Coronel Publio Mejía rompe su silencio en la última audiencia del juicio: 'necesitaba responder a tantas mentiras'

En la última diligencia del primer juicio adversarial de la JEP, contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía —señalado como responsable de 72 casos de 'falsos positivos' cuando estuvo al frente del Batallón La Popa—, el exoficial rompió su silencio y decidió comparecer como testigo.

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Luego de una pasarela de unos 40 testigos —22 de ellos presentados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la fiscalía de la JEP—, el acusado coronel (r) Publio Hernán Mejía pasó al estrado para ser interrogado y contrainterrogado. De forma inédita, renunció a su derecho a guardar silencio para rendir un testimonio que será tomado como prueba en el caso.

Con su versión se cierra la fase de juicio oral. Quedan pendientes los alegatos de conclusión, paso previo a la sentencia, que podría convertirse en la primera emitida por el Tribunal de Paz.

Tras la instalación de la sesión, la magistrada Reinere Jaramillo, quien preside el juicio, le pidió al coronel (r) Mejía ceñirse a su rol como testigo y responder únicamente a las preguntas de la Fiscalía y la defensa, y no entregar una versión libre.

El coronel (r) inició su comparecencia haciendo un recuento de su trayectoria militar. Contó que ingresó a la institución con 15 años, en 1980, que participó en la toma del Palacio de Justicia y que fue premiado como mejor soldado de Colombia.

Además, relató que su hermano fue secuestrado, torturado y asesinado, y que su cuerpo fue abandonado en una alcantarilla en Huila con un cartel que decía: "Otro premio para el mejor soldado. Farc-EP".

Abordó la investigación por 'falsos positivos', que ya tenía cierto recorrido en la justicia ordinaria. "Pagué casi 10 años de prisión, pero sigo en el camino de lo correcto. La JEP prometió contar la verdad, no escribirla con mentiras pactadas por quienes buscan beneficios manchando a sus superiores. Por eso decidí hablar (...) No es digno de un soldado aceptar lo que no hizo, pese a las consecuencias", dijo en la audiencia.

Ahondó en el contexto en el que llegó a comandar el Batallón La Popa, meses después del secuestro y homicidio de la exministra Consuelo Araújo, crimen que en Valledupar causó profundo rechazo por la influencia política y cultural de la 'Cacica'.

"Una vez recibí la unidad traté de hacer la mayor cantidad de cambios posibles. Busqué personas especialistas en cada una de las ramas de la vida militar para asignarlas a los cargos adecuados. Busqué que en inteligencia estuviera un militar con curso de inteligencia, que era el mayor Ruiz (actualmente acusado por la UIA por su participación en 'falsos positivos')", aseguró Mejía.

También presentó los resultados operacionales del Batallón durante el periodo en el que ocurrieron los 72 homicidios de personas presentadas como falsas bajas en combate —entre diciembre de 2001 y noviembre de 2003— y recalcó que "fueron más las capturas que las bajas", refutando así la política de 'conteo de cuerpos' a la que la JEP ha atribuido la perpetración del crimen.

Sobre la red de cooperantes, el alto oficial afirmó que se trataba de una de las estrategias de la Seguridad Democrática y que era completamente legítima. “Eso fue un grupo de personas de varios oficios. Vendedores de tinto, finqueros, trabajadores de finca, entre otros. Se dispuso un teléfono fijo y un celular en el batallón. También había un agente de la Policía Nacional recibiendo esa información. Esa red nos suministró muchos datos que fueron corroborados para hacer operaciones en el área".

El contrainterrogatorio se espera continúe el día 30 de abril.

El coronel (r) Mejía fue imputado como máximo responsable en el subcaso Costa Caribe del macrocaso 03, que investiga los homicidios y las desapariciones de personas presentadas como falsas bajas en combate. 

En esta región del país, el fenómeno tuvo origen en el Batallón La Popa —comandado por Mejía entre 2001 y 2003— y se propagó a 19 unidades militares en siete departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

En la última imputación, la Jurisdicción Especial para la Paz halló responsables a 28 exmilitares de 604 víctimas de este patrón criminal. 

El coronel (r) Mejía fue llamado a responder por 72 muertes, ocurridas en zonas rurales de Pueblo Bello, Bosconia, Valledupar, La Paz y San Diego, donde el Batallón La Popa tenía jurisdicción. Por no reconocer su participación en estos homicidios, fue obligado a transitar la ruta adversarial y se enfrena a una pena privativa de la libertad hasta de 20 años de cárcel. 

Redacción Justicia