Coosalud habría sido fiador de una empresa privada con dinero público, denuncia la Supersalud

Luego de que la Supersalud hubiese intervenido a la EPS Coosalud a finales de noviembre, argumentando que existía un deterioro en componentes técnicos, científicos, jurídicos y financieros en la aseguradora, la entidad de vigilancia y control reveló que la EPS servía como fiador de una empresa privada usando dinero público.

Durante una rueda de prensa, Giovanny Rubiano, actual Superintendente de Salud, expuso que en diciembre de 2022 se firmó un contrato de crédito entre el Banco GNB Sudameris S.A. y la empresa Coosalud Inversa. 

En dicho acuerdo, la EPS habría actuado como garante, lo que significa que esta entidad, que maneja recursos públicos, sería el fiador de una empresa privada. 

Posteriormente, en noviembre de 2024, el Banco notificó el incumplimiento del crédito, activando las cláusulas de aceleración para recuperar la deuda, la cual ascendía a más de 221.000 millones de pesos, incluyendo capital e intereses. 

Como respuesta, el Banco anunció su intención de utilizar los recursos del fideicomiso asociado a Coosalud para cubrir esta obligación, lo que derivó en que, finalmente, el 20 de noviembre de 2024, apenas dos días antes de que la EPS fuera intervenida, se transfirieran 206.000 millones de pesos de estos fondos para saldar la deuda.

Según Rubiano, un dato especialmente preocupante es que el representante legal de la aseguradora, Jaime González, no solo firmó el contrato en nombre de la EPS, sino que también actuaba como representante legal de la empresa privada que solicitó el crédito, generando un evidente conflicto de intereses. 

Para el funcionario, este hecho es "inisible desde cualquier perspectiva" y, más aún, bajo los principios que, según dice, debería defender el Gobierno actual.

"Esta Supersalud no va a permitir ningún acto de corrupción. Trabajamos con todos los órganos de control para que esto no vuelva a suceder", manifestó y dijo que los hallazgos están ahora en dominio de la Fiscalía para que avance la investigación. 

En paralelo, habría que recordar que la EPS había estado implicada en los actos irregulares sobre desvío de dinero por parte de Mario Andrés Urán, exasesor de la EPS Coosalud y figura cercana al Gobierno. 

Ante estos sucesos, Rubiano asegura que la intervención "era más necesaria que nunca", pues los actos de corrupción repercuten en la atención a la población y en los indicadores sanitarios que, en este caso, también parecían haber desmejorado. 

"Existe inoportunidad entre el diagnóstico y el tratamiento en cáncer de mama y cáncer de cuello uterino en el régimen subsidiado, así como incumplimiento en coberturas de vacunación en el 60 por ciento del territorio del país y múltiples barreras en la distribución oportuna de medicamentos para los pacientes con enfermedades huérfanas", señaló la entidad de vigilancia el día en que se intervino la EPS. 

En contravía, expertos del sector aseguran que, si bien es importante combatir la corrupción y mejorar los servicios sanitarios, las intervenciones no han estabilizado las finanzas de las aseguradoras y, muy por el contrario, han perjudicado la cartera de las mismas y la atención que reciben los s. 

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, manifestó que las intervenciones del Gobierno a varias EPS han sido un fracaso sin atenuantes. 

"Caos, corrupción, inestabilidad, deterioro en la atención y falta de transparencia. Mucho peor el remedio que la enfermedad", aseguró a través de X.

La opinión se fundamenta en el hecho de que, tras la intervención a varias EPS del régimen contributivo (dos de las más grandes como Sanitas y Nueva EPS), los indicadores financieros han ido en detrimento y las quejas por el mal servicio aumentaron, en un periodo de solo cuatro meses, un 42 %, según el Observatorio Así Vamos en Salud.

Así, por ejemplo, en el caso de Nueva EPS, con más de 10 millones de afiliados, la Supersalud reportó que el régimen subsidiado, las reclamaciones aumentaron un 12,88 % entre octubre de 2022 y septiembre de 2024, y en el régimen contributivo, un 26,53%, alcanzando tasas de 362,23 y 360,10, respectivamente.

Las cifras del Sistema de Gestión y Control de Medidas Especiales Fénix, otro mecanismo clave de la Supersalud para monitorear la gestión de las EPS, mostraron resultados insuficientes en la Nueva EPS: hasta julio de 2024, solo se cumplió con el 33% de los 39 indicadores, en parte debido a la falta de definición de las líneas base para el reporte, lo cual dificultó el seguimiento durante varios meses.

Las fallas afectaron incluso a los hospitales con mayor vinculación a la red de esta aseguradora. Las quejas de las IPS sobre los retrasos en pagos y la gestión de Nueva EPS eran múltiples.

Carlos Sánchez, director del Hospital San Vicente de Arauca, le dijo a EL TIEMPO que si bien desde que se implementó el giro directo y otras políticas gubernamentales la situación financiera había mejorado, los intentos del Estado por ayudar a las IPS se veían opacados por la pésima gestión de Nueva EPS.

"Yo como director de hospital me he sentido plenamente respaldado por el Gobierno. Pero ese gran esfuerzo que están haciendo se ve opacado por la actitud de la Nueva EPS y de Coosalud, quienes no están cumpliendo con las obligaciones financieras que se generan por los pagos de servicios”, aseguró.

Son muchos quienes piensan que es irónico que sea la misma Supersalud quien cuestione las intervenciones y continúe implementando estas medidas con el pretexto de mejorar indicadores financieros. 

Luego de un informe sobre el deterioro de las EPS intervenidas hecho por la misma entidad de vigilancia, Rubiano nombró a siete nuevos gerentes para aquellas aseguradoras con peores fallas y aseguró que empezará una auditoria con la que espera obtener datos transparentes sobre el manejo de dichas entidades.

La medida fue criticada por congresistas como Andrés Forero, del Centro democrático, quien manifestó: "Muestran como gran logro que la Supersalud anuncie auditoría forense para investigar la gestión de los interventores nombrados por el propio gobierno". Esto, tras los anuncios recientes del nuevo Supersalud en los que reveló un faltante de 5,5 billones de pesos perdidos en facturas de Nueva EPS (la más grande del país, con más de 10 millones de s).

Uran ha sido catalogado por varios medios de comunicación como la persona que 'manejaría los hilos del sistema de salud en el país', teniendo en cuenta que se trata de uno de los hombres más cercanos al Gobierno actual.

Lo anterior, luego de que Caracol Radio revelara recientemente que el sujeto estaba utilizando el correo institucional de la EPS Coosalud para recibir información confidencial de otras tres aseguradoras: Emssanar, S.O.S y Asmet Salud, todas intervenidas por malos manejos financieros.

De acuerdo con la investigación, a través de ese medio le estaban reportando movimientos sospechosos con los pagos a clínicas y hospitales antes que a la Superintendencia de Salud. Además, se presumía un desvío de dinero a paraísos fiscales que habría dado pie a una investigación por parte de la procuraduría.

El superintendente de Salud saliente Luis Carlos Leal había presentado previamente una denuncia ante la Fiscalía, solicitando una investigación sobre los giros de dinero relacionados con el caso.

Luis Carlos Leal designó a tres interventores para supervisar la distribución de fondos a diversas IPS y hospitales. Sin embargo, según informes recientes, estos interventores podrían haber estado recibiendo instrucciones de Urán sobre a qué instituciones girarles dinero y a cuáles no.

Por su parte, la EPS Coosalud aseguró que habrían recibido una certificación bancaria por parte del Banco GNB Sudameris que indicaba que desde las cuentas maestras abiertas a nombre de Coosalud EPS con NIT 900.226.715 no se habrían realizado transferencias a cuentas internacionales. También manifestó que solicitó una certificación en el mismo sentido al Banco de la República.