Caso Nicolás Petro: defensa pide incluir dictamen psicológico a Daysuris Vásquez tras denuncias contra exdiputado

Pasadas las 8:30 de la mañana de este martes 22 de abril, se reanudó la audiencia del caso Nicolás Petro desde el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, para el juicio oral por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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Hasta este lugar del Centro de la ciudad, llegaron la fiscal del caso, Lucy Laborde, y el Ministerio Público para atender la diligencia de manera presencial, mientras que la defensa y el exdiputado del Atlántico asisten de manera virtual. 

El día anterior, el abogado Alejandro Carranza hizo énfasis en el “sesgo institucional” de la Fiscalía en este proceso. Asimismo, pidió retirar como pruebas las declaraciones que brindó Petro Burgos al ente acusador en el marco de la colaboración y principio de oportunidad.

A su parecer, este preacuerdo fracasó entre las partes, por lo que ve oportuno no tener en cuenta las manifestaciones del hijo del presidente para la defensa.

De igual manera, pidió incluir las respuestas oficiales de entidades gubernamentales en las que se niegan “vinculaciones burocráticas” con su defendido.

Adicionalmente, presentó de cara al juicio una comunicación de Presidencia para demostrar que Petro Burgos no gestionaba contratos, ni puestos en dependencias del gobierno.

Menciona una serie de reuniones de carácter social con el entonces alcalde de Barranquilla y el representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, Agmeth Escaf, sin compromisos de contratación.

Por otra parte, postuló certificados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y formularios electorales que demostrarían que Nicolás Petro no hizo aportes a la campaña presidencial.

Así como documentos internos de la Coalición del Pacto Histórico para corrobora que él no tuvo injerencia o roles en la contienda electoral de 2022 para la Presidencia de la República.

Según la defensa, cuenta con evidencias para demostrar que el exdiputado del Atlántico tuvo capacidad económica para adquirir bienes, enseres y servicios, así como la obtención de ingresos periódicos y documentados como servidor público.

Una de las primeras peticiones que hizo este martes 22 de abril el abogado Alejandro Carranza fue postular en juicio la práctica del dictamen pericial de psicología forense frente a la estructura psicológica, conducta y comportamiento de Daysuris Vásquez.

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“Servirán en audiencia para establecer al respecto de su veracidad, verosimilitud y su influencia emocional en el presente caso, específicamente relacionados con la imputación y con la acusación, que se han llevado a cabo con sus manifestaciones en redes públicas, con sus manifestaciones en los escenarios periodísticos en los que ha participado de manera muy activa”, dijo la defensa.

Carranza indicó que se busca contrastar ese comportamiento versus el mismo comportamiento en sus declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación.

“Esto es pertinente, porque la psicología de una persona puede ser relevante para comprender su comportamiento y motivaciones en relación con el delito. Analizará el lenguaje, el vocabulario, la memoria, el procesamiento de la información de la ciudadana. Estos son aspectos claves para evaluar su capacidad para recordar eventos, para comunicarse y comprender información relevante para el caso”, explicó.

Otra evidencia que busca incorporar la defensa y que mencionó en esta jornada es un dictamen pericial forense de contabilidad y análisis financiero para establecer si hubo o no conducta de enriquecimiento ilícito.

“Existe un grave vacío en el análisis de lo que es un activo, un gasto y un pasivo. Esto es importante establecerlo, porque la conducta de enriquecimiento ilícito tiene una estructura inicial que requiere establecer si verdaderamente hay enriquecimiento, si hay crecimiento patrimonial, si hay una variación patrimonial justificada o injustificada. Solamente un profesional en finanzas puede llevar la certeza, la claridad de si los análisis que realizó la Fiscalía son adecuados o no con las normas internacionalmente aceptadas de contabilidad, con las reglas de contabilidad nacionales”, indicó.

El abogado Alejandro Carranza continuó este martes haciendo énfasis en requerir al teléfono de Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, con el fin de ver toda la información que hay en los chats y no información “parcial” o las “extracciones” de las conversaciones.

“Aquí necesitamos la verdad, no cualquier verdad, sino la verdad que nos dé la ciencia. Por esa razón es que se solicita que se ordene a la Fiscalía que nos entregue todos los celulares. No para que nos basemos solo en las imágenes digitales que nos entregaron sobre conversaciones parciales, sino sobre todo el contenido de los celulares, para poder hacer un análisis de contexto, para poder hacer la comparación en la línea de tiempo, comparado con lo que sucedía en este proceso, en la etapa de investigación preliminar, en la indagación y en la etapa de acusación y durante el término que se estaba solicitando el principio de oportunidad”, señaló.

Alejandro Carranza solicitó al juez Hugo Carbonó autorizar como evidencia para el juicio un dictamen para analizar el patrimonio de la sociedad conyugal entre Nicolás Petro y Daysuris Vásquez.

“Este informe forense busca ir a profundidad sobre todo el análisis, la unidad de caja financiera, las fuentes, los usos, los manejos de esos recursos, el incremento o decremento de ese patrimonio de la sociedad conyugal, en dónde se encuentran esos activos de la sociedad conyugal. Nos va a llevar a una realidad sobre dónde están los bienes actualmente, quién los tiene y quién se está enriqueciendo”, manifestó la defensa.

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Asimismo, el abogado del exdiputado del Atlántico pidió incorporar un dictamen que da cuenta de la extracción forense de los chats cruzados entre Blanca Isabel Gutiérrez, el exfiscal del caso, Mario Burgos, y el investigador líder de la Fiscalía, Víctor Forero.

“La pertinencia radica en que el análisis forense digital permite recuperar y analizar la información de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o computadores, de manera que se preserva la integridad de la evidencia. Proporcionará información sobre comunicaciones, sobre las intenciones y posibles irregularidades cometidas probablemente por Mario Burgos, exfiscal del caso, con ocasión del principio de oportunidad y los bienes que la señora Daysuris del Carmen Vásquez ostenta en la actualidad, como es el vehículo Mercedes Benz”, indicó.

Agregó que el análisis forense mostrará una línea de tiempo para contrastarla con las etapas procesales, lo que, a su parecer, ayudará a la defensa a mostrar la teoría del caso sobre el “sesgo institucional”.

“Mientras a Nicolás Petro se le estaba imputando que supuestamente se enriquecía, el fiscal Mario Burgos coaccionaba posiblemente para que los bienes quedaran en manos de la ciudadana Daysuris del Carmen Vásquez Castro. Mostrará cómo, mientras se realizaban movimientos de bienes, se toleraba el ocultamiento de recursos económicos, objetos de debate de este proceso, la Fiscalía acusaba a Nicolás de ocultamiento, acusaba a Nicolás de enriquecimiento. Y eso es muy importante, para demostrar que es improbable que Nicolás se hubiera enriquecido como servidor público, que Nicolás hubiera intentado no solo enriquecerse, sino además lavado de activos, y que le probará cómo es absolutamente imposible que él hubiera ocultado los bienes. Por el contrario, mostrará quién ocultó los bienes, quién ayudó a ocultar los bienes. Reitero: no estoy aceptando que los bienes provengan de fuente ilícita”, señaló.

Tras volver del receso del mediodía, el abogado Alejandro Carranza pidió la autorización para presentar en juicio unos oficios que respaldan la actividad financiera del acusado.

Aseguró contar con registros de compras y créditos en almacenes, con el fin de demostrar la capacidad de adquisición de bienes.

“Suscrito por Falabella SA en 9 folios. La pertinencia de este reporte financiero de adquisición de créditos en actividad comercial del acusado es necesario para establecer ese perfil de consumo y de gastos de adquisición de bienes y servicios para los informes de base de opinión pericial. Esta información será base para determinar la capacidad adquisitiva de endeudamiento de Nicolás Petro y, además, es un documento como soporte de análisis de gastos y de bienes de consumo”, explicó la defensa.

Como evidencia, el abogado Carranza también enunció certificados de ingresos salariales que ostentaba Nicolás Petro Burgos como diputado de la Asamblea del Atlántico.

Señaló que esto demuestra la percepción real de ingresos salariales del acusado en ese periodo y cómo esos ingresos no se registraban en sus cuentas, pero “sí venían del sistema financiero”.

Según la defensa, la forma específica en que se decidió recibir la suma hace parte del ejercicio de libertad financiera al que los ciudadanos pueden acceder para adquirir montos en efectivo, en cheques de gerencia, en transacciones electrónicas o en consignaciones en las cuentas de ahorro.

“Y esto permitirá demostrar que la Fiscalía no tuvo en cuenta esta clase de operaciones lícitas, cuando hizo los dictámenes que pretenden llevar a juicio. Es pertinente y radica en la percepción de la evidencia real del ingreso salarial del acusado en ese periodo hace parte del registro de sus ingresos. Pero evaluaremos si esto fue tenido en cuenta o no y si el hecho de recibirlo y cambiarlo por dinero en efectivo constituye una actividad de enriquecimiento ilícito o, peor aún, una actividad de lavado de activos”, señaló.

Sostuvo que las operaciones están acreditadas en la fuente y, bajo ese ejercicio de libertad, el acusado tenía la posibilidad de decidir de qué manera recibía esas sumas.

“Permite a la defensa oponerse a esas manifestaciones que hacen testigos y Fiscalía, cuando consideran exorbitante que un diputado con el nivel de salario que tenía no pudiera ir a Falabella, no pudiera comprarse una joya o no pudiera hacer un viaje. Todo lo contrario, nos ayudará a demostrar que esas aseveraciones no tienen fundamento”, añadió.

Entre las evidencias que postuló la defensa al finalizar la jornada, se encuentra la mención de los estatutos actualizados de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), que en su momento fue mencionada por la Fiscalía en el marco de este proceso por ser presuntamente usada como “fachada” para encubrimientos.

“Este elemento es el que rige la estructura y funcionamiento de objeto social de Fucoso. La Fiscalía intenta inferir que esta estructura fue diseñada con el propósito de realizar encubrimientos patrimoniales. El análisis es vital para probar que no existió ánimo defraudador desde la génesis de Fucoso”, manifestó Carranza.

Adicionalmente, pidió que se incluya la estampilla de pagos de derechos certificados de cumplimientos normativos, para demostrar que se pagaron los derechos exigidos por la norma, para validar estatutariamente aquella entidad.

Igualmente, argumentó que es pertinente porque contradice cualquier afirmación de informalidad, simulación o ilegalidad institucional.

“No era una fachada, no era un vehículo de enriquecimiento ni de lavado de activos. Se evidenciará la operatividad real de la entidad y esto es necesario puesto que, sin su incorporación, se limitaría la posibilidad de acreditar la autenticidad y legitimidad del funcionamiento institucional, y controvertir las inferencias y la teoría de la Fiscalía”, apuntó Carranza.

El juez Hugo Carbonó decidió suspender la audiencia teniendo en cuenta los horarios del personal del juzgado y anunció que continuará este miércoles 23 de abril, a las 8:30 de la mañana.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla