Pese a desmejorar su servicio, Supersalud seguirá controlando las EPS más grandes y podría extender medida en otras

En todos los casos, cuando la Superintendencia Nacional de Salud decide intervenir una EPS, el objetivo es mejorar sus indicadores financieros y istrativos para que la entidad pueda seguir operando y prestando servicios de salud en el país. Para ello, se nombra un interventor que asume el control de la aseguradora con el fin de identificar las problemáticas y resolverlas de manera rápida, minimizando el impacto en los afiliados.

En el caso de Nueva EPS y Sanitas, durante el último año los interventores no han logrado ese objetivo. La medida de control fue prorrogada esta semana para ambas entidades, los pasados 2 y 3 de abril, al cumplirse un año desde la toma de control por parte de la Supersalud. Ahora, el Gobierno tendrá otros 365 días para seguir intentando. El dato no es menor si se tiene en cuenta que estas aseguradoras están entre las que más afiliados tienen: 11,6 millones en Nueva EPS y 5,7 millones en Sanitas.

Sin embargo, hasta ahora lo que muestran las cifras es que, en vez de mejorar, la situación ha empeorado. Por ejemplo, en el caso de Sanitas los indicadores han ido en declive en este último año bajo el mando de la Supersalud. En 2023, Sanitas recibió un total de 185.634 reclamos y en 2024 recibió 221.565, lo que significa un aumento del 19 por ciento en las quejas y reclamos de los s de esta EPS.

Los meses previos a la intervención, es decir, enero, febrero y marzo de 2024, Sanitas acumuló 15.071, 15.721 y 14.367 quejas, respectivamente. Un año después, durante la intervención de la Supersalud, la aseguradora registró 23.495 quejas en enero y 20.931 en febrero del 2025. Las cifras de marzo de este año aún no se conocen.

Una fuente cercana a la intervención le contó a EL TIEMPO que las PQRD, precisamente, han sido el dolor de cabeza durante el proceso. “Se llegó a tener quejas de 22.000 y 23.000 promedio mensuales. Sin embargo, en noviembre (del 2024) se llegó a reducir a 21.000”, explicó la fuente.

Lo mismo ha sucedido con Nueva EPS. De acuerdo con las cifras de la Supersalud, en febrero de 2024 la tasa de PQRD en Nueva EPS era de 21,26 por cada 10.000 afiliados, y para febrero de este año aumentó a 34,88, la cifra más alta de los últimos tres años.

Por otro lado, durante este año de intervención, un número creciente de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y gestores farmacéuticos han decidido dejar de atender a los afiliados de Nueva EPS, debido a las millonarias deudas que la aseguradora no ha pagado, lo que impide seguir ofreciendo servicios como hospitalizaciones y entrega de medicamentos.

Pero la de Sanitas y Nueva EPS no es una realidad aislada. De acuerdo con datos de la Supersalud, la tasa de quejas por cada 10.000 afiliados ha aumentado en 8 de las 9 EPS intervenidas, con los mayores incrementos en Servicios Occidental de Salud (SOS), Famisanar, Nueva EPS, Sanitas y Savia Salud. En el caso de SOS, eso casi que le asegura que habrá una prórroga en su intervención el próximo jueves 10 de abril, cuando se cumple un año de la medida y está establecido que debería terminar.

Durante los próximos meses, si nada cambia y los indicadores siguen deteriorándose como ha ocurrido en el último año, el Gobierno podría tomar decisiones similares con otras aseguradoras. Es el caso de Asmet Salud y Emssanar, cuyas medidas de intervención vencen en mayo; Savia Salud, en junio; Famisanar, en septiembre; Capresoca, en octubre; y Coosalud, en noviembre.

Por ahora, el año de intervención y istración por parte de la Supersalud de dos de las EPS más grandes del sistema —Nueva EPS y Sanitas—, lejos de mostrar resultados positivos, ha derivado en un empeoramiento tanto en la prestación de los servicios para los pacientes como en los indicadores financieros y istrativos de las compañías.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros