Contraloría pide revisar nuevos acuerdos para iniciar la fase de construcción de las obras del Canal del Dique

Este jueves, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reiteró la advertencia sobre los posibles riesgos que implica la terminación anticipada del contrato sobre el proyecto en el Canal del Dique, que podría significar el pago de una suma que hoy ascendería a los 434.000 millones de pesos.

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El funcionario se refirió a esta situación tras visita de seguimiento a la advertencia emitida por la entidad en noviembre del 2024 a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Dicha advertencia se dio en su momento, debido a los riesgos fiscales identificados en desarrollo del proyecto concesionado ‘Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’.

Según la Contraloría, en caso de que suceda una terminación anticipada de este contrato de concesión, por causas “no imputables al concesionario”, el contrato prevé el pago a este de una cifra que ya hoy podría ascender a $ 434.000 millones.

Lo anterior, con el agravante de que la Nación no habría recibido a cambio la restauración de ninguno de los ecosistemas degradados del Canal del Dique ni las demás actividades y obras previstas.

“Además, se podría materializar el gran riesgo social y fiscal de que pudieren quedar expuestas y desprotegidas frente a inundaciones casi 200.000 hectáreas de los 19 municipios ubicados en la zona de influencia del Canal del Dique y el millón y medio de personas allí asentadas, durante los inviernos severos que se han vaticinado como producto del cambio climático”, comunicó la Contraloría.

También, indicó que se podría incrementar la degradación ambiental de los ecosistemas del Canal del Dique, debido al incontrolado ingreso de sedimentos al canal, ciénagas, caños y a las Bahías de Cartagena y Barbacoas.

De otra parte, quedarían sin soporte contractual ni ejecución, los casi $ 213.000 millones que está previsto invertir en gestión social, institucional y ambiental, en los 19 municipios del aérea de influencia de este macroproyecto.

También se perdería la inversión ya ejecutada de casi $ 11.000 millones en el desarrollo, protocolización y compromisos de las 17 Consultas previas ya realizadas con comunidades, por parte del concesionario y la ANI.

“Aunque estos riesgos fueron oportunamente alertados y advertidos por la Contraloría, creemos que todavía pueden ser adecuadamente gestionados y resueltos con pleno apego a la ley y al contrato vigente, de forma que se evite su materialización y no se conviertan en una presunta causal para generar o decidir una eventual terminación anticipada de este contrato de concesión que, hace parte de una declaratoria de importancia estratégica para la Nación y que generará grandes beneficios al país”, indicó el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

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En ese sentido, la Contraloría General sugiere que se consideren cuatro opciones posibles para subsanar el estado actual y pasar prontamente el contrato de concesión a la etapa de construcción, las cuales enlistó a continuación:

Suscripción de una modificación contractual: formalizar la elaboración y reconocimiento del Estudio de Impacto Ambiental ordenado por la Anla mediante la Resolución 0322 del 29 de febrero de 2024.

Realizar estudio jurídico y acuerdo entre las partes, para la eventual suscripción de una modificación contractual que formalice, entre otros aspectos varios, la elaboración y reconocimiento del Estudio de Impacto Ambiental ordenado por Anla mediante la Resolución 0322 del 29 de febrero de 2024.

Como segundo punto, revisión de requisitos de licenciamiento ambiental: evaluar jurídicamente la exclusión de las Unidades Funcionales 13 y 14 de la obligación de licenciamiento ambiental, permitiendo su gestión mediante fichas paga, autorizaciones de las CAR y otros mecanismos de intervención preventiva.

Asimismo, optimización del proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental: modular y agilizar al máximo posible el proceso de presentación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental exigido por Anla con posterioridad a la firma del contrato de concesión.

Optimizando así la protocolización de las nuevas consultas previas que pudieren resultar, cuyo costo, no previsto inicialmente, podría eventualmente alcanzar los $ 300.000 millones.

Como cuarto aspecto, incluye el cumplimiento de condiciones contractuales restantes: garantizar que el concesionario cumpla con los requisitos pendientes para el paso a la Etapa de Construcción, incluyendo estudios de Fase 3, Plan de Gestión del Riesgo y viabilidad social y predial.

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La Contraloría insistió en la importancia de tomar medidas inmediatas para evitar la terminación anticipada del contrato, lo que supondría graves impactos fiscales, sociales y ambientales.

“Una gestión coordinada es clave para avanzar en la restauración de los ecosistemas del Canal del Dique y garantizar la protección de las comunidades afectadas. Es momento de actuar con responsabilidad y compromiso para asegurar la viabilidad del proyecto y el bienestar de la región”, indicó.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla