Dos años del gobierno Petro en educación: una reforma que no vio la luz, crisis en salud de los maestros y metas a paso lento

En la narrativa del gobierno, en cabeza del mismo presidente Gustavo Petro, la Educación ha sido mencionada una y otra vez como una prioridad, afirmación respaldada con el hecho de mantenerse como el sector que más recursos recibe del Presupuesto General de la Nación.

(Ingrese al especial: Dos años de Petro: así ha sido su gobierno)

Pero, según expertos, esta idea tan presente en el discurso del Ejecutivo contrasta con los pocos hitos en el sector durante los dos primeros años de Gobierno, en los cuales su apuesta por una reforma educativa se vio truncada en el Congreso, mientras que los indicadores en Educación Superior, el foco de las actuales políticas públicas, no parecen avanzar al ritmo esperado.

En lo que respecta a lo legislativo, la gran promesa en materia educativa del Gobierno fue en principio una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 (que regula la educación superior en Colombia) con el fin de rescatar del déficit fiscal a las universidades públicas. Sin embargo, la idea evolucionó a una gran reforma a la educación que pretendía cambiar de manera integral al sistema, para lo cual eran necesarias varias leyes.

Para ello, el Ministerio de Educación radicó en la pasada legislatura el proyecto de ley estatutaria que pretendía hacer de la educación un derecho fundamental en todos los niveles, sirviendo de marco jurídico para las demás reformas. La iniciativa, que incluía varias novedades como hacer obligatoria la educación media (grados décimo y once, que hoy no se dictan en varias regiones), avanzó prácticamente sin contratiempos en sus primeros tres debates, dos en Cámara y uno en Senado, recibiendo una votaciones favorables unánimes, al punto que la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, afirmó que “si hay una reforma que puede generar consensos, es esta”.

Nada más alejado de la realidad. El proyecto se hundió en su último debate sin ser discutido luego de que un acuerdo logrado entre oposición y el partido de Gobierno se rompiera en la plenaria del Senado, argumentando ambas partes diferencias irreconciliables, como el papel de la educación privada en el sistema educativo, la obligatoriedad de evaluación docente y el incluir en este aspecto los resultados de las pruebas Saber de los estudiantes como indicador de desempeño de los profesores.

El hundimiento de la ley estatutaria lo sentenció el paro indefinido de los profesores de Fecode, hasta entonces grandes aliados del Gobierno. El sindicato señaló que el último articulado vulneraba sus derechos y violaba los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Educación.

Este fracaso legislativo, sumado a escándalos como la designación de rector en la Universidad Nacional o la crisis en el sistema de salud de los maestros, selló la salida de la ministra Aurora Vergara, que antes de irse dejó en manos del Ministerio del Interior cinco proyectos de reforma, que incluían la estatutaria, la reforma integral a la Ley 30, al Sistema General de Participaciones y al Icetex.

Ahora, a falta de dos años, toda esta apuesta de reforma integral al sector educativo volvió a reducirse a la propuesta original, que ahora queda en manos del nuevo ministro Daniel Rojas: modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y salvar las finanzas de las universidades públicas. Se espera que el proyecto se radique en las próximas semanas.

De esta forma, los analistas concuerdan en que el primer semestre de 2024 fue, sin duda, el más difícil para el Ministerio de Educación en lo que lleva el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Así lo sostiene el analista educativo Ricardo Rodríguez: “Esta fue una primera mitad de año bastante difícil para la cartera, en donde lo que más estuvo en juego fue la capacidad de negociar y generar acuerdos en el sector. No solo por el episodio de las últimas semanas en el Congreso, donde la falta de acuerdos condenó a la estatutaria, sino también a la hora de concertar en la elección de rector de la Nacional y el paro de Fecode”.

Y añade: “Todo esto no es solo un mal precedente para el Gobierno y el Mineducación. También lo es para un sector como el de la educación, donde es claro que hay un consenso en que necesita ser reformado en todos sus niveles (y la estatutaria era un buen inicio). Esta incapacidad de generar consensos con sectores políticos pero también con agentes del sector como profesores, estudiantes, rectores de universidades entre otros, incluso con la actitud conciliadora de la ahora exministra, es preocupante para sacar adelante cualquier reforma, en especial las más complejas como las relacionadas directamente con presupuesto, como la de la Ley 30”.

Además de las reformas, el sector cuenta con retrasos importantes en indicadores y metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en especial en aquellas que causaron más ruido por lo ambiciosas y prioritarias.

Tal vez la más notoria la de los 500.000 nuevos cupos en educación superior. Para la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, el estado actual de cumplimiento de esta meta es muy pobre, en parte por la falta de articulación con todos los actores del sector: “Esto me preocupa muchísimo, a la fecha llevan 64.729, es decir, a dos años del gobierno Petro han cumplido solo con el 13 por ciento de la meta. Si el nuevo ministro no trabaja conjuntamente el sistema mixto, público y privado, si no reconoce también el valor de los privados, pues no va a cumplir las metas. Y eso va a requerir de él una capacidad de hacer consensos y de bajar el tono a sus posturas personales, de lograr acuerdos con las universidades, pero también con los entes territoriales”.

Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Educación estos números concuerdan con las proyecciones para cumplir las metas. Cabe aclarar que las cifras en educación se revelan con seis meses de retraso, por lo que el cumplimiento de esta meta va hasta 2023 y no cuenta lo que lleva el 2024, año para el que la proyección es de otros 150.000 cupos nuevos.

Los últimos datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) muestra que, si bien es cierto que el número de estudiantes matriculados en primer semestre efectivamente creció en 64.729 en 2023, ese año la matrícula total en educación superior creció solo 14.199. Que las matrículas no crezcan a la par de los estudiantes ‘primíparos’ es una señal preocupante para la tasa de deserción, cuyo último dato publicado por el Gobierno es de 2021 y hoy no se tiene conocimiento de cuántos jóvenes abandonan sus estudios.

Las mismas cifras del Snies muestra que las universidades privadas crecieron en estudiantes y que, por el contrario, las públicas cayeron en matrículas, a pesar de la implementación de la política de gratuidad, paradójico en un Gobierno centrado en la educación pública.

Y, de acuerdo con el Observatorio de la Universidad Colombiana, “pese a los subsidios y la matrícula cero, 39 de 74 IES públicas disminuyeron en número de estudiantes”, incluido el Sena, que perdió 31.839 estudiantes.

Por su parte, la coalición de organizaciones y redes de la sociedad civil enfocadas a infancia, NiñezYa, publicó un informe de seguimiento a las metas e indicadores previstos para garantizar los derechos de la niñez en el Plan Nacional de Desarrollo de la istración del presidente Gustavo Petro. El análisis evidenció que, de los 75 indicadores del PND que están relacionados con niñez, solo 22,7 por ciento reporta un avance superior al 40 por ciento a la mitad del cuatrienio, con lo cual puede decirse que podrían lograr la meta prevista.

Sin embargo, cerca de cuatro quintas partes de los indicadores de niñez del PND presentan importantes retrasos. “Otro 22,7 por ciento reporta un avance entre 20 y 39 por ciento; el 28 por ciento de indicadores no han logrado avanzar más del 20 por ciento y el restante 26,6 por ciento de indicadores no cuentan con información disponible por el tiempo de rezago o porque a la fecha no disponen de las fichas técnicas aprobadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), es decir, con el documento que señala cuáles deben ser los indicadores asociados a la meta que se propuso el Gobierno Nacional”, señala NiñezYA.

De esta forma, participación, fortalecimiento familiar para el cuidado y la crianza y protección contra todo tipo de violencia reportan la mayor proporción de indicadores con un avance inferior al 20 por ciento.

A pesar de las demora mencionadas, hay indicadores y políticas en las que se obtuvieron buenos resultados, como es el caso de la ampliación de cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que hoy llega a 5,7 millones de niños, niñas y adolescentes, y que además avanzó con la implementación del PAE+, con el que se dan canastas alimentarias fuera del calendario escolar.

Importante también que se lograra la reducción de la tasa de interés de los créditos educativos del Icetex al IPC más el 0 por ciento, en un principio por un artículo en la reforma tributaria que terminó hundiéndose por la Corte Constitucional, y luego gracias a acuerdos con 64 universidades privadas, de lo que se han beneficiado a la fecha 33.000 estudiantes.

Histórica también ha sido que, por primera vez, se lograra la condonación de capital de la deuda a deudores morosos de créditos educativos, pero también a s con un buen comportamiento de pago.

A la fecha, este Gobierno ha entregado más de 100 colegios nuevos y mejorado y entregado más de 500 colegios en todo el territorio nacional, ampliando y dignificando las posibilidades de estudio a más de 225 mil estudiantes. También entregamos cerca de 400.000 metros cuadrados en espacios de mejora y ejecutamos $1.2 billones dedicados a la infraestructura educativa en todo el país.

También se avanza en la construcción de 469 establecimientos adicionales, 71 en diseños y 1.393 en estructuración para fortalecer la educación preescolar, básica y media. Además, están en etapa de estructuración 58 proyectos propuestos por alcaldías, gobernaciones e Instituciones de Educación Superior (en medio de la estrategia ‘Universidad en tu Territorio’).

Finalmente, para atender el déficit de docentes de planta, se crearon 5.899 plazas docentes en 90 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en Educación, con una inversión superior a los $356 mil millones de pesos.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Periodista de Educación