Desacato creció 112 % en los últimos cuatro años: estos son los derechos entutelados con más incumplimientos

Un padre desesperado de un adolescente de 16 años con síndrome de Sanfilippo, en Bogotá, ha recurrido a todas las acciones legales para garantizar los medicamentos esenciales para su hijo. El caso escaló a desacato el pasado 5 de marzo y, pese a que la orden daba un plazo de 48 horas a la EPS para responder, está por cumplirse un mes en el que solo ha recibido dos llamadas de los abogados preguntándole por las medicinas que necesita. Siguen sin ser despachadas.

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Ser cuidador de una persona con algún diagnóstico médico, en la mayoría de los casos, se traduce en una sentencia a un viacrucis legal para garantizar su derecho fundamental a la salud, a la vida. 

Don Rafael Vela lleva desde el 2019 batallando con tutelas, quejas y desacatos para que le autoricen a su hijo citas con especialistas, procedimientos y medicamentos. "Recientemente, les mandé un correo diciéndoles que necesitaba los medicamentos que son antipsicóticos y una vitamina porque el niño tiene esta deficiencia. Esta enfermedad requiere de un manejo diferencial porque causa deterioro cognitivo, el cual lleva al paciente a comportamientos extremos de agresividad y autolesión. Ya es preocupante porque, pese al desacato, llevamos dos meses sin medicación", contó.

Vela, quien tiene una Fundación para otros cuidadores y pacientes con este mismo diagnóstico, le contó a este diario un caso en el que el representante legal de la gestora de salud pagó cárcel por no atender el desacato, pero el servicio médico jamás se prestó. Así mismo, historias de enfermos de otras condiciones médicas que mueren esperando el trámite judicial. 

Según el histórico de cifras de la Judicatura al que accedió EL TIEMPO, en los últimos cuatro años las tutelas pasaron de 463.071 a 952.251, lo que representa un crecimiento del 105 %. A la par, los desacatos por desatención de demandas se han incrementado en un 112 % en el mismo periodo.

En 2020, año en que se propagó la pandemia de covid-19, ingresaron a la Rama 88.606 incidentes, mientras que en 2024 esta cifra se multiplicó hasta alcanzar los 187.901.

Este recurso se utiliza para garantizar el cumplimiento del fallo de tutela, en el que el demandante solicita al juez dictar una medida sancionatoria —que puede ser una multa o incluso cárcel— contra el responsable de la orden de amparo, como consecuencia del incumplimiento de la decisión judicial.

El derecho con mayor número de desacatos ha sido el de la salud, que también es el más tutelado. El año pasado se registraron 112.484 ingresos al sistema judicial. 75.809 fueron archivados por el juez y 30.036 sancionados, lo que deja en el inventario final, restando los egresos, un total de 13.588 acciones vigentes.

Le sigue el desacato por el incumplimiento de respuestas a los derechos de petición, con un total de 46.897 casos; al derecho a la seguridad social, con 7.405; al mínimo vital —una cuantía para que una persona pueda satisfacer sus necesidades básicas—, con 7.244; y al debido proceso, con 7.010.

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El desacato que más se archiva es al derecho de petición, en el 82 % de los casos y al debido proceso, con este mismo porcentaje. En el caso de la salud, los desacatos que terminan en sanción son un poco más del 30 %. 

Como la lucha de don Rafael Vela con la EPS por la atención de su hijo, un gran número de desacatos también derivan en incumplimientos. Ante este escenario, el demandante tiene cuatro caminos, todos espinosos y lentos, que, al final, según el exmagistrado del Consejo de Estado, Andrés Briceño, no se traducen en soluciones tangibles para los derechos vulnerados.

Como primera opción, el demandante podría acudir al juez que dio la orden solicitando la sanción de multa o cárcel. "Lamentablemente, eso termina siendo objeto de burla, porque el hecho de que termine preso o pague la sanción, no resuelve el asunto", señaló el jurista.

Si el juez no ejerce sus potestades, el ciudadano podría acudir a la Sala Disciplinaria de la Comisión de Disciplina Judicial y ante esta instancia imponer sus reparos frente a la actuación del funcionario.

Un tercer camino es acudir a la Procuraduría para que inicie una indagación, dado que hay prestadores del servicio de salud y funcionarios de entidades públicas involucrados en la garantía de derechos fundamentales.

Por último, en la vía penal, se puede denunciar el incumplimiento del desacato por fraude a resolución judicial.

"Sin embargo, esto no resuelve nada, porque lo que la persona necesita es el medicamento o el tratamiento médico, por ejemplo. Las tutelas parecen no ofrecer una protección efectiva, sino que, cada vez más, se juega con cuáles se pueden cumplir y cuáles no", agregó el exmagistrado auxiliar.

Redacción Justicia