¿Qué ha pasado con la Nueva EPS desde su intervención? Según datos de la Supersalud su servicio ha desmejorado

El jueves de esta semana, Nueva EPS cumplirá un año bajo la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Desde el 3 de abril de 2024, esta entidad promotora de salud ha sido istrada por el Gobierno. En estos doce meses, pese a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre una mejoría en el servicio, la realidad de los pacientes es que el a la salud ha empeorado.

“Hoy ya estamos ante una realidad inocultable. Los cantos de desastre se silenciaron, las quejas han disminuido sustancialmente. Los pacientes son atendidos más puntualmente y más de 1.000 IPS han recibido más pronto sus pagos. Ahora buscamos capitalizar la Nueva EPS para volverla vanguardia en la gestión de la salud de Colombia”, afirmó el primer mandatario el 29 de abril de 2024, casi un mes después de intervenir la EPS.

Si bien es cierto que Nueva EPS no tenía indicadores positivos antes de su intervención, especialmente en términos de cartera y reservas técnicas —los recursos que una aseguradora debe tener siempre disponibles en caso de emergencias—, durante el último año esas cifras han empeorado, afectando a los afiliados.

Según los datos, la calidad del servicio ha empeorado en apenas 12 meses. Por ejemplo, información de la propia Supersalud indica que la tasa de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) ha aumentado. En febrero de 2024, la tasa de PQRD en Nueva EPS era de 21,26 por cada 10.000 afiliados, y para febrero de este año aumentó a 34,88, la cifra más alta de los últimos tres años.

Esta no es una realidad aislada. De acuerdo con la misma entidad, la tasa de quejas por cada 10.000 afiliados ha aumentado en 8 de las 9 EPS intervenidas, con los mayores incrementos en Servicios Occidental de Salud (SOS), Famisanar, Nueva EPS, Sanitas y Savia Salud.

Por otro lado, durante este año de intervención, un número creciente de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y gestores farmacéuticos han decidido dejar de atender a los afiliados de Nueva EPS, debido a las millonarias deudas que la aseguradora no ha pagado, lo que impide seguir ofreciendo servicios como hospitalizaciones y entrega de medicamentos.

Entre ellos están la Clínica Universitaria Bolivariana de Medellín que suspenderá los servicios a afiliados de Nueva EPS desde el próximo 27 de abril. A ellos se suman la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) y el Hospital Internacional, dos importantes IPS de Santander que siempre destacan por su atención en listados internacionales y quienes desde el pasado 25 de marzo han decidido suspender todos los servicios excepto los de urgencias vitales. Según confirmó el presidente de la FCV y el HIC, la deuda con ellos asciende a aproximadamente a los $106.000 millones.

Lo mismo sucedió con Audifarma. En octubre del año pasado, Nueva EPS anunció que Audifarma ya no sería el gestor farmacéutico encargado de entregar los medicamentos a 2,5 millones de sus más de 11,6 millones de afiliados, debido a la falta de pagos y deudas por parte de la EPS. Días después del anuncio, y tras varias reuniones mediadas por la Supersalud, la empresa se comprometió a ejecutar un plan de pagos para garantizar la prestación del servicio.

Entre los compromisos hechos por Nueva EPS estaban el desembolso de 110.000 millones de pesos al mes de enero de 2025, como parte del pago de sus deudas y la entrega de la información necesaria para legalizar 486.000 millones de pesos en servicios y medicamentos entregados por Audifarma a s de Nueva EPS al corte de diciembre de 2024. Sin embargo, hasta enero de este año Nueva EPS no había enviado los documentos para dicha legalización y a apenas un día de que terminara el mes de enero solo había consignado 43.000 millones (de los 110.000 millones de pesos prometidos).

Fue eso lo que llevó a que Audifarma definitivamente decidiera no continuar con la dispensación de medicamentos, lo que ha generado parte de la crisis que se vive actualmente. Para solucionar dicha problemática Nueva EPS anunció cinco gestores farmacéuticos que reemplazarían a Audifarma.

Todo esto, además, ha estado acompañado de la incapacidad para encontrar un liderazgo capaz de solucionar las problemáticas de la empresa. Primero, el Gobierno logró nombrar como presidente de Nueva EPS a Aldo Cadena, un alfil cercano al presidente Petro que, sin embargo, solo estuvo en el cargo unos días. Asumió el 7 de febrero de 2024, pero semanas después, el 3 de abril, la Supersalud intervino Nueva EPS y nombró como primer interventor a Julio Alberto Rincón.

Rincón fue uno de los primeros en advertir malos manejos en los recursos provenientes de años anteriores; sin embargo, no logró encauzar el rumbo de la aseguradora, por lo que en noviembre de 2024 dejó su cargo en medio de cuestionamientos de la propia Supersalud, que señaló que no cumplió con el reporte de los estados financieros.

“Nueva EPS presenta una falta de control respecto del estado de la facturación y los pagos realizados a su red de prestadores, lo que podría representar una falta de control respecto del estado de la facturación y los pagos realizados a su red de prestadores, lo que podría afectar el uso eficiente de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, señala la resolución que sacó a Rincón de su cargo.

En su reemplazo llegó Bernardo Armando Camacho Rodríguez, quien ha advertido sobre las deudas de la entidad y, pese a los intentos de negociación, no logró evitar que Audifarma dejara de ser el gestor farmacéutico encargado de entregar los medicamentos a los s de Nueva EPS. Camacho informó que, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, se pagaron 3,6 billones de pesos a la red de prestadores públicos y privados, así como a proveedores de servicios y tecnologías de salud.

“Estos pagos son una muestra del compromiso de Nueva EPS con la salud y el bienestar de nuestros afiliados y se han realizado siguiendo una priorización con criterios exclusivamente técnicos”, afirmó el interventor. Sin embargo, estos pagos no han sido suficientes para resolver la cartera de la aseguradora, que tendría pasivos superiores a los 11 billones de pesos, según una investigación de la senadora Paloma Valencia, quien logró acceder a la información financiera de la entidad.

Lo más preocupante es que el futuro no es alentador, ya que el presidente Gustavo Petro, quien reconoce parte de dicha cartera, ha sido claro en que esas deudas no serán pagadas, pues, según él, fueron compromisos creados intencionalmente para generar una crisis.

“La Nueva EPS la creó Vargas Lleras para que su familia la dirigiera y sus recursos fueran manejados privadamente, cuando son públicos. Se endeudó en 5 billones que no pagaron en facturas ni a clínicas y hospitales, que son los que realmente atienden a los pacientes. Esperan que nosotros les paguemos las deudas que dejaron con los dineros del pueblo, pero mamola, que vendan sus clínicas privadas para pagar sus deudas”, señaló Petro.

Hoy, de hecho, no se conoce a ciencia cierta la deuda total de la Nueva EPS hacia los demás actores del sistema, pues en el informe presentado por el Gobierno durante el Consejo de Ministros de esta semana la única EPS que no salía en los gráficos era precisamente la más grande y con mayor número de afiliados.

Sin una pronta promesa de pago de las deudas, con una cartera que sigue en aumento y distintos actores negando servicios a los afiliados, la debacle de Nueva EPS no solo seguirá creciendo, sino que, además, podría traducirse en que sus más de 11,6 millones de afiliados padezcan de primera mano una crisis financiera que, tras un año de intervención, aún está lejos de resolverse.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros