El sistema de salud en Colombia no sale del pronóstico reservado y preocupa cada vez más

El sistema de salud colombiano es actualmente un enfermo terminal que, aunque tiene un diagnóstico claro y podría recibir tratamiento, solo empeora con el paso de los días. Los síntomas son evidentes: unidades hospitalarias cerrando debido a los altos costos, hospitales negando servicios a afiliados de ciertas EPS por deudas multimillonarias, gestores farmacéuticos sin inventarios de medicamentos por falta de pago y pacientes protestando porque su derecho a la salud no está siendo garantizado.

Esta no es la primera vez que el sistema de seguridad social en salud del país atraviesa una crisis; ya ha sucedido en varias ocasiones en el pasado. Sin embargo, según expertos, esta vez hay algo distinto: los esfuerzos por tratar de curarlo son mínimos o inexistentes, lo que agrava cada vez más su condición y se refleja en todos los actores del sistema, como clínicas que dejan de prestar servicios y hospitales que se ven obligados a cerrar.

El problema es que, como todo enfermo, el sistema de salud colombiano puede seguir sufriendo por años sin un futuro claro. Mientras tanto, la discusión sobre su diagnóstico sigue generando posturas divergentes. Por un lado, para expertos, gremios y actores del sistema, la cura a la crisis actual es una inyección de más recursos financieros, como se ha hecho en crisis anteriores. Pero para el Gobierno, la solución radica en una reforma del sistema y una mejor gestión de los recursos disponibles.

Según explica el investigador de la Escuela T. H. Chan de Salud Pública de Harvard y profesor de Derecho y Salud Global de la Universidad de los Andes, Jonatthan García Ruiz, si bien es cierto que este año fluirán por el sistema más de 90 billones de pesos que permitirán financiar millones de servicios y tecnologías, el problema es que no son recursos suficientes para responder ante los múltiples problemas del sector. Básicamente el tratamiento debe ser más fuerte, porque la enfermedad es más compleja.

“Aunque no estemos ante una quiebra generalizada, sí estamos viviendo una contracción del sistema de salud. Siguen cerrándose servicios en hospitales y clínicas, se niegan servicios especializados a pacientes de determinadas EPS o subsistemas como el del magisterio y se despiden profesionales de salud. En este escenario de incertidumbre, nadie tiene confianza en invertir en el sector. Todo lo contrario, los actores hoy quieren arriesgar lo menos posible y por eso prefieren dejar de ofrecer servicios antes que seguir acumulando deuda”, señala García.

Tan solo en las últimas semanas miles de personas padecieron largas filas para poder acceder a sus medicamentos. De acuerdo con el Sector de Gestores Farmacéuticos de Fenalco, actualmente el Gobierno Nacional tiene una deuda de $ 4,4 billones de pesos con el sector, lo que genera “intermitencias en el abastecimiento”. Dichas deudas han incrementado exponencialmente, porque en 2023 la deuda era de $ 2,9 billones y en 2022 ascendía a $ 1,9 billones.

De acuerdo con García, esta realidad nos afecta a todos como s y pacientes, ya que reduce nuestras opciones de acceder a una atención óptima y nos obliga a recurrir al sector privado, ya sea adquiriendo un seguro para recibir atención particular o utilizando recursos propios para comprar medicamentos en las droguerías.

El médico salubrista e investigador de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, coincide con esta opinión. Para el experto, es clave entender que el sistema de salud colombiano no es un ente uniforme; por ello, hay regiones, aseguradoras, redes hospitalarias y grupos poblacionales que ya están colapsados, mientras que otros aún operan con relativa normalidad.

Sin embargo, en su concepto, lo que sí está claro es que el modelo actual es insostenible bajo las condiciones actuales, las cuales incluyen un déficit crónico de recursos, una deuda hospitalaria en aumento, fragmentación en la atención, concentración de poder en algunos actores e ineficiencias estructurales.

“El gobierno Petro hizo un deterioro intencionado del sistema de salud. No se puede poner una fecha exacta al colapso total porque no se trata de una caída abrupta, sino de un deterioro progresivo. En muchos lugares rurales o dispersos, el sistema ya colapsó: no hay efectivo, la red prestadora está desmantelada y los recursos humanos se están yendo. En zonas urbanas puede haber algo más de resistencia, pero el agotamiento financiero y humano no tiene mucho margen más allá de uno o dos años sin reformas estructurales y recursos frescos. La pandemia no acabó con el sistema de salud, pero la decisión del Gobierno Nacional de imponer su lógica de estatización del modelo de salud sí lo está acabando”, enfatiza Hernández.

No obstante, para el gobierno del presidente Gustavo Petro el diagnóstico es otro. Tanto el primer mandatario como su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han insistido en que los recursos son más que suficientes, y que deben alcanzar para mantener funcionando un sistema en el que año a año los precios suben, donde nuevas tecnologías y medicamentos ingresan al mercado y donde se acarrean deudas de años anteriores, una enfermedad que afecta a todos los sistemas sanitarios del mundo.

Desde la emergencia generada por el covid-19, que surgió hace cinco años, el sistema de salud colombiano (así como muchos otros en todo el planeta) viene acarreando deudas millonarias que se han ido apaciguando año tras año, con un aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que ha permitido cubrir los costos de nuevas tecnologías, saldar la cartera de años anteriores y continuar con la prestación de los servicios.

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido, sin embargo, en que los recursos son suficientes y que el problema radica en la gestión de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y otros actores del sistema. Para el mandatario, quien ha enfatizado en la necesidad de que estos actores privados salgan del sistema, la insostenibilidad financiera de las EPS no se debe a un ajuste incorrecto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), sino más bien a un uso inadecuado de los recursos.

Cabe recalcar que actualmente el Gobierno Nacional controla, a través de la Superintendencia de Salud, la atención de 31 millones de afiliados que corresponden a las EPS con medida de control, lo que representa el 62,5 por ciento del total de afiliados al sistema en Colombia (49,7 millones). Es decir, el Gobierno maneja los recursos, la atención y el tratamiento de 31 millones de personas que están en 10 EPS intervenidas o controladas por la Supersalud.

El presidente Petro ha sido enfático en señalar que durante su gobierno se han hecho los mayores aumentos a la UPC de la historia, y que, sin embargo, la crisis sigue existiendo. Incluso, ha afirmado que su gobierno “ha salvado” a las EPS en un esfuerzo por transformarlas mediante la reforma de la salud en gestoras de salud y vida, actores que manejan istrativamente a los afiliados, pero no tienen el manejo de los recursos.

Y sobre este punto volvió esta semana, en una publicación realizada el pasado 26 de marzo a través de su red social X, donde Petro reavivó su polémica expresión ‘chu, chu, chu’ mencionada hace un año en una entrevista para la revista Cambio, cuando estaba explicando el alcance de la reforma de la salud. En dicho momento, el primer mandatario aseguró que si quisiera acabar las EPS, solo dejaba las cosas como están y “chu, chu, chu, eso es un dominó”, aseguró.

Esta semana, el primer mandatario volvió a arremeter contra las EPS y aseguró que el ‘chu, chu, chu’ era un problema de estos actores, y que si estaban mal en términos financieros, debían ser liquidadas. “El chu chu chu es un problema de las EPS, no del Gobierno. Si se liquida una EPS por su insostenibilidad financiera, sus afiliados pasan a otra, y esta inmediatamente entra en causal de liquidación”, dijo Petro.

Dichas afirmaciones han sido refutadas por diversos actores, quienes han insistido en que no es cierto que el Gobierno haya financiado el sector; por el contrario, aseguran que le ha restado recursos. La prueba más clara de ello es que la Corte Constitucional ordenó la instalación de una mesa de discusión para revisar la UPC de 2024 y evaluar posibles rezagos en los valores fijados para las vigencias de 2021, 2022 y 2023.

Y aunque dichas mesas ya se instalaron desde la semana pasada, y ya realizaron su primera reunión, por ahora la percepción de los participantes es que no resultarán en una cura para la actual enfermedad que atraviesa el sistema. Según explicó el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, quien participa en los encuentros que se espera tengan una duración de dos meses, el Gobierno no ha mostrado hasta el momento interés en que se haga actualización de la UPC, porque insisten en que la falta de recursos no es el problema que tiene enfermo al sistema.

Para Silva, una muestra de ello es que hoy el Gobierno maneja a más del 60 por ciento de los afiliados al sistema a través de la Supersalud, en algunos casos desde hace más de un año con indicadores que en vez de mejorar se han ido deteriorando, como ha sucedido con la Nueva EPS, que cuenta con más de 11,6 millones de afiliados y ha visto en los últimos 12 meses, desde su intervención, un aumento en el número de las PQRD interpuestas y la peor tasa de quejas en los últimos tres años.

“El Gobierno Nacional no tiene la intención de cumplir la orden de la Corte Constitucional. Yo, que formo parte de la mesa de revisión de la UPC, veo que el discurso, la narrativa, la metodología y las preguntas buscan llevar al auditorio a avalar la postura del Gobierno. Y esa postura es respetable, pero ellos insisten en que los recursos son suficientes. Si realmente es así, ¿por qué el Gobierno no les está cumpliendo a los pacientes, si maneja el 60 por ciento de los recursos del sistema? Si no se inyectan fondos de manera urgente, en pocos meses veremos el cierre de más servicios”, dice Silva.

En este escenario, la incertidumbre sobre el sector ha ido en aumento. Las aseguradoras ya han advertido que podrían ser liquidadas, tal como lo ha solicitado el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en caso de que no se apruebe la reforma. Además, han señalado que, de no aprobarse, el Gobierno la implementaría por decreto.

Según Ana María Vesga, presidenta de Acemi, en declaraciones a La FM, el Gobierno no quiere entrar en una conversación técnica y podría utilizar el argumento de la falta de pagos a los gestores farmacéuticos para tomar la decisión de liquidar las nueve EPS que actualmente están intervenidas, que son las que no cumplen de plano con los requisitos financieros para operar.

“La pérdida total de las EPS el año pasado fue cercana a los $ 9,6 billones, y de esa cifra, el 70 por ciento corresponde a pérdidas de las EPS intervenidas. Estas entidades no tienen hoy reserva técnica y han mostrado, durante este año de gestión en que han estado a cargo del Gobierno, un detrimento muy importante”, señaló Vesga.

En ese sentido, hoy corren riesgo de desaparecer: Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, SOS (Servicio Occidental de Salud), Emssanar y Coosalud.

Pero, ¿cuánto más puede aguantar el sistema de salud padeciendo como un paciente terminal? Según el exministro de Salud Augusto Galán, el sector sanitario, a diferencia de otros, atraviesa sus crisis de forma lenta, con indicadores que reflejan la problemática gradualmente a través del cierre de unidades de atención o el aumento de la morbimortalidad. Sin embargo, esa realidad no es igual para todos, ya que quienes tengan recursos o capacidad de endeudarse lo harán si necesitan atención, ante la imposibilidad de obtenerla a través del Estado.

“El colapso del sistema de salud no se asemeja ni será nunca como el del sistema energético o financiero. Si la gente retira todos sus ahorros, en una semana el sistema financiero se quiebra y el colapso es absoluto e inmediato. En el sector salud, eso no ocurre porque las personas van adaptándose a su tratamiento y sintomatología. Quienes necesitan atención y no la encuentran en el sistema general de seguridad social en salud, si tienen capacidad de pago, la asumen de su propio bolsillo o venden parte de su patrimonio, lo que hace que el sistema sea aún más inequitativo. Ya lo estamos viendo con el incremento de las pólizas privadas”, destaca Galán.

Otros expertos son más críticos, como es el caso de la directora ejecutiva del Grupo de Participación Ciudadana Plural, Cristina Isaza, quien considera que el sistema de plano ya colapsó, y lo que se debe hacer con urgencia es evitar los impactos que la crisis va a tener en las personas. “En mi concepto, nuestro sistema de salud tal cual como lo conocíamos, el logro social más importante de Colombia, ha sido socavado en sus cimientos y ya colapsó con el ‘chu, chu, chu…’. Estamos viviendo las primeras etapas de la emergencia. Ya hay que gestionar el colapso, para evitar una crisis humanitaria de mayores dimensiones y pensar en el sistema de salud que necesita el país con miras a 2026. Esto que vivimos hoy era evitable por parte del Gobierno, con gestión técnica y acuerdos”, agrega la experta.

Para todos los expertos consultados en este artículo la solución es clara: el sistema de salud requiere un inyección urgente de recursos. Sin embargo, el médico tratante sigue siendo el Gobierno y de este depende las acciones por tomar.

Mientras tanto, el sistema insiste en un llamado al diálogo, pues en medio de la discusión lo que están en riesgo son las vidas de millones de colombianos.

Entre ellos está la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien en entrevista con EL TIEMPO también aceptó que es claro que el problema es de recursos, pero que dada la urgencia de la crisis lo que se deben buscar es soluciones en conjunto.

“Dado que la crisis ha aumentado en algunos lugares, proponemos que se hagan algunos puestos de mando unificado en esas regiones más afectadas, en donde también participa el Gobierno y se pueda dar solución práctica de los casos”, propuso Marín.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros