¿Por qué el presidente de España está presionado por los independentistas y corruptos?

El presidente del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, es un superviviente. Sin haber ocupado cargo directivo alguno en el partido, sorprendió a todos al ganar las primarias internas en 2014 y alzarse con la secretaría general, de la que fue defenestrado el 1.º de octubre de 2016 para regresar a ese cargo ocho meses después, gracias a nuevas primarias, y liderar la oposición al gobierno de centro-derecha de Mariano Rajoy hasta tumbarlo –y reemplazarlo–, tras una exitosa moción de censura, en junio de 2018.

Más recientemente, a pesar de salir derrotado por el conservador Partido Popular (PP) en las elecciones de julio de 2023, Sánchez pudo sobrevivir de nuevo, puesto que el PP no logró la mayoría absoluta en el Parlamento para formar gobierno, algo que sí tuvo Sánchez tras un muy criticado pacto con los independentistas catalanes sumado a otras fuerzas regionales y de izquierda radical.

El presidente consiguió el apoyo para seguir al frente del Gobierno, a cambio de impulsar una ley de amnistía que les perdone a los líderes nacionalistas de Cataluña los delitos de rebelión durante el fallido intento de secesión catalán en 2017, y algunos calificados como terrorismo por el Tribunal Supremo, en el marco de las revueltas violentas de 2019.

La imagen de alguien dispuesto a todo con tal de conservar el poder quedará plenamente confirmada esta semana si, en efecto, Sánchez y sus aliados catalanes consiguen sacar adelante, en el Congreso, la ley de amnistía que, según las encuestas, rechazan casi 7 de cada 10 españoles y 6 de cada 10 votantes socialistas.

Aun así, Sánchez seguirá siendo rehén de los independentistas, en especial del partido Junts y de su líder, Carles Puigdemont, procesado por la justicia tras la intentona independentista de 2017 y las protestas de 2019.

(Lea: El fantasma de la corrupción afecta una de las luchas del presidente Petro).

Al contar el PSOE apenas con 121 de los 350 del Congreso, necesita el apoyo de los 7 diputados de Junts –y de otros grupos minoritarios aliados– para cada votación parlamentaria.

Como telón de fondo de este drama, España enfrenta un escándalo de corrupción de tiempos de la pandemia de covid-19 que salpicó al exministro de Transporte José Luis Ábalos, hombre clave durante la campaña de Sánchez para recuperar el liderazgo del partido en 2017, y algo que le valió ser designado por su jefe como portavoz del partido en el Congreso y más adelante como ministro.

La mano derecha de Ábalos, quien fuera su chofer, asistente y todero, Koldo García Izaguirre, lideró una trama de comisiones por más de 10 millones de euros (unos 42.000 millones de pesos), en el marco de contratos para la compra de tapabocas defectuosos y otros aditamentos de mala calidad en los meses más duros de la pandemia que ascendieron a más de 53 millones de euros (220.000 millones de pesos).

El 20 de febrero, Koldo García y su esposa –clave en el ocultamiento del dinero– terminaron detenidos por la Guardia Civil.

Los contratos fueron firmados por entidades vinculadas al ministerio que Ábalos ocupaba entonces, pero también por agencias de otros ministerios como el de Interior, y gobiernos regionales en manos de los socialistas. Entre los salpicados por el escándalo están también Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, y Francina Armengol, presidenta del Congreso. En la época de los contratos, Torres era presidente del gobierno de Canarias, y Armengol, del de Baleares. Ambas entidades compraron mascarillas vendidas por la red corrupta.

Cuando a los corredores del palacio de la Moncloa –sede del Ejecutivo– llegaron en 2021 los ecos de los sucios contratos de las mascarillas, Ábalos fue apartado del gabinete sin que mediase una explicación oficial. Pero urgido de recoger votos en la comunidad valenciana, el año pasado Sánchez rescató a su amigo para las listas socialistas, y de ese modo Ábalos mantuvo su escaño en el Congreso, lo que hoy le permite contar con un fuero especial para afrontar las indagaciones criminales.

Para el diario barcelonés La Vanguardia, no hay duda de los estrechos vínculos de Sánchez con Ábalos: “... Cuando el ahora presidente del Gobierno se echó a la carretera a seducir a la militancia del PSOE –narraba el periódico hace dos semanas– y paraba en Valencia, dormía en casa del dirigente valenciano”. Y concluye: “... sin Ábalos, Pedro Sánchez lo hubiera tenido mucho más difícil”.

El juez de instrucción del caso aseguró dentro del sumario que, siendo ministro, Ábalos actuó como “intermediario” para frenar una reclamación que el gobierno de Baleares, una vez comprobado que los tapabocas no cumplían con las normas, iba hacer contra la firma vendedora que pagó los sobornos a Koldo García y sus compinches.

A pesar de los pedidos de la dirección ejecutiva del PSOE para que, en febrero, renunciara a su curul de diputado, Ábalos se negó a hacerlo: “Quiero defender mi condición de diputado hasta las últimas consecuencias (...) Me gustaría haberlo hecho respaldado por mi partido, lo que hubiera satisfecho más a la militancia del PSOE, pero no ha sido así”, afirmó.

En lo que ha sido interpretado como un ataque a Sánchez en respuesta a la decisión del PSOE de suspenderlo del partido, Ábalos aseguró: “La dirección de mi partido rinde un tributo a la derecha (...). Tras haber contribuido a un Gobierno progresista, tras servir como ministro y ser secretario de Organización del PSOE, me hubiera gustado tener el beneficio de compañerismo y el sosiego”. Y remató: “Me quedo (como diputado) para obligar a los que me echan a mirarme a los ojos”.

Para el portal Voz Pópuli, “Ábalos ha optado por resistir. Y es un mal enemigo. No solo es exministro, sino que además ha sido secretario de Organización y mano derecha de Sánchez en los peores momentos políticos del actual presidente. Y es guardián de algunos de los secretos más inconfesables del Gobierno”.

Los críticos de Sánchez, tanto en los medios de comunicación como en el Partido Popular, han planteado que el presidente del Gobierno enfrenta un “doble chantaje”. Por un lado, el que sugieren las amargas declaraciones de Ábalos. Y por el otro, el de Puigdemont, cuyos 7 votos en el Congreso son claves para gobernar.

Al inicio de esta semana, delegados del presidente socialista y de Puigdemont avanzaban en la negociación del texto final de la amnistía, que podría cobijar incluso delitos de terrorismo, pues el 29 de febrero, el Tribunal Supremo español anunció que procesará al líder de Junts justamente por terrorismo, al vincularlo con los actos de violencia ocurridos durante las jornadas del llamado Tsunami Democratic en 2019.

Si el texto del proyecto de ley no satisface del todo a Puigdemont y a sus compañeros, Sánchez ya sabe lo que puede ocurrir: en enero, Junts votó en contra de un primer proyecto de amnistía y, de paso, impidió que el Gobierno sacara adelante en el Congreso varias normas económicas anticrisis, incluida la ley de presupuesto. “Lo hizo para que quede claro quién manda”, le dijo a EL TIEMPO un diplomático español que conoce bien a Puigdemont, quien ocupa una curul en el Parlamento Europeo.

A la tenaza que implica sobrevivir a las amenazas del exministro Ábalos y al chantaje de Junts, Sánchez debe sumar lo mal que él y su partido andan en las encuestas, como lo confirman dos grandes sondeos publicados el fin de semana por los diarios opositores El Mundo y ABC.

Según la encuesta GAD3, de ABC, si se dieran nuevas elecciones generales –algo que no hay que descartar en medio de la fragilidad del Gobierno–, el PP aumentaría su bancada de 137 diputados a 160 o incluso más, que, sumados a los votos de la derecha radical de Vox, le permitirían al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, contar con mayoría absoluta. Entre tanto, el PSOE perdería entre 5 y 10 de sus 121 diputados actuales, y ya no le alcanzaría siquiera con los votos de Junts y los demás partidos minoritarios.

El sondeo de Sigma Dos para El Mundo ofrece resultados muy similares, y coloca al PP con una intención de voto cercana al 38 por ciento, mientras el PSOE caería por debajo del 30 por ciento, con apenas 29,3 por ciento de la intención electoral.

La encuesta muestra cómo el PP viene creciendo de modo sostenido en las preferencias de los sufragantes, a un ritmo que le permite sumar un diputado cada tres días.

Por otro lado, el rechazo a la ley de amnistía es ampliamente mayoritario en la población española. Según la encuesta GAD3, un 64,8 por ciento opina que la norma no favorecerá la convivencia en Cataluña, y un 67 por ciento se declara en contra de que dicha ley cobije delitos de terrorismo. Más grave aún para Sánchez es lo que ocurre en su propio partido: 61 por ciento de los votantes socialistas rechazan una amnistía como la que está planteada en la negociación con Junts.

El presidente del Gobierno ha defendido este impopular pacto, alegando que la alianza de socialistas y partidos regionales garantiza que España avance por un camino “progresista”, una palabra que la izquierda usa lo mismo en España que en América Latina, incluida Colombia, sin que su alcance real sea muy claro. Pero, como señaló en su edición más reciente The Economist, la alianza con esos partidos nacionalistas tanto de Cataluña como del País Vasco y Galicia no apunta hacia ese progresismo.

Según el semanario británico, “Junts es un partido conservador cercano al empresariado catalán”. Prueba de ello es que le ha exigido a Sánchez que ceda el control migratorio en Cataluña a las autoridades regionales, pues muchos de los nacionalistas son tan enemigos de la inmigración que viene del norte de África como los partidos de la derecha radical de otros países de Europa. Una más de las contradicciones en las que suele moverse y a las que suele sobrevivir Pedro Sánchez.

MAURICIO VARGAS

ANALISTA

EL TIEMPO