Gerente Especial para La Guajira cuestiona al Gobierno por crisis humanitaria

Siguen los cuestionamientos al Gobierno Nacional en torno al manejo de la crisis humanitaria en La Guajira, tras la muerte de cinco menores wayús en menos de una semana por causas asociadas a la desnutrición.

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Esta vez, los fuertes señalamientos provienen por cuenta del Gerente Especial para La Guajira Luis Gómez Pimienta, quien fue contratado por el presidente Gustavo Petro, para atender la crisis humanitaria y estará al frente de la misma hasta el próximo 31 de diciembre, tras indicar su interés de no continuar.

A través de un oficio reafirma que hay descoordinación y sugiere que podrían existir algunas motivaciones políticas y personales tras los proyectos que se desarrollan en esta región para cumplir con la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.

En una carta dirigida a Carlos Ramón González, director del Departamento istrativo de la Presidencia de la República, el Gerente Especial para La Guajira expresó su preocupación por la persistencia y reactivación de la crisis humanitaria en la región a pesar de la masiva presencia del Gobierno Nacional en el territorio.

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Gómez, afirma que la mortalidad persiste a pesar de que no existen antecedentes como ahora de la presencia institucional del Gobierno en el territorio con funcionarios, firmas de convenios y contratos directos por parte del: DPS, ART, UNGRD, ADR, los ministerios de Agricultura, Salud y del Interior, el viceministerio de Agua, Agencia Nacional de Tierras, ICBF, Unidad Solidaria, entre otras.

“Las representaciones actúan con absoluta descoordinación, pero con frecuencia coincidiendo en ejecución de recursos para los mismos objetivos, dejando la impresión que se trata de proyectos personales y/o políticos”.

Explica que la diferencia en la percepción y respuestas a la realidad entre las autoridades nacionales y las organizaciones locales es destacada.

“Ustedes han aplazado las ejecuciones de los planes de choques y provisional con argumentos economicistas, ejemplo si el recurso debe tomarse de las UPC que istran las EPS o de otras fuentes”, indicó.

Afirma además, que desde Bogotá se toman decisiones basadas en estadísticas, “nuestras propuestas parten de “la distribución y comportamiento de la enfermedad en la comunidad” (epidemiología). Para ustedes un caso de muerte infantil es una cifra que se refleja en curvas y cuadros estadísticos, para nosotros es una tragedia”.

La carta también aborda la falta de cumplimiento de mandatos constitucionales y acuerdos concertados como la no constitución del mecanismo especial de seguimiento y evaluación y la falta de coordinación entre las diferentes autoridades a nivel local y nacional, tal como se estableció en la Sentencia T-302.

“Ustedes en un acto antidemocrático y centralista, han incumplido el mandato constitucional concertado entre la Corte y los Accionantes, tutelado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, criticó Gómez.

El llamado final es a abordar directa y permanentemente la crisis en territorio, reconociendo los determinantes estratégicos de la salud pública en La Guajira.

La carta destaca la necesidad de acciones directas y sostenidas para combatir la mortalidad infantil asociada a la desnutrición, mientras que se espera que los planes del presidente Petro recuperen los determinantes estratégicos de la salud pública en el departamento.

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La situación planteada en la carta refuerza la necesidad urgente de coordinación y acción efectiva para abordar la crisis humanitaria en La Guajira y garantizar el bienestar de sus habitantes.

La Asociación Shipia Wayú peticionaria de las medidas cautelares ante la CIDH, le sigue insistiendo al presidente Petro en la urgencia de parar las muertes de las niñas y niños de esta etnia, al tiempo que le recordó su compromiso en la Wayumatamana, el pasado 30 de junio de este año, en la que prometió atención en salud inmediata, alimentaria, suministro de agua permanente y otros a las comunidades indígenas.

Javier Rojas, vocero de esta Asociación criticó la estrategia de Olla Comunitaria, que presentó en su comunidad el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, “de todos los beneficiarios solo seis comunidades que hacen parte de las medidas cautelares salieron en la lista”.

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Indicó además que existen algunas irregularidades en el programa, “esas ollas comunitarias hoy en día tengo entendido que los operadores están quejándose porque no han hecho ni siquiera el primer pago y ya se cumplieron los tres meses, es decir el programa ha funcionado a medias, sin embargo, se ha hecho los reclamos, las peticiones para ver cómo llega a esa acción a la comunidad, pero pareciera que no entendieran sobre la situación o no sé qué es lo que está pasando allí”, dijo.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha