El reconocimiento del Estado a 1.262 servidores judiciales víctimas del conflicto

Este viernes, en un evento en el Museo Nacional, el Estado colombiano, en cabeza del Ministerio de Justicia, hizo un reconocimiento a los servidores judiciales, y sus familias, que han sido víctimas del conflicto armado colombiano.

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No son pocas víctimas, pero sí muy invisibilizadas, pues de acuerdo con el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol), entre 1979 y 2023 hubo al menos 1.262 víctimas de distintos delitos, de esos, al menos 407 fueron asesinatos.

"Mi papá decía que la justicia y los derechos humanos son una lucha de soledades", dijo el viceministro de Política Criminal Camilo Umaña al instalar el evento y recordar a su padre, el abogado y defensor de los derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en 1998.

El acto de reconocimiento se hizo con base en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y su expresidente, el padre Francisco de Roux, llamó la atención sobre que la seguridad "no la dan las armas, la da la justicia".

Durante el evento se escucharon las voces de los huérfanos, viudas, hermanas que perdieron a sus hermanos, entre otros familiares que al unísono le pidieron al Estado que no olvide a las víctimas que murieron defendiendo a la justicia.

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Bertha Jiseth Valdés, hija de Carlos Julio Valdés, técnico judicial de la Fiscalía asesinado en 2005, señaló: "Queremos que escuchen la fuerza de nuestra voz para que otro niño no vea morir a su padre. No queremos recordarlos solo nosotros, que el Estado no le dé la espalda a sus víctimas (...) Sin importar el gobierno o el fiscal de turno, que el esfuerzo y entrega de ellos no quede en vano, nos queda seguir persistiendo hasta que nuestro dolor les duela. No es un número más, es una vida, un padre, una madre, un hijo, una esposa, un hermano, es un servidor judicial. Queremos que la fuerza de nuestra voz rompa las barreras del Estado y la sociedad en un país donde impera la impunidad".

Sobre la importancia del acto de reconocimiento, Carlos Ojeda, director de Fasol e hijo de Héctor Ojeda, fiscal asesinado en la masacre de Usme, en 1991, señaló que este acto brinda la oportunidad de dignificar el nombre de sus seres queridos y de la justicia misma, así mismo, una "oportunidad para que la institucionalidad tome en serio estas víctimas y cumpla en términos de investigación, reparación, atención y asuma la responsabilidad de lo que ha significado la violencia contra uno de los poderes del Estado".

Ojeda también resaltó que es una oportunidad para reivindicar que no todo es malo en la justicia, tan criticada en el país, pues "dentro de esta justicia hay funcionarios que le ponen el pecho a las investigaciones y eso implica que los actores armados tomen represalias contra ellos".

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La directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Mariana Ardila, destacó que el acto realizado este viernes es un llamado a los organismos del Estado que tienen en sus manos la investigación de los crímenes contra funcionarios a que avancen en estos procesos.

“Este acto es un llamado a todas las instituciones que tienen la competencia para proteger a los servidores judiciales, mejorar programas de protección, tener mayores respuestas a situaciones de riesgos. Parte de proteger a estos servidores es explicarle al país la importancia de la istración judicial para la democracia”.

El conflicto armado en Colombia no ha cesado, y tampoco lo ha hecho la violencia contra servidores de la justicia, de acuerdo con datos de Fasol, solo entre 2022 y 2023 se han registrado 54 casos de victimización a servidores judiciales.

Los principales tipos de violencias son las amenazas, desplazamientos y atentados. Para Ojeda, hay una desprotección territorial al ejercicio judicial "y en estas zonas de conflicto son donde los funcionarios sufren esas violencias".

Precisamente víctimas de esta violencia latente hablaron en el evento de reconocimiento. Antonio José Escobar, juez de Vegachí (Antioquia) amenazado por 'los Caparros', dijo que desde 2017 ha recibido amenazas y la última la recibió en su casa en abril de este año, tras una audiencia de legalización de captura. "Hacemos un fuerte llamado a las instituciones nacionales porque hasta ahora hay ausencia de respuestas y falta de empatía. Mi riesgo fue catalogado como extraordinario y la UNP lo que me entregó fue un chaleco antibalas. No quisiera ser un mártir de la justicia y que mi familia esté mañana llorando por sed de justicia como hemos escuchado hoy", comentó.

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También se escuchó a Olga Liliana Mayorga, jueza en Buenaventura, quien cuestionó la indiferencia, apatía y abandono que los servidores judiciales viven: "No nos dejen solos, amamos nuestra labor pero también amamos nuestra vida y a nuestras familias, que también son víctimas indirectas no reconocidas. Pido que no seamos una lápida más".

En el mismo sentido habló el magistrado auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Hugo Escobar Fernández de Castro, quien expuso cómo la violencia también llega a una institución que trabaja para istrar justicia en el posconflicto, "este tipo de zozobra pueden llegar a la justicia transicional" comentó, al recordar las amenazas que ha recibido por su investigación sobre 'falsos positivos' en Dabeiba (Antioquia) caso en el cual hay también abogados y testigos amenazados y él mismo tuvo que salir del país un tiempo tras un ataque en Medellín.

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Al finalizar el acto conmemorativo, el ministro de justicia Néstor Osuna se comprometió desde el Gobierno a dar “una lucha sin cuartel contra la impunidad” en las investigaciones de crímenes contra servidores judiciales, también expresó su compromiso en el apoyo a la búsqueda de quienes permanecen desaparecidos

“Ellos han sufrido olvidos, pérdida de expedientes, archivos, eso no puede ocurrir. Yo me comprometí en una lucha sin cuartel contra la impunidad. Y otro mensaje es que este gobierno no va a perder la empatía, vamos a seguir trabajando de la mano de la sociedad para cambiar este país”.

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