En la última década, casi se duplican casos de menores vulnerados que llegan al ICBF

En los últimos 10 años, el número de niños, niñas y adolescentes que ha ingresado al Proceso istrativo de Restablecimiento de Derechos (Pard) se ha incrementado en 76,5 por ciento. El más reciente reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) muestra que en 2012 se registraron 31.083 casos, mientras que en 2022 fueron 54.872.

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El Pard es un mecanismo creado por la ley de infancia y adolescencia como un instrumento para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de esta población ante una amenaza o vulneración, según la Alianza por la Niñez Colombiana.

Hasta septiembre del 2023, la entidad registra 71.702 niños, niñas y adolescentes con procesos abiertos en este sistema, que van desde violencia sexual, omisión o negligencia hasta agresiones psicológicas. Dicha cifra contabiliza los casos registrados en un año y medio, periodo máximo que dura un caso para resolverse, aproximadamente. Los niños que ingresan a este sistema no necesariamente quedan bajo custodia de este instituto.

Entre tanto, durante el transcurso de este año se han reportado 39.316 nuevos casos, lo que de acuerdo con la entidad refleja la tendencia de los últimos años (ver gráfico). EL TIEMPO habló ayer con Adriana Velásquez Lasprilla, subdirectora general del ICBF, en la conmemoración del Día Mundial de la Infancia, organizado por Unicef, y explicó cuáles son los departamentos donde más se presentan reportes.

“Nosotros permanentemente monitoreamos la información que recibe el ICBF, que son los casos que nos llegan mediante las comisarías y defensorías de familia. Básicamente siguen siendo Bogotá, Medellín y Cali donde se presenta por volumen el mayor número de casos para atender. Reclutamiento forzado sigue siendo una de las principales situaciones y hechos que nos llaman la atención, en donde tenemos alertas en zonas de Cauca y Nariño”, detalló la funcionaria.

Velásquez advirtió que la entidad ha visto un incremento sustancial en los casos de violencia sexual y conductas suicidas en el territorio nacional. De acuerdo con el reporte del ICBF, en 2023 se han registrado 12.724 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El año pasado cerró con 19.065 reportes, lo que significa un aumento del 34 por ciento con respecto al 2020 (14.226).

Sobre el reclutamiento de menores en grupos armados, Gustavo Ugalde, gerente de Recaudación de Fondos de Unicef para Colombia, le dijo a EL TIEMPO que en los últimos 15 años se han presentado más de 16.000 niños y niñas que han hecho parte de esta problemática. En este mismo sentido, el ICBF asegura que actualmente hay 217 adolescentes activos en su programa de atención especializada para víctimas de reclutamiento ilícito que se desvinculan de los grupos armados.

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De los 71.702 procesos activos en el Pard, el segundo asunto procesal con mayor incidencia es omisión o negligencia, con 18.810 reportes. Le sigue la falta absoluta o temporal de responsables, con 9.936; alta permanencia en la calle, 4.311; abandono, 3.545; por condiciones especiales de cuidadores, 2.514; violencia física, 2.177; maltrato, 1.692; conductas sexuales entre menores de 14 años, 1.548; violencia psicológica, 1.155; y otros motivos, 6.824.

Por edades, el rango donde el ICBF recibe más casos es de 12 a 18 años, con 32.521 procesos activos con corte a septiembre del 2023. Luego están los menores de 6 a 12 años, con 18.987; continúan quienes están entre 0 y seis años; con 10.428; y los mayores de 18 años, 9.654.

“Uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo nos convoca a crear el Sistema Nacional de Justicia Familiar y eso es muy importante porque vamos de la mano fortaleciendo tanto las comisarías como las defensorías de familia en el marco de un trabajo técnico, afianzado, que tenga una mirada integral y sobre todo preventiva de las vulneraciones de derechos”, agregó Velásquez a este diario.

De hecho, la subdirectora del ICBF detalló que han realizado alianzas con entidades como Unicef para reforzar las medidas de prevención, protección y acción a favor de las niñas, niños y adolescentes del país.

“Con Unicef hemos hecho un ejercicio que nos ha fortalecido y en el cual nos complementamos. También vamos de la mano con temas que el país no conocía, por ejemplo, antecedentes migratorios como el que hemos tenido durante los últimos tres años.

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Contamos con socios como el Banco Interamericano de Desarrollo, Acnur, Save the Children y todas las alianzas y las plataformas de la sociedad civil”, dice Velásquez.

En cuanto a la nacionalidad, el sistema de Proceso istrativo de Restablecimiento de Derechos (Pard) registra, con corte a septiembre del 2023, 68.329 colombianos, 3.211 venezolanos y 42 apátridos (no registra nacionalidad).

Entre tanto, Unicef alertó por la grave desescolarización y la severa desnutrición que atraviesan la infancia y la adolescencia en Colombia.

“El año pasado, con cifras oficiales, contabilizamos 2,6 millones de niños y niñas entre 6 y 16 años por fuera de la escuela. ¿Cuánto le cuesta al país esta falta de oportunidad en el futuro? O sea, uno de esos niños o niñas podrían ser médicos, inventores o empresarios. Entonces es un costo para el país no invertir suficiente en educación”, explicó Ugalde, de Unicef Colombia.

Sobre la desnutrición, el gerente de la organización advirtió que el año pasado se registraron más de 20.000 niños y niñas con esta condición de salud.

“La desnutrición severa es algo muy doloroso porque se puede evitar y porque con protocolos adecuados se puede salir rápidamente. En una región como la nuestra es algo que no debería existir”, señaló.

Asimismo, Unicef detalló que ha venido haciendo un diagnóstico de los territorios donde más se presentan estas problemáticas. “Tumaco, por ejemplo, es una región que tiene dolorosamente una historia muy fuerte del tema de reclutamiento y de involucramiento de menores de edad en temas armados. Y en el tema de desnutrición hay tres, La Guajira, Vichada y Chocó, donde hemos detectado focos muy fuertes”, alertó Ugalde. Y agregó: “Está demostrado que países que invierten en proteger a la infancia prosperan como sociedad y tienen paz”.