Nueva EPS seguirá bajo intervención de la Supersalud por un año más: ¿qué ha logrado la medida?

La Superintendencia Nacional de Salud anunció este jueves que prorrogará por un año más la medida de intervención forzosa istrativa para istrar de la Nueva EPS, intervenida el 3 de abril del 2024 según la Resolución 2024160000003012-6. 

En el caso de la Nueva EPS, de acuerdo con la Supersalud, se mantienen en las causales de intervención contempladas en el artículo 114 del Decreto Ley 663 de 1993, relacionadas con incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y en la prestación de servicios a sus s.

Al momento de la extensión de la prórroga, la Nueva EPS bajo el control de la Supersalud no ha presentado sus estados financieros. “Como resultado de la medida de intervención, se espera que en el mes de abril el actual interventor publique los estados financieros de la vigencia 2023”, señaló la entidad.

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Si bien es cierto que Nueva EPS no tenía indicadores positivos antes de su intervención, especialmente en términos de cartera y reservas técnicas —los recursos que una aseguradora debe tener siempre disponibles en caso de emergencias—, durante el último año esas cifras han empeorado, afectando a los afiliados.

Según los datos, la calidad del servicio ha empeorado en apenas 12 meses. Por ejemplo, información de la propia Supersalud indica que la tasa de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) ha aumentado. En febrero de 2024, la tasa de PQRD en Nueva EPS era de 21,26 por cada 10.000 afiliados, y para febrero de este año aumentó a 34,88, la cifra más alta de los últimos tres años.

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Esta no es una realidad aislada. De acuerdo con la misma entidad, la tasa de quejas por cada 10.000 afiliados ha aumentado en 8 de las 9 EPS intervenidas, con los mayores incrementos en Servicios Occidental de Salud (SOS), Famisanar, Nueva EPS, Sanitas y Savia Salud.

Por otro lado, durante este año de intervención, un número creciente de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y gestores farmacéuticos han decidido dejar de atender a los afiliados de Nueva EPS, debido a las millonarias deudas que la aseguradora no ha pagado, lo que impide seguir ofreciendo servicios como hospitalizaciones y entrega de medicamentos.

Entre ellos están la Clínica Universitaria Bolivariana de Medellín que suspenderá los servicios a afiliados de Nueva EPS desde el próximo 27 de abril. A ellos se suman la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) y el Hospital Internacional, dos importantes IPS de Santander que siempre destacan por su atención en listados internacionales y quienes desde el pasado 25 de marzo han decidido suspender todos los servicios excepto los de urgencias vitales. Según confirmó el presidente de la FCV y el HIC, la deuda con ellos asciende a aproximadamente a los $106.000 millones.

Lo mismo sucedió con Audifarma. En octubre del año pasado, Nueva EPS anunció que Audifarma ya no sería el gestor farmacéutico encargado de entregar los medicamentos a 2,5 millones de sus más de 11,6 millones de afiliados, debido a la falta de pagos y deudas por parte de la EPS. Días después del anuncio, y tras varias reuniones mediadas por la Supersalud, la empresa se comprometió a ejecutar un plan de pagos para garantizar la prestación del servicio.

Entre los compromisos hechos por Nueva EPS estaban el desembolso de 110.000 millones de pesos al mes de enero de 2025, como parte del pago de sus deudas y la entrega de la información necesaria para legalizar 486.000 millones de pesos en servicios y medicamentos entregados por Audifarma a s de Nueva EPS al corte de diciembre de 2024. Sin embargo, hasta enero de este año Nueva EPS no había enviado los documentos para dicha legalización y a apenas un día de que terminara el mes de enero solo había consignado 43.000 millones (de los 110.000 millones de pesos prometidos).

Fue eso lo que llevó a que Audifarma definitivamente decidiera no continuar con la dispensación de medicamentos, lo que ha generado parte de la crisis que se vive actualmente. Para solucionar dicha problemática Nueva EPS anunció cinco gestores farmacéuticos que reemplazarían a Audifarma.

Todo esto, además, ha estado acompañado de la incapacidad para encontrar un liderazgo capaz de solucionar las problemáticas de la empresa. Primero, el Gobierno logró nombrar como presidente de Nueva EPS a Aldo Cadena, un alfil cercano al presidente Petro que, sin embargo, solo estuvo en el cargo unos días. Asumió el 7 de febrero de 2024, pero semanas después, el 3 de abril, la Supersalud intervino Nueva EPS y nombró como primer interventor a Julio Alberto Rincón.

Rincón fue uno de los primeros en advertir malos manejos en los recursos provenientes de años anteriores; sin embargo, no logró encauzar el rumbo de la aseguradora, por lo que en noviembre de 2024 dejó su cargo en medio de cuestionamientos de la propia Supersalud, que señaló que no cumplió con el reporte de los estados financieros.

“Nueva EPS presenta una falta de control respecto del estado de la facturación y los pagos realizados a su red de prestadores, lo que podría representar una falta de control respecto del estado de la facturación y los pagos realizados a su red de prestadores, lo que podría afectar el uso eficiente de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, señala la resolución que sacó a Rincón de su cargo.

En su reemplazo llegó Bernardo Armando Camacho Rodríguez, quien ha advertido sobre las deudas de la entidad y, pese a los intentos de negociación, no logró evitar que Audifarma dejara de ser el gestor farmacéutico encargado de entregar los medicamentos a los s de Nueva EPS. Camacho informó que, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, se pagaron 3,6 billones de pesos a la red de prestadores públicos y privados, así como a proveedores de servicios y tecnologías de salud.

“Estos pagos son una muestra del compromiso de Nueva EPS con la salud y el bienestar de nuestros afiliados y se han realizado siguiendo una priorización con criterios exclusivamente técnicos”, afirmó el interventor. Sin embargo, estos pagos no han sido suficientes para resolver la cartera de la aseguradora, que tendría pasivos superiores a los 11 billones de pesos, según una investigación de la senadora Paloma Valencia, quien logró acceder a la información financiera de la entidad.

Lo más preocupante es que el futuro no es alentador, ya que el presidente Gustavo Petro, quien reconoce parte de dicha cartera, ha sido claro en que esas deudas no serán pagadas, pues, según él, fueron compromisos creados intencionalmente para generar una crisis.

“La Nueva EPS la creó Vargas Lleras para que su familia la dirigiera y sus recursos fueran manejados privadamente, cuando son públicos. Se endeudó en 5 billones que no pagaron en facturas ni a clínicas y hospitales, que son los que realmente atienden a los pacientes. Esperan que nosotros les paguemos las deudas que dejaron con los dineros del pueblo, pero mamola, que vendan sus clínicas privadas para pagar sus deudas”, señaló Petro.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros