, algo histórico en nuestra infraestructura.
En esa gestión, construimos 588 km de segundas calzadas, dobles calzadas y terceros carriles en las vías concesionadas y, en diciembre, a más tardar, se entregarán 162 km más, llegando a 750 km nuevos. Además, entregamos 16 túneles, y antes de fin de año se pondrán en servicio 9 más, para completar 25. En ambos casos, en un poco más de cuatro años de gestión, igualamos lo desarrollado desde los años 90.
En obra pública, encontramos al Invías desfinanciado y con una perspectiva de liquidación. Cambiamos esa situación, y hoy hemos construido 362 km de segundas calzadas y pavimento nuevo, cuatro veces más que lo hecho entre 2011 y 2018, y se están terminando 131 km más. Se realizó mantenimiento o rehabilitación de 4.882 km de vías primarias, 15 veces más que entre 2015 y 2018 y 7 más que lo hecho entre 2011 y 2014. Además, sacamos 82 proyectos que hacen parte de tres programas, cuya inversión ronda los 16 billones de pesos.
Estoy convencida de que el ministro que se siente en esta cartera siempre estará en deuda, porque la brecha de conectividad es enorme y nunca hay suficientes recursos.
Hablemos de proyectos. Las carreteras Puerto Gaitán-Puerto Carreño y Pacífico-Altillanura pertenecen a la transversal de la Orinoquia, donde finalizamos los estudios y diseños y se están ejecutando más de 1,5 billones en tramos priorizados. Igual ocurre en la Conexión de la Alta Guajira, que tiene una inversión de 300.000 millones de pesos, ya en ejecución y con 10 km finalizados. A la vía Anapoima-Mosquera, a pesar de ser una vía concesionada por Cundinamarca, el Gobierno anterior le asignó 630.000 millones, y nosotros adicionamos 70.000 millones, que permitieron entregar 30 km de tercer carril, 7 de segunda calzada y 12 puentes en 2021. Ya la Gobernación garantizó su culminación.
En modo aéreo, a la fecha existen tres IP en fase de aprobación y una en factibilidad. La pandemia generó incertidumbre en el sector, y varios originadores solicitaron suspender los términos de evaluación, pues era difícil en atención a esa situación. De otra parte, en el proyecto Aerocafé garantizamos los estudios y diseños, así como los recursos, y contratamos la fase 1 del mismo, que consistía solo en movimiento de tierras. Hicimos lo posible por sacarlo adelante, pero infortunadamente no encontramos voluntad en el contratista, y el contrato se terminó anticipadamente el 1.° de agosto, aplicando la cláusula 17 del contrato 09 de 2021. Los recursos están salvaguardados en el Patrimonio Autónomo, y tan solo hay alrededor de 7.000 millones de pesos pendientes por amortizar, amparados por la garantía de buen manejo del anticipo.
Esto contrasta con el proyecto Cruce de la Cordillera Central, a cuyo contrato, a pesar de los incumplimientos, le otorgaron plazos adicionales sin caducarlo, hasta que el contratista abandonó la obra en noviembre de 2016. Nosotros retomamos este proyecto, conseguimos 620.000 millones adicionales para finalizarlo y en septiembre de 2020 entregamos el túnel de La Línea, y en noviembre de 2021 la obra completa.
Sobre Sacyr, vale la pena recordar que está en Colombia desde la istración anterior. Con ellos se contrataron, entre 2014 y 2016, el puente Hisgaura, a través del Fondo Adaptación; el puente Pumarejo, finalizado por el presidente Iván Duque, y cuatro corredores 4G, dos ya en operación, y los otros dentro de los tiempos contractuales.
Estoy convencida de que el ministro que se siente en esta cartera siempre estará en deuda, porque la brecha de conectividad es enorme y nunca hay suficientes recursos. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que en estos 4 años buscamos soluciones y no culpables. Eso nos permitió alcanzar resultados históricos, con base en cifras registradas en el sistema Sinergia del DNP, y equilibramos la obra pública con las Alianzas Público-Privadas, ambos necesarios, para seguir construyendo equidad en Colombia.
ÁNGELA MARÍA OROZCO
Ministra de Transporte