¿Quién es quién dentro de los exjefes 'paras' que fueron nombrados por el presidente Petro como gestores de paz?

A través de la resolución 453 de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, designó como gestores de paz a 18 ex de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

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De acuerdo con la resolución, la designación de estas personas se da por un plazo de seis meses y sus actividades “serán desarrolladas en las condiciones excepcionales, temporales y territoriales que sean definidas en el plan de gestión que se suscriba en cada caso con el Consejero Comisionado de Paz”.

Además, la norma establece que “el reconocimiento como gestores de paz de las personas señaladas en el presente artículo, no modifica su situación jurídica, ni las medidas de aseguramiento vigentes, o su régimen de libertad, ni conlleva beneficios judiciales”.

Para el experto en conflictos, Luis Fernando Trejo, la designación como gestores de paz de la antigua cúpula de las Auc no debe sorprender a nadie, en la medida en que el presidente Petro en días pasados en la ciudad de Montería ya había anunciado que esto iba a suceder.

“Lo que no queda claro en la resolución es cuáles son las funciones que van a cumplir estas personas como gestores de paz, teniendo en cuenta, que pertenecieron a una organización armada ilegal que se desmovilizó en el año 2006. Es decir, ellos no ejercen ningún mando y no tienen tropa desde hace más de 15 años”, señaló Trejo, quien resaltó que eso es un escenario “problemático”, en la medida en que la ausencia o la falta de claridad respecto a los objetivos que se esperan, toda vez que “lo que hacen es alimentar especulaciones en torno a esa designación y terminan desgastando el esfuerzo gubernamental de paz por la ausencia de claridad en las comunicaciones”.

Por su parte, Juan Francisco Navarrete, abogado penalista y procesalista indicó que cuanto a los designados que se encuentren por cuenta de autoridades extranjeras, el comisionado de Paz “tendrá que hacer la gestión y será de absoluta autonomía de dichas autoridades conceder o no la autorización, trámite que debe cumplir con los procedimientos de los canales diplomáticos”.

A su vez, Gerardo Botero Zuluaga, director del Departamento de Estudios Políticos y Jurídicos Universidad de La Salle, manifestó que la situación jurídica de los designados “no cambiaría”, como tampoco las medidas de aseguramiento que tengan vigentes, su régimen de libertad, ni el otorgamiento de beneficios judiciales por ese hecho. “Las personas privadas de su libertad, bien sea en Colombia o en el exterior, seguirán en esa misma condición, pues para realizar su actividad como gestores de paz, lo deberán hacer desde su sitio o lugar de reclusión a través de conexiones virtuales o tecnológicas, previa autorización de las autoridades correspondientes, y por solicitud del consejero comisionado para la paz”, dijo Botero.

El penalista Luis Carlos Oviedo indicó que el marco jurídico vigente Ley 2272 DE 2022, en su artículo quinto, autoriza a las personas o representantes del grupo armado organizado al margen de la ley, así mismo, vocero de la sociedad civil que no pertenece al grupo armado es autorizada por este a fin de participar en las negociaciones de paz, pero con “la claridad que las personas civiles o voceros de la sociedad civil privadas de la libertad no pueden ser gestores de paz según la sentencia C-523 de 2023”.

El primero que aparece mencionado en la lista es Ramón Isaza Arango, quien fue comandante de las Autodefensas del Magdalena Medio. Delinquía entre Tolima, Caldas, Puerto Nare (Antioquia) y con amplia influencia en el suroriente antioqueño y Puerto Boyacá. Desde finales de los 70 organizó las autodefensas en el Magdalena Medio. Seis de sus ocho hijos siguieron sus pasos como comandantes paramilitares. En noviembre del 2002 apareció como uno de los cuatro jefes de la dirección política y militar de las Auc, al lado de Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y José Vicente Castaño.

Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, fue jefe de 700 hombres que formaban parte de las autodefensas de Puerto Boyacá y que sembró el terror en el Magdalena medio. Fue cercano al también exjefe paramilitar Ramón Isaza, quien quedó libre en febrero del año pasado. También fue señalado como antiguo miembro de la estructura de Gonzalo Rodríguez Gacha. En el proceso que lleva ante Justicia y Paz, fue condenado por 395 hechos delictivos, entre ellos 16 relacionados con violencia de género, 70 por reclutamiento ilícito de menores, 95 por desplazamiento forzado, 116 por desaparición forzada y 53 homicidios. Uno de los hechos más atroces que le fueron atribuidos fue la masacre de 14 campesinos, registrada el 13 de abril de 1987.

Héctor José Buitrago Rodríguez, nació en Páez, en la provincia de Lengupá, curtido en la lucha armada en la que estuvo durante unas tres décadas cuando fundó el grupo de autodefensas que lideró al lado de sus hijos. En una de sus últimas entrevistas, este hombre contó que se inició en la lucha armada a comienzos de los años 80 cuando la guerrilla lo citó a una reunión, a la que no fue. En 1996 cuando fue detenido y condenado a 40 años por la masacre de San Carlos de Guaroa (Meta) cedió el control sobre el grupo a su hijo Germán, alias 'Martín Llanos', aún así Buitrago Rodríguez, conocido como 'El Patrón' o 'El Viejo', huyó de la cárcel de Villavicencio.

Ramiro Vanoy Murillo, el exparamilitar fue extraditado a Estados Unidos en 2008, se encuentra pagando una pena de 24 años y 4 meses de prisión en ese país por narcotráfico. El excomandante de las Auc tendrá que venir a pagar 8 años de prisión impuestos por el tribunal de Justicia y Paz por los homicidios, desplazamientos forzados, s carnales violentos, prostitución forzada y esclavitud sexual, reclutamiento ilícito, torturas, secuestros y hurtos que cometió en el marco del conflicto. Vanoy mantendrá esta pena mientras cumpla los acuerdos establecidos en el proceso de Justicia y Paz pues, de lo contrario, se enfrentaría a una pena de 40 años de prisión y una multa de 50.000 salarios mínimos.

Hernán Giraldo Serna, quien era el comandante del Frente Resistencia Tayrona del Bloque Norte de las Auc que operaba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Retornó a Colombia en 2021, tras cumplir una pena por narcotráfico en Estados Unidos y fue expulsado de Justicia y Paz luego de comprobarse que, tras dejar las armas, siguió violando a niñas en las cárceles en las que estuvo preso.

Luis Eduardo Cifuentes Galindo, se desmovilizó en el 2005 y fue beneficiado con pena alternativa de 8 años de prisión. En la sentencia del fallo, el Tribunal explora sobre el desarrollo de la Operación Libertad en la que murieron guerrilleros del Frente 22 y la columna móvil Policarpa Salavarrieta de las Farc, como Marco Aurelio Buendía, hombre de confianza del abatido jefe guerrillero ‘Mono Jojoy’, Luis Alexis Castellanos, hermano de alias Romaña, entre otros.

Manuel de Jesus Pirabán, es un exjefe paramilitar que delinquió en los departamentos de Meta y Vichada con el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Según las autoridades, en su momento fue señalado de supuestamente manejar los negocios ilegales en los sanandresitos de Bogotá.

Juan Francisco Prada Márquez, este exjefe de las Auc fue condenado en junio de 2020 a 8 años de prisión por los delitos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito de menores, violencia basada en género, entre otros.

José Baldomero Linares Moreno, fue Comandante de las Autodefensas Campesinbas de Meta y Vichada (Acmv), en la zona de Meta y Vichada. Está condenado a 40 años de prisión. Estuvo al frente de los 'carranceros', grupo al que se sindica del exterminio de los militantes de la UP, de narcotráfico, y de la desaparición de 26 personas en Puerto Gaitán.

Salvatore Mancuso Gómez, fue la mano derecha del máximo jefe de las autodefensas Carlos Castaño Gil, en abril pasado aseguró que intentaría acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz. El exparamilitar fue extraditado en 2008 a Estados Unidos, en donde cumplió una pena de 15 años por narcotráfico. Retornó al país a inicios de este año, pero no fue sino en julio pasado que recobró su libertad.

Carlos Mario Jiménez Naranjo, el nombre del exjefe paramilitar ha estado en los reflectores en los últimos meses debido a su insistencia de ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pese a que en 2020 había recibido un no. Sin embargo, la Jurisdicción le dio una última oportunidad en una audiencia única de verdad, en la que tendrá que contar si fue un sujeto “incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública”, y una “bisagra o punto de o entre el aparato oficial y los paramilitares”. En abril de este año fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de homicidio de persona protegida, actos de terrorismo y concierto para delinquir agravado por el homicidio de un líder sindical.

Diego Fernando Murillo Bejarano, el exparamilitar, quien también fue extraditado en el 2008, cumple una pena de 31 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. 'Don Berna' tiene un proceso en la Sala de Justicia y Paz de Medellín por los delitos cometidos por el Bloque Cacique Nutibara, el Héroes de Granada y el Héroes de Tolová. Ante ese tribunal la Fiscalía le imputó cargos por unos 400 hechos delictivos que dejaron al menos 3.000 víctimas de los bloques que operaban en Antioquia y Córdoba y que estarían bajo el mando de 'Don Berna'. Entre los hechos están los masivos desplazamientos y los homicidios cometidos en la época del conflicto.

Hebert Veloza García, el exjefe de las Auc fue deportado a Colombia en diciembre de 2017, luego de pagar ocho años de prisión en Estados Unidos por el envío de centenares de toneladas de cocaína a ese país. Ahora alias HH, quien primero fue guerrillero y luego terminó delinquiendo con Carlos Castaño, está respondiendo en la justicia colombiana por los cientos de crímenes cometidos por los bloques Calima y Bananero. El el 2013, fue condenado a una pena de 40 años de cárcel. Sin embargo, tras acogerse a Justicia y Paz, la pena fue de siete años de prisión por su responsabilidad en por lo menos 347 delitos, entre los que estarían 177 homicidios en persona protegida, 2.500 desplazamientos y el reclutamiento de 34 menores, entre otros.

Rodrigo Tovar Pupo, el exparamilitar tiene condenas de 26 años por el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andréis, en 2004; otra de 19 años por el asesinato de dos líderes sindicales de Anthoc en Soledad, Atlántico; una de 23 años de cárcel por el homicidio de un líder sindical en Barranquilla, Atlántico, y se acogió a sentencia anticipada por el asesinato, en 2001, de dos sindicalistas de Drummond. También registra una condena de 25 años por la desaparición de 7 investigadores del CTI en Cesar. En mayo de 2023, el exjefe paramilitar perdió la última oportunidad que tenía de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual le cerró la puerta al concluir que no aportó con verdad plena sobre los nexos entre paramilitares y de la Fuerza Pública.

Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, fue condenado en Colombia en 2015 , por 102 hechos relacionados con su accionar criminal. A este exjefe paramilitar, comandante del Bloque Central Bolívar, además, en el 2014 se le legalizaron otros 313 y se está a la espera de sentencia; en el 2015 se le imputaron 451 y, además, ha confesado 1.500.

Fredy Rendón Herrera, alias Alemán, fue máximo jefe del desaparecido bloque paramilitar Élmer Cárdenas, que tuvo influencia en los departamentos de Chocó y Antioquia, a quien se le señala de ser responsable de por lo menos 914 desplazamientos forzados, más de 10 casos de reclutamiento de menores y múltiples asesinatos. Entre otros delitos, se le acusa a alias el Alemán de haber tenido injerencia en el secuestro de Piedad Córdoba, el 25 de mayo de 1999. Este hombre se desmovilizó junto a sus hombres el 15 de agosto de 2006 y en 2012 la Corte Suprema de Justicia le confirmó la sentencia de ocho años de prisión, la misma que ya había proferido el Tribunal Superior de Bogotá por homicidio agravado, secuestro simple, reclutamiento ilegal de menores, concierto para delinquir y porte indebido de prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Edwar Cobos Téllez, hizo parte del estado mayor de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) cuando el grupo armado ilegal estaba bajo el mando de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Fue jefe del 'Bloque Héroes de los Montes de María' y dominó durante varios años el departamento de Sucre. Era el jefe paramilitar de la zona cuando se cometieron las masacres de San Onofre, en las que desaparecieron cientos de personas. Abandonó Sucre, para ceder el paso a 'Jorge 40', y se quedó con Bolívar. Se le acusa de narcotráfico, de cometer masacres en conjunto con el grupo de Rodrigo Mercado 'Cadena' y de ser uno de los hombres claves en los nexos con políticos vinculados a la 'parapolítica'.

Héctor Germán Buitrago Parada, fue comandante de las Autodefensas Campesinas de Casanare (Acc), es hijo de Héctor Buitrago, apodado ‘el Viejo’, quien fue el fundador del grupo, el cual en sus comienzos era conocido con el mote de ‘los buitragueños’. En 2014 fue condenado a 24 años de cárcel por el crimen del exgobernador de Casanare Emiro Sossa Pacheco, ocurrido en diciembre de 2001, en una finca de su propiedad, en zona rural de Yopal.

Redacción Justicia